¿Fin de Gadafi?

image

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Bolítica

  2. El Día: Republiqueta Quintana

  3. El Día: Mercados saludables

  4. El Día: Gaddafi, vivo o muerto

  5. El Día: La hora de la verdad

  6. El Día: ¿Autonomía Municipal sólo cuando conviene?

  7. Los Tiempos: RECUPERAR EL CAMINO DEL DIÁLOGO

  8. El Deber: Males de la Policía

  9. Cambio: Los otros muertos no valen

  10. La Prensa: ¿Fin de Gadafi?

  11. El Diario: La seguridad es básica para la Democracia

  12. El Mundo: Segregación

  13. Opinión:

  14. Clarín, Argentina: Vínculos políticos de barras bravas


El Día: Bolítica



Tengo respeto por la institución cívica que es el estandarte de la región, poniendo en relieve el concepto de unidad que su nuevo presidente cívico manifestó en su discurso central".

Eduardo Paz
presidente de cainco


Se dice que: Cainco y el Comité pro Santa Cruz se reunieron e identificaron aspectos comunes para trabajar en forma conjunta por el desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia.


El gran objetivo que tiene es modernizar al Comité y ello pasa por una revisión de sus estatutos para hacer de ella una entidad más dinámica y representativa".

Herland Vaca Díez
presidente del comité cívico de santa cruz

Ir al Indice

El Día: Republiqueta Quintana

Territorio y población ya tiene. Es el rey de la Amazonia boliviana; conquistó Pando a sangre y fuego; se apropió del Beni por medio de una dura persecución a los líderes opositores y también domina gran parte de la Chiquitania, donde controla las minas de oro. Tiene a las Fuerzas Armadas a sus pies. Sus cuates del Ejército, ex compañeros de armas cuando él era de los bravos uniformados que recibieron entrenamiento en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, ahora son militantes de las filas bolivarianas, ávidos por la platita que religiosamente les manda el comandante Hugo Chávez. Se dio el lujo de poner a un militar de Prefecto en Pando y a una ex Miss Bolivia de “súper-gobernadora” en el Beni. Sólo le faltaba una constitución y el Estado Plurinacional de Bolivia acaba de otorgársela a través de una ley supuestamente destinada a acabar con el contrabando y que le otorga facultades plenipotenciarias para controlar la Aduana, la Policía, los surtidores de YPFB y otras reparticiones. Juan Ramón Quintana, el hombre fuerte de las fronteras bolivianas, acaba de consolidar su propia republiqueta dentro de Bolivia.

Ir al Indice

El Día: Mercados saludables

Han transcurrido ocho años desde que se ha implementado en Santa Cruz el programa “Mercados Saludables y Productivos”  con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones higiénico sanitarias, en el abastecimiento, expendio y consumo de alimentos en los mercados del Municipio Andrés Ibáñez, a fin de preservar y mejorar la calidad de vida de la población cruceña. El compromiso de las autoridades ediles se ha visto reflejado en el estímulo brindado a los responsables de cada centro de expendio de alimentos y a los propios gremialistas que tienen en los mercados públicos su fuente de ingresos. La respuesta a este desafío de precautelar la salud pública ha sido variada.

Resulta sorprendente comprobar que la problemática de los mercados públicos de la capital, más allá de las condiciones de venta, higiene y manipulación de alimentos, encierra grandes problemas sociales generados por la pobreza. En este punto hay que convenir que la venta de alimentos se ha convertido en una actividad de supervivencia ante la falta de empleo formal, lo que en última instancia dificulta el ordenamiento de los mercados y exige la intervención concertada de autoridades, ciudadanía y expendedores de alimentos. Salta a la vista, entonces, que las soluciones deben surgir desde la coincidencia de todos los implicados en los puntos clave del problema integral.

En ese contexto, el programa “Mercados Saludables y Productivos” ha logrado resultados alentadores desde el 2003 que merecen el reconocimiento público. Se han desarrollado potencialidades y capacidades en los mercados que se han integrado plenamente al programa, elevando a ojos vista las condiciones de higiene y salubridad en general, para beneplácito de consumidores y beneficio colectivo. Sin embargo, conviene advertir que todavía falta mucho por hacer. Los esfuerzos de las autoridades no están siendo correspondidas por los sectores verdaderamente interesados, como son los propios vendedores, gremialistas y, también la misma ciudadanía, que debe exigir.

