Si las antiguas dictaduras de los años ´70 y comienzos de los ´80 solían hacer uso de los paramilitares para el trabajo de “guerra sucia”, los nuevos regímenes autoritarios del siglo XXI han puesto en circulación otro tipo de agentes de represión. Hablamos de los parajudiciales: funcionarios de la justicia y el ministerio público que, por alineamiento político, prebendas o bajo presiones, se convierten en perseguidores de los opositores obviando las normas elementales del debido proceso. Es así que más de un centenar de ciudadanos han tenido que abandonar Bolivia durante el actual periodo de gobierno, jaqueados por la judicialización de la política. Claro que, para facilitarles las cosas a los administradores de injusticia, el régimen se ha dotado de un aparato jurídico de leyes inconvencionales que se apartan de la doctrina universal y de los tratados internacionales signados por el país. Entre ellas la Ley Número 003 o “Ley corta” del Órgano Judicial y Ministerio Público, que habilita al Ejecutivo a nombrar jueces y fiscales de manera interina, violando el derecho a un juzgador imparcial; la Ley número 004 o Ley de Lucha contra la Corrupción, el Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, que suspende la presunción de inocencia; la Ley número 007 o Ley modificatoria del Código de Procedimiento Penal, que incorpora al ordenamiento jurídico figuras que violan convenciones protegidas por el sistema interamericano de justicia, al autorizar el juzgamiento retroactivo y el juzgamiento en rebeldía; y la famosa Ley número 045 o “Ley antirracismo”, que penaliza el derecho a la información y a la libre expresión. Como se ve, la agenda legislativa del 2010 estuvo centrada en la concreción de estos instrumentos persecutorios. Nada raro, entonces, que la economía nacional esté al borde del descalabro, con un régimen que olvidó la gestión para concentrarse en el mero copamiento del poder total.
Nuevo método para exiliar opositores
La práctica gubernamental de empujar opositores al exilio parece estar alcanzando un nuevo grado de refinamiento. Antes se trataba de impulsar el cerco judicial hasta que el perseguido se viera obligado a abandonar el país, lo que tenía la utilidad de mostrarlo como un fugitivo pero, al mismo tiempo, dejaba mal parado al gobierno como un vigilante ineficaz de aeropuertos y fronteras. Así que ahora se estaría comenzando a aplicar una nueva modalidad, consistente en esperar a que el disidente indeseable abandone Bolivia para atender cualquier asunto en el exterior, y entonces intensificar la presión judicial desincentivando su retorno. Esto es lo que habría sucedido en el caso del analista político y ex asesor del CONALDE Erick Fajardo, quien se encuentra en Estados Unidos gestionando, precisamente, varias demandas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), situación en la que se aceleró un proceso en su contra promovido por el oficialismo, con la amenaza de someterlo a medidas cautelares tras su retorno al país…