Alejandro Zapata, ex secretario general de la desaparecida Prefectura de La Paz y actual diputado opositor, fue imputado de la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica el 19 de julio de 2010, aunque el caso se conoció ayer.
Zapata fue ratificado con apoyo de los legisladores masistas como presidente de la comisión de Política Social. La legisladora opositora Norma Piérola anunció hace tres semanas que reclamará ése y otros curules por considerar que sus actuales titulares incurrieron en transfugio.
El Ministerio Público investiga el caso llamado Ambaná Fase II, que corresponde a obras no ejecutadas por un monto de 1,98 millones de bolivianos. Por esta causa, la Fiscalía ha imputado a siete personas.
El proyecto, aprobado por la gestión prefectural de José Luis Paredes, dio a lugar a que se haga ese desembolso para dotar de electricidad a 25 comunidades de Ambaná, municipio de Carabuco.
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Incluso se firmó un acta de recepción de obras sin que se hubiera efectuado trabajo alguno en esa región de la provincia Camacho.
Zapata debió ser sometido a una audiencia de medidas cautelares el 21 de diciembre del año pasado, pero el acto judicial fue suspendido porque uno de los coimputados adujo no haber sido notificado oportunamente, mientras que el legislador presentó un memorial en el que puso de manifiesto defectos procesales.
Después de ello se abrió el receso judicial por fin de año y al reanudarse las actividades, el proceso no volvió a activarse.
La Prensa intentó comunicarse ayer con el diputado Zapata, pero no tuvo éxito. No fue encontrado en el Palacio Legislativo ni contestó los llamados a sus teléfonos celulares.
La Prensa