Recién nomás, en los mercados de La Cuchilla y el Plan Tres Mil se han recogido varias toneladas de basura y se han eliminado potenciales vectores de enfermedades como ratas, cucarachas y mosquitos, a través de una limpieza general que debería ser más frecuente y prolija. En los hechos, ya es hora que todos los mercados se integren plenamente al programa de mejoramiento. Las ventajas son evidentes: Desarrollo de buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, gestión gerencial de los mercados con visión integral, que trasciende en el correcto expendio de alimentos en condiciones mínimas requeridas, y una mejor atención y educación al público.

Sin duda que ello repercute en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud pública, razón demás para alentar mayores emprendimientos en este sentido. De esta manera sería posible lanzar mejores y más ambiciosas políticas para los mercados públicos. En esta tarea, sería bienvenido un apoyo concertado y de gran alcance de parte de los medios de comunicación, enfocándose en la problemática con un propósito educativo. En todo caso, conviene que autoridades y responsables de mercados persistan con mayor fuerza en el seguimiento del programa de mejoramiento de los mercados, que a todas luces se muestra como necesario y beneficioso para la ciudadanía.

Los mercados que se han integrado al programa, han elevando a ojos vista las condiciones de higiene y salubridad en general, para beneplácito de consumidores.

Ir al Indice

El Día: Gaddafi, vivo o muerto

Aún en medio del espanto que el mundo entero experimenta ante la catástrofe que sufre Japón, nos alivia saber que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó con dificultades la intervención en Libia si Muammar Gaddafi persiste en su demencial represión contra su propio pueblo. Por fin, de los 15 miembros de ese consejo, diez votaron a favor y los cinco restantes, se abstuvieron. China, Rusia, India, Brasil y – ¿prudentemente? – Alemania. Los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia ya habían anunciado su disposición de intervenir militarmente en cuestión de horas. Gaddafi ordenó un alto el fuego, pero siguió hostigando a los rebeldes. No obstante, el presidente Obama dejó bien claro que las fuerzas occidentales no dudarían en recurrir a su intervención militar. Aunque se dijo que ninguna de esas potencias tenía la intención de ocupar militarmente el territorio libio, salvo para cumplir fines humanitarios. Lo que sí queda por concretar es el apoyo del mundo islámico, aunque sea sólo una parte.
 
Recapitulando: primero -aún cuando un poco tarde- se pusieron en marcha los recursos de la disuasión. Pero sin oportunidad de réplica ni de negociación alguna por parte de Gaddafi. O dicho de otro modo: el déspota libio debe saber que en los tiempos actuales ya no son las “cañoneras” de las potencias, desplegadas en orden de combate, frente a las costas de los pequeños países dominados por algún dictadorzuelo ensoberbecido, como se hacía antaño. Ahora son los poderosos aviones de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y sus eventuales aliados, dispuestos a bombardear las posiciones militares de Muammar Gaddafi si se hace la burla de la resolución de la ONU.
 
Pero como Gaddafi no es fiable, Obama le recordó que “ha perdido toda la confianza de su propio pueblo y cualquier legitimidad para actuar como líder”. Aún más claro, debe abandonar la jefatura y todos los poderes del Estado. Y si no lo asesina algún exaltado, vengando a los torturados y asesinados, tendrá que huir y encontrar algún país que lo acoja. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de quienes siguen el caso de Libia -y voy a escribir algo heterodoxo-  no derramaría una sola lágrima por la muerte del torturador y asesino de su propio pueblo. Sin embargo, todavía nos queda el veto moral a la pena de muerte. Por esto la civilización occidental estableció los tribunales de justicia. Pues que lo juzgue el Tribunal Penal Internacional de La Haya, tal como lo establece la doctrina internacional que, en este caso debe acusarlo por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los tenebrosos 41 años de sanguinario despotismo.
 
Dándole vueltas a la debilidad de Naciones Unidas, específicamente en el caso de Libia, me tentó la idea que el filósofo alemán Oswald Spengler estampó en su cuestionado libro titulado “La decadencia de Occidente”. La decisión de la ONU y de los países que la apoyan, que no han escatimado esfuerzos para disuadir a Gaddafi de su insania fratricida, me da alguna esperanza de que Occidente no ha caído en una irreversible decadencia. Aunque sí está pasando por una grave crisis como siempre ha ocurrido en la historia. Y añado que, en estas circunstancias, el cristianismo aún tiene mucho que anunciar, especialmente en lo que se refiere a la preeminencia de la dignidad humana.

