COB entregó al Gobierno acuerdo de ocho puntos firmado por dirigentes y comienza aplicación

La Central Obrera Boliviana (COB) entregó el miércoles por la tarde el convenio de ocho puntos acordado con el Gobierno el pasado domingo, que responde al pliego petitorio de la entidad matriz de los trabajadores y que puso fin a la huelga general indefinida movilizada, informaron fuentes oficiales.

imageEl pasado lunes 18 de abril, dirigentes de diferentes sectores firmaban el documento de 8 puntos acordado por la COB con el gobierno. Foto Abi

El documento fue entregado por los principales dirigentes de la COB, encabezados por Pedro Montes, en oficinas del Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales aproximadamente a las 15h10, confirmaron fuentes de ese despacho.



    Ese acuerdo, que fue consensuado en agotadoras reuniones el pasado fin de semana, fue evaluado en un ampliado nacional de dirigentes el pasado lunes que decidió aceptar todos los puntos y autorizó a los dirigentes del Comité Ejecutivo a firmar el convenio.

    "Lo que corresponde ahora es comenzar a operativizar el cumplimiento de los acuerdos que hemos establecido en el convenio, es lo que corresponde", afirmaron esas fuentes.

     Los dirigentes sindicales coincidieron que se tiene que "trabajar en el cumplimiento de los ocho puntos del acuerdo" y pusieron a disposición a los dirigentes para conformar las respectivas comisiones.

    En el documento acordado por la COB y el Gobierno se estableció un incremento salarial del 11%, con la posibilidad de subir a 12% para maestros y salubristas, después de identificar una fuente de financiamiento que no ocasione déficit fiscal.

    Además de la aprobación de una norma para finiquitar el Decreto 21060, aprobado en 1985 por el Gobierno de Víctor Paz Estensoro, que cambió la constitución social por una liberal.

    También se acordó la reactivación productiva, la reestructuración de la Caja Nacional de Salud, la vigencia plena del fuero sindical, el respeto del acuerdo firmado en Panduro en abril de 2010, gestiones para garantizar la seguridad alimentaria y la adecuación de las leyes 2027 y 2028, del funcionario público y de municipalidades, a la nueva Constitución Política del estado.

Fuente: ABI