Ir al Indice

El Día: La hora de la verdad

La decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de detener con "todos los medios necesarios", excepto la invasión, los desmanes del coronel Gaddafi es la única coherente tras más de un mes de atrocidades del tirano contra su propio pueblo. La medida, aprobada por 10 votos a favor y 5 abstenciones, entre ellas las dos cruciales de Rusia y China, permite por fin a la comunidad internacional intervenir abiertamente en el país norteafricano para proteger a sus civiles del exterminio, cumpliendo las previsiones del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, tan olvidadas en Bosnia, Ruanda o Darfur. Una responsabilidad que parecía descartada por la parálisis de las potencias ante la saña del régimen de Trípoli contra los insurrectos en nombre de la libertad.

El conflicto libio entra ahora en territorio desconocido. Los primeros ataques contra las fuerzas de Gaddafi se han desencadenado. Y, dada la amplitud de los poderes concedidos por la ONU, exceder el cierre del espacio aéreo (una acción que implica la destrucción de radares y emplazamientos de cohetes) y ampliarse a otros objetivos militares. Que Gaddafi en las últimas horas haya anunciado simultáneamente un infierno en el Mediterráneo si es atacado y a la vez un alto el fuego no verificado para cumplir con una de las exigencias de la ONU, muestra la desazón con que el lunático tirano ha acogido la tardía pero robusta reacción internacional. Horas antes de la resolución 1973, masacraba impune a sus oponentes y anunciaba el final victorioso de las hostilidades y la toma de Bengasi para la noche del domingo.

Hay más incógnitas que certezas sobre la naturaleza y alcance de la intervención aliada. ¿Se trata de congelar las posiciones de las desiguales fuerzas en liza o de sentar las condiciones para la derrota del dictador? ¿Serán Francia y Reino Unido quienes dirijan el ataque inicial, vistas las dificultades para que lo haga la OTAN? ¿Cuánto tiempo será preciso para planearlo y acumular las fuerzas mínimas necesarias? Decisiones que implicarán a la vecina España, como hizo notar Rodríguez Zapatero (que se reunió en París con Sarkozy, Clinton y dirigentes europeos y africanos), al autorizar el uso estadounidense de Rota y Morón. Cuestión clave es el papel que vaya a desempeñar Estados Unidos, única potencia con poder logístico y decisorio suficiente. El escaldado Barack Obama, sumado a la acción en el último minuto, intenta mantener a su país en el asiento trasero de los acontecimientos. De seguir las inclinaciones de su ministro de Defensa Gates, Washington se limitaría a ser poco más que espectador de lo que ocurre en la ensangrentada Libia.

El ataque aliado supondría para las fuerzas gubernamentales su primer enfrentamiento con un hostigamiento armado serio. Aquí también todo está por verse. Si Gaddafi, pese a sus promesas de luchar hasta la muerte, se aviene a negociar; o si acaba buscando asilo entre alguno de sus amigos africanos o latinoamericanos, pese a estar en el punto de mira del Tribunal Penal Internacional.

La vía libre de la ONU inicia una nueva y crítica fase en la crisis libia. Al margen de su desenlace, hay que celebrar que los poderes terrenales hayan decidido al fin utilizar la consistente doctrina que la ley internacional ponía a su disposición para actuar contra un forajido que ha sojuzgado a su país durante décadas con la complacencia de quienes finalmente han considerado -en muy buena medida gracias al clamor de una atónita opinión pública global- que era suficiente. Que las consecuencias de permitir a Gaddafi alzarse victorioso sobre su propio pueblo serían devastadoras no sólo para Libia y el conjunto de países árabes que hoy acarician la dignidad, sino para el entero y precario orden internacional.

Ir al Indice

El Día: ¿Autonomía Municipal sólo cuando conviene?

Después de varios días de una reducción progresiva del servicio de transporte público, el pueblo cruceño tuvo que sufrir por 9 días las consecuencias de un paro total del transporte público, por la negativa del Gobierno Municipal de asumir la responsabilidad de fijar las tarifas del transporte, argumentando los concejales que no podían hacerlo, pues no tenían la competencia para ello. Resultado de ello, fue que los dueños de los micros establecieron unilateralmente una tarifa engañosa de Bs 1,80, que en la práctica es de Bs 2,00, con la excusa de los choferes que no tienen monedas de veinte centavos.

En un último Decreto Supremo, el Gobierno Central otorga al Gobierno Municipal la competencia para fijar las tarifas del transporte público urbano y a las Gobernaciones las tarifas interprovinciales, pero resulta que los concejales, encuentran ahora una nueva excusa, señalando que el referido decreto no establece los “parámetros técnicos”, para fijar las tarifas.

Lo lógico sería que el Gobierno Municipal ya hubiese formulado los citados parámetros para si fuese necesario presentarlos al Gobierno para su homologación sin tener que esperar que el nivel central se los elabore o nos preguntamos si es que no existen profesionales competentes en nuestro Gobierno Municipal, que sean capaces de formularlos?. Al respecto el Gobierno Municipal ha tenido muchísimo tiempo para ello, desde el último paro del transporte por el mismo motivo. Si en la ley de descentralización se les hubiese otorgado la competencia que reclaman, en base a cuales criterios pensaban los concejales y técnicos municipales discutir la fijación de las tarifas con el sector del transporte público?

No queremos pensar que la otra explicación para la posición de los concejales municipales, sea que no quieren asumir la responsabilidad de fijar las tarifas del servicio de transporte por un cálculo político orientado a no perder los votos del sector del transporte y busquen descargar responsabilidades en el Gobierno Central. Ello sería definitivamente un atentado a la autonomía por la que el pueblo cruceño viene luchando en forma incansable.

Una exhortación al Gobierno Municipal, es que asuma su responsabilidad con su pueblo y deje de encontrar excusas para cumplir con sus obligaciones. Si el Gobierno central no les envío los parámetros, pues autónomamente elabórenlos.

No ha existido por el momento ningún pronunciamiento de la Gobernación, sobre su competencia para establecer las tarifas del servicio del transporte interprovincial y confiamos que no asumirá la misma posición que el Gobierno Municipal.

Ir al Indice

Los Tiempos: RECUPERAR EL CAMINO DEL DIÁLOGO

Si bien las autoridades no pueden dar curso a todas las demandas, lo menos que se les debe exigir es que no pierdan la capacidad de reflexión, diálogo y persuasión, en aras del
bien común.

Uno de los síntomas que muestra que se ha presentado un cambio en la relación entre el Gobierno y los movimientos sociales que conviven en el país desde fines de diciembre pasado -cuando el Gobierno incrementó el precio de los carburantes para luego anular esa medida- es que dichos movimientos se han volcado a las calles para protestar y demandar reivindicaciones y derechos.

Así, las movilizaciones -que afectan en forma directa a la ciudadanía y que se organizan cualquiera sea el motivo- no han cesado desde entonces. Marchas, huelgas, bloqueos dan cuenta de una sociedad desorientada que pareciera haber despertado de un largo sueño.

De acuerdo a una decisión de la Central Obrera Boliviana (COB) -que hasta enero era uno de los principales aliados del Gobierno-, hoy y mañana se realizará una huelga general en el país en contra del incremento del 10 por ciento determinado por el Órgano Ejecutivo. A esta medida se adhieren los dos principales gremios que desde los cambios producidos en la década de los 90 se convirtieron en la columna vertebral de esa organización: los maestros y los trabajadores de salud. No están ausentes los fabriles y es probable que los informales también participen en las movilizaciones ya sea porque reclaman algunas reivindicaciones o porque temen que si no lo hacen, en las movilizaciones pueden ser agredidos.

Por su parte, los estudiantes universitarios, junto a sus docentes y autoridades, tratarán de copar la plaza Murillo de La Paz exigiendo que el Ministerio de Economía abandone de una buena vez su posición centralista y comprenda que el país ha ingresado -aparentemente en forma irreversible- en un proceso autonómico. A ellos se suman los trabajadores y ejecutivos de los distintos seguros del país, que ven con preocupación los avances hechos en dirección a la implantación del seguro universal y gratuito, momento en el que el discurso solidario pasa a un segundo plano, por la desventaja que tiene la ciudadanía desde que los seguros fueran copados por burócratas, que coludidos con representantes laborales y empresariales se enriquecieron a costa de conducir al fracaso a esas entidades.

A lo señalado, que bien se hubiera podido escribir todos los años de la época democrática, se debe agregar que una buena mayoría de quienes a partir de hoy se movilizarán en contra de las políticas gubernamentales ha sido parte fundamental del sustento político y social del presidente Morales: acudieron disciplinadamente a toda convocatoria electoral para favorecerlo y fueron actores importantes para contrarrestar cualquier movilización opuesta al régimen. Hoy, decepcionados, es posible que mantengan su afecto por el primer mandatario, pero claramente han perdido la fe en un presunto destino diferente.

Abona esa percepción la actitud de soberbia de las autoridades en el trato a los diferentes sectores. Imbuidas de la autopercepción de sentirse sus legítimos representantes, perecería que han olvidado completamente los tiempos en los que eran ellas las que lideraban las movilizaciones sociales. Y si bien no se trata de que irresponsablemente den curso a todas las demandas que se les haga, lo menos que se les debe exigir es que no pierdan la capacidad de reflexión, diálogo y persuasión que antes demandaban, en aras del bien común.

Ir al Indice

El Deber: Males de la Policía

Reducir los análisis sobre la crisis de la Policía a los temas del narcotráfico es una simplificación, aunque el tráfico de drogas sea una de las mayores amenazas de la sociedad boliviana.

El hecho de que un general y un coronel de la Policía, con cargos muy altos y muy importantes en la jerarquía de inteligencia de la Policía hayan caído en delitos relacionados con la droga, no tendría que justificar esa simplificación.

En el debate nacional que se dio a raíz de la captura del general René Sanabria en Panamá, los policías honestos –que los hay- e incluso sus esposas e hijos, propusieron que el tema sea sometido a un análisis más amplio y profundo.

Se mencionó en ese cruce de opiniones el hecho de que los muy bajos salarios de los policías en el país es quizá no un pretexto, pero sí una incitación a actitudes inmorales.

La corrupción, en efecto, es tan grave cuando se trata de un general que ha sido capturado con 60 kilos de cocaína o de un policía raso que es sorprendido recibiendo un soborno de cinco pesos.

Funcionarios del Gobierno sostienen que los montos destinados a la seguridad superan el 50% del presupuesto de la nación, porque el país reclama seguridad.

Eso es cierto. Pero quizá sea necesario hacer una revisión de los criterios de distribución que se aplican respecto de estos recursos.

Que la educación y la salud reciban menos del 3% del presupuesto podría entenderse, aunque no justificarse, si los recursos que se destinan a la seguridad dieran un resultado más alentador que el actual.

La buena asignación de los recursos económicos no ha sido jamás el fuerte de los gobiernos bolivianos. Pero alguien tiene que comenzar a corregir esta situación que, observada desde la crisis de la Policía, está gritando porque se la resuelva.

La urgencia de soluciones se acrecienta cuando se toma en cuenta que los desafíos a la seguridad pública crecen al mismo ritmo que las actividades ilegales en la sociedad.

La falta de oportunidades de trabajo para los jóvenes, provocada por la ausencia de inversiones, que a su vez es producto de la inexistencia de seguridades jurídicas, es una realidad que está acabando con la tranquilidad de los bolivianos.

Aquí es preciso aludir a las drogas, pues el consumo de ellas en la sociedad se ha disparado, consecuencia del incremento de la industria de los narcóticos.

Por lo tanto, se está ante una sociedad que enfrenta cada vez más riesgos pero que tiene, para defenderse, exiguos recursos mal administrados por quienes tienen a su cargo esa responsabilidad.

Hay que añadir a todo ello los errores que pueden cometer las autoridades en la designación de las jerarquías policiales, como el hecho de que un general haya sido reemplazado por un coronel, coronel que, a su vez, tiene como segundo a un general.

Habrá que esperar que las autoridades nacionales miren el tema de la Policía con más responsabilidad, corrigiendo todos los errores que cometen, porque tienen que entender que la entidad que cuida la seguridad de los bolivianos, tiene que merecer ese honor.

Ir al Indice

Cambio: Los otros muertos no valen

No es nueva la falta de moral de la que hace gala el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el curso de la historia se han dado ejemplos de este extremo hasta la saciedad y avergüenzan a la humanidad, ni duda cabe. Controlado y chantajeado por las potencias mundiales, principalmente por el imperialismo norteamericano, este Consejo ha avalado acciones armadas sobre la base de informes falsos, presunciones o versiones ajustadas a los intereses de los amos de la guerra. La imposición de medidas de fuerza (bombardeos), en el caso de Libia, se dio de la manera más cínica y repugnante, ya que el Consejo de Seguridad no leyó ni siquiera el informe que sobre la situación libia se había elaborado y que al final fue echado al basurero ante la premura de desatar la guerra.

En Libia todo indicaba que Gadafi iba recuperando el control del territorio de su país amenazado por grupos separatistas que ya mostraban su propia bandera y su propio gobierno, rompiendo de manera abierta la unidad del territorio libio. Más allá de las críticas o cuestionamientos que pudieran existir contra el régimen de Trípoli, la fragmentación del país sencillamente era inadmisible. El líder libio estaba obligado, como cualquier otro mandatario, a defender la unidad de su territorio.

Está claro que la estrategia de los Estados Unidos y las fuerzas imperialistas en el mundo orientada a socavar la unidad de las naciones no es nueva. Los intereses geoestratégicos han llevado al imperialismo a desatar guerras fratricidas que le abrieron las compuertas para la dominación global. La experiencia de la ex Yugoslavia, con un saldo dramático en vidas humanas, es apenas una muestra de lo que puede desatar el imperio y sus fuerzas mercenarias repartidas por todo el orbe. Las matanzas étnicas en África, alentadas por los comerciantes de armas de las potencias y naturalmente Estados Unidos, es parte del frondoso expediente de sangre que salpica penosamente a las propias Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Los misiles se dispararon sobre Libia sin demora. En medio de la fiebre árabe por la liberación y la democracia, el Consejo de Seguridad de la ONU no abrió la boca frente a la acción violenta del régimen de Bahréin contra la población civil que al final fue acallada con tropas invasoras de Arabia Saudita. Dramáticos testimonios sobre lo ocurrido allí sencillamente ni fueron considerados por los gendarmes del planeta, que hoy se han lanzado con toda su tecnología de guerra sobre el pueblo libio.

Sobre los otros muertos que no importan al Consejo de Seguridad, el presidente venezolano, Hugo Chávez, como otros líderes mundiales, ha expresado: "Es lamentable que la ONU se preste para avalar la guerra (…) Pero la mano del imperio se impone. Ellos quieren adueñarse del petróleo de Libia. ¿Cuándo les importó la vida de los pueblos si siguen bombardeando Irak, Afganistán o la Franja de Gaza?… ¿Quién les dio a esos países, a Estados Unidos, a Francia, el derecho de tirarle bombas a otro? Exigimos que cese la agresión contra Libia (…) Si queremos ayudar a un país en un conflicto interno, no es tirándole bombas", dijo Chávez. Miles de muertos están sembrados por los territorios ocupados de Irak, Afganistán y Gaza, entre otros cementerios del mundo, con el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una vergüenza ajena que lastima la dignidad de los seres humanos.

Cuando el mundo intentaba salir de su estupor por el drama gigantesco que todavía golpea al Japón tras el terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo, se desata una descomunal agresión militar cuyas consecuencias humanas importan muy poco a los gobiernos involucrados en esta nueva aventura, respaldados en una resolución impuesta y sin consenso.

Más allá de las críticas o cuestionamientos que pudieran existir contra el régimen de Trípoli, la fragmentación  del país sencillamente era inadmisible. Gadafi está obligado a defender la unidad territorial de Libia.

Ir al Indice

La Prensa: ¿Fin de Gadafi?

La afectación a los derechos humanos en Libia legitima el actuar de las fuerzas aliadas, es lamentable que la Resolución haya tardado.

El dictador libio Muamar al Gadafi no sólo ha tocado a su pueblo, ha tocado al mundo. La Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al margen de contar con la abstinencia de países importantes como Rusia, China, Alemania y Brasil, cuenta con la aprobación de diez países miembros, representando la voluntad de la comunidad internacional de poner fin a la matanza de civiles inocentes. La afectación a los derechos humanos en Libia legitima el actuar de las fuerzas aliadas, es lamentable que la Resolución haya tardado, es reprochable que el Consejo de Seguridad actúe como consecuencia del ataque en contra de la población.

Las declaraciones de Gadafi respecto de una guerra prolongada con paciencia ilimitada y fe profunda afirman la irracionalidad de su régimen. Acudir al sentimiento antiimperialista y a los extremos de una guerra religiosa en contra de los aliados, principalmente Estados Unidos, representa una amenaza muy grande. Se ha escuchado en las calles de Libia que los aliados son enemigos del islam y que es necesario hacer un solo frente para derrocarlos. ¿Cómo reaccionarán los países islámicos ante este acontecimiento? Esto todavía es un tema que se desenlazará en los próximos días; sin embargo, todo indica que el apoyo a Gadafi es escaso, por no decir ninguno.

La intervención militar tiene un solo fin: derrocar la dictadura y devolver a favor del pueblo un régimen democrático que garantice los derechos humanos. La operación Odisea del Amanecer es el movimiento militar más grande después de la intervención de Irak en 2003. ¿Esto representará el fin de Gadafi? Definitivamente. Si los Estados Unidos tuvo la capacidad de derrocar a Saddam Hussein en un Irak con menos oposición a su dictadura, no existe duda de que Gadafi seguirá la misma suerte.

Lo atroz de todo esto es que durante el tiempo que demore la extinción del régimen, producto de misiles Tomahawk, disparos de ametralladoras rebeldes, campos minados, coches bombas y otros, centenares de personas inocentes morirán.

¿Cuán grandes pueden ser el ego y el egoísmo de una persona, al límite de que por defender lo indefendible la vida de sus compatriotas carezca de valor?

Ir al Indice

El Diario: La seguridad es básica para la Democracia

Desde el 10 de octubre de 1982 vivimos en continua democracia; es decir, con vigencia de la Constitución Política del Estado y las leyes, sistema que nos libró finalmente de gobiernos totalitarios o dictatoriales que han abundado en nuestra historia; pero hay que reconocer que la vigencia institucional no siempre es perfecta y garantizada en el diario vivir, por diversas causas que, si bien estarían encausadas en la legalidad, su aplicación en los hechos implica, muchas veces, abusos o arbitrariedades que depauperan el sistema.

Democracia es vivir en libertad de pensamiento y expresión que ha tenido serios tropiezos con el Gobierno en los últimos años, porque se pretende imponer controles y condiciones a los medios de comunicación y a los periodistas, con medidas que significarían, de hecho, violentar la libertad de expresión. Por otro lado, el libertinaje ejercido por muchas organizaciones sociales, aunque en respaldo de pedidos legítimos, ha dado lugar a abusos de los cuadros policiales y aplicación de medidas por parte del Gobierno que no condicen con la vigencia de libertades que nos preciamos de tener.

Un hecho que preocupa seriamente a la población es la carencia de seguridad jurídica para las inversiones y para el libre trabajo y desempeño de la actividad privada, hechos que restan posibilidades de crear riqueza y generar empleo. Este aspecto debería cuidar el Gobierno y no lo hizo hasta el extremo de no reconocer que vivimos una economía capitalista y que estarían demás los coqueteos con posibles políticas socialistas extremas que, es bien sabido, han fracasado en el mundo.

Un otro aspecto importante para la vida nacional es el referido a la seguridad ciudadana; es decir a que no es posible contar con libertades y ejercerlas plenamente si la seguridad de la población está en permanente peligro, sujeta a la voluntad de delincuentes y “mafias” que no trepidan en cometer crímenes con tal de imponer sus reglas para apoderarse de lo ajeno o, en casos, atentar contra la vida y seguridad de personas que transitan por nuestras ciudades. Esta inseguridad se acentúa por la ninguna o poca confianza que inspira la Policía que, en todo caso, debería significar garantía plena para la comunidad.

Son muchas las causas por las cuales debemos lamentar que la seguridad, necesaria para la vigencia plena de la democracia, no rige en los hechos, en la aplicación plena de las garantías constitucionales y la vigencia de los derechos humanos. Este problema se agudiza por el hecho de que el propio Gobierno, así sea por dar énfasis y agilidad a sus disposiciones, invade territorios que corresponden a los poderes Judicial y Legislativo, que en todo caso deberían mantener su independencia para que sean efectivos los derechos democráticos.

Finalmente, hay dos aspectos que implican pérdida de confianza por parte de la comunidad: el narcotráfico y la corrupción. Son dos cuestiones contrarias a un buen gobierno y a los derechos de la población. El Gobierno deberá adoptar medidas que permitan superar estas situaciones si realmente quiere mantener viva la llama de la democracia que, en todo sentido, merece contar con el respeto y la seguridad por parte de las autoridades que deben combatir contundentemente a ambos males.

Ir al Indice

El Mundo: Segregación

El 21 marzo de l960 la policía de Sudáfrica abrió fuego contra una manifestación pacífica contra el apartheid en la localidad Sharpeville, matando a 60 personas. Seis años después, recodando ese hecho, la Asamblea de Organización de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo como el Día Contra la Discriminación Racial, instando a todas las naciones a doblegar sus esfuerzos para lucha contra toda clase de discriminación racial.

El problema como se ve no es nuevo y en todas las oportunidades en que se lo ha tocado, se lo ha hecho en forma de condena por tratarse de un acto de intolerancia que no debería tener cabida en la sociedad.

Dentro de la vida contemporánea podemos citar como casos extremos de la lucha por la defensa de los intereses de las minorías la resistencia pacífica que dio lugar a la independencia de la India, en la década de los cuarenta del siglo pasado, encabezada por Mahatma Gandhi y luego la lucha de pueblo de Sudáfrica que tuvo durante varios años en la cárcel a su líder Nelson Mandela y que finalmente lo eligió como presidente de la republica, en un acto de reivindicación ejemplar.

En la India se trataba de un caso de independencia ya que en ese momento el país era colonia del imperio británico y en ese sentido, los destinos de la nación del Asia eran controlados por los intereses de la corona inglesa.

En cuanto a Sudáfrica se refiere, el país había logrado su independencia; sin embargo, era gobernado por una minoría de origen inglés que discriminaba a los negros originarios.

Más que por el esfuerzo para que su raza sea reconocida en forma particular, la lucha por los derechos de los negros pasó por el camino de la educación que permitió ampliar los conocimientos de la población, lo que le dio la posibilidad de luchar por la defensa de sus derechos.

Para los bolivianos el tema tiene una connotación especial ya que el Gobierno en la actualidad se encuentra empeñado en reglamentar una Ley Contra el Racismo y la Discriminación y que como enunciado, estaría destinada a la defensa de los derechos de las minoría originarias.

Si tomamos como ejemplo lo acontecido en otras naciones, podríamos asegurar que se trata de un problema de educación, ya que también en nuestro país son varios los ejemplos de personas de ascendencia indígena que desempeñaron roles de importancia dentro de la vida nacional; se podría comenzar por el caso del Mariscal Andrés de Santa Cruz en cuyo gobierno se hicieron especiales esfuerzos por logar la consolidación de la Confederación Perú Boliviana; otro líder de origen aymara que ganó la presidencia de la república en elecciones fue el intelectual Franz Tamayo; sin embargo, el movimiento revolucionario que alejó del poder al presidente Daniel Salamanca, durante la Guerra del Chaco, impidió que el presidente electo hubiera asumido funciones.

Otro líder orgulloso de su origen y cuyo gobierno se caracterizó por reencauzar la democracia, luego de haber asumido el mando por un golpe de estado, fue el del Gral. René Barrientos Ortuño.

Los ejemplo son más que elocuentes para demostrar que la eliminación de la discriminación pasa por la toma de conciencia de que las personas son iguales y la posibilidad que tienen todos de hacer prevalecer sus derechos en base a la construcción del conocimiento, dentro de un procesos serio; asegurar que el analfabetismo ha sido eliminado porque las personas son capaces de conocer la historia del Che Guevara y saben escribir su nombre, no deja de ser una maniobra política estéril.

Atribuir los casos de discriminación a los medíos de comunicación o a los periodistas, como expresa la ley en proceso de reglamentación, no representa otra cosa que una excusa que carece de fundamento y que merece ser revisada.

Ir al Indice

Opinión:

Ir al Indice

Clarín, Argentina: Vínculos políticos de barras bravas

En reiteradas oportunidades se puso de manifiesto la relación entre barras bravas y sectores de la política, en lo que constituye una vinculación de mutuo beneficio: la política utiliza la capacidad de choque de las barras y, a cambio, les proporciona impunidad para sus actividades en los clubes y en delitos conexos, lo cual da lugar a un escenario de creciente violencia.

Un episodio reciente de esta situación tuvo lugar en un boliche del centro de la Ciudad, en el cual coincidieron Richard Fernández y Rafael di Zeo, dos personas con antecedentes violentos y vinculadas a la barra brava de Boca, en la que habían disputado el liderazgo. Fernández resultó herido y Di Zeo sigue en libertad. Este último está relacionado con un sector del kirchnerismo en el que participan conocidos empresarios estrechamente vinculados al Gobierno.

El kirchnerismo tiene conocidos antecedentes en este tipo de vínculos, ya que promovió la creación de una agrupación de barras bravas que actuó en reiteradas oportunidades en manifestaciones de apoyo al oficialismo en canchas de fútbol.

La vinculación de las barras al poder político, junto con la que mantienen con sectores de la dirigencia del fútbol, proporciona una impunidad que desalienta cualquier perspectiva de control de los grupos violentos y de sus actividades delictivas. Y, además de significar un peligro para los hinchas y para la ciudadanía en general, contribuye al desprestigio de la política y de las instituciones deportivas.

Las relaciones de las barras bravas con el poder político proporcionan impunidad para el delito y constituyen un peligro para los hinchas y la ciudadanía en general.

Ir al Indice