Arturo López Levy*
Hay personas en Cuba y el exilio que hastiados por el castrismo quisieran que no hubiese ninguna reforma en Cuba, para que el deterioro de la situación galvanice el descontento y una rebelión ocurra. Hay otros en Cuba que, disfrutando de los privilegios del sistema comunista, quisieran que no hubiese reforma alguna, para seguir disfrutando del estatus concedido por familia, lealtad ideológica o simplemente oportunismo. Hay otros muchos que quisiéramos que Cuba iniciara reformas ordenadas que terminen con gradualidad en un sistema político y económico coherente con todos los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, culturales y sociales, recogidos en la Declaración Universal.
El informe central al VI Congreso del Partido Comunista, presentado por Raúl Castro, apunta a una Cuba en la que ninguno de los tres grupos posiblemente quedará satisfecho. La proposición de reformas se inserta en un diseño de cambio económico dentro de una continuidad política unipartidista. Tal formulación implica que puede haber avances de legitimidad, libertades y bienestar en algunas áreas mientras no se avanza, o incluso se producen reforzamientos autoritarios en otras. Es una Cuba que puede llegar a combinar la posible prosperidad y el consumo alegre de un crecimiento económico orientado al mercado, con la permanencia de los repudiables actos de repudio.
Los dilemas de la reforma económica
El informe refleja un conjunto de propuestas generalmente asociadas a proposiciones heterodoxas dentro los partidarios del gobierno. Posiciones a favor de límites de mandato, la descentralización, la revalorización del mercado como herramienta de desarrollo, la separación de funciones partidistas y estatales, el aumento de la representación de mujeres, negros, mestizos y jóvenes en la dirección del gobierno y a favor de balances y contrapesos entre las ramas de gobierno y el PCC, han estado presentes en los debates internos cubanos desde la década de los 80.
En la práctica, la transición a un modelo de economía mixta, con descentralización del estado y un importante sector no estatal, considerados en el pasado como antitéticos a la ideología oficial, ha comenzado. El presidente Raúl Castro ha tomado (robado dirían algunos) agendas promovidas en el pasado por grupos reformistas o incluso opositores y ha planteado implementarlos desde la dirección del PCC. El reto está en que pueda hacer esas reformas con una burocracia educada en la hostilidad a esos conceptos.
Hacer una reforma económica hacia el mercado y la reducción de la función distributiva del estado, es una decisión tomada. Las preguntas que se hace el PCC se refieren a su rapidez, modo, secuencia, alcance y gradualidad. Las respuestas del informe a ese respecto son todavía mínimas. Se insinúa un enfoque gradualista a partir de descartar terapias de choque al estilo de los paquetes del FMI y la eliminación repentina de la libreta de racionamiento. Pero no hay todavía una visión integrada o modelo de economía alternativa al actual, ni una discusión de los riesgos políticos que el PCC va a correr para implementarla.
Si como plantea el informe, los contratos serán la “herramienta reguladora de las interrelaciones entre los actores económicos”, el gobierno tiene significativo atraso en el diseño de los mismos. No hay leyes viables de bancarrota, ni mecanismos legales creíbles de solución de conflictos entre prestamistas y prestatarios, ni leyes apropiadas de protección del consumidor o la competencia económica.
¿Se compromete el PCC a un modelo económico en el que empresas estatales, cooperativas o privadas pueden quebrar? ¿Cómo va a actuar el gobierno cuando un prestatario no pague un crédito? ¿Cuáles son las regulaciones para reestructurar deudas en el menor tiempo posible o disponer de valores embargados? ¿Qué bienes serán usados como colaterales para brindar créditos?
Como solución a esos problemas el informe propone al congreso la creación de una Comisión Permanente del Gobierno para la Implementación y Desarrollo de la Reforma. La Comisión incluye un subgrupo jurídico que deberá proponer cambios a las leyes, anunciando incluso cambios constitucionales. La Comisión parece ser la instancia con el poder estratégico para reformar las reformas, algo que ha ocurrido hasta ahora de manera ad hoc con respuestas puntuales a demandas generadas por los cambios, como la creación de un mercado de créditos para los productores privados y la ampliación de las tierras otorgadas bajo el decreto 259.
En primera instancia, la credibilidad de esa Comisión dependerá de quiénes son sus integrantes y qué rango ocupan, particularmente su presidente, en la estructura partidista y del gobierno. Se deduce entonces que Marino Murillo será uno de los promovidos al Buro Político. Su ascenso sin embargo no es necesariamente una bendición personal pues el cargo asignado requerirá muchos choques con la burocracia y los poderes establecidos. Tendrá muchos enemigos pero alguien tiene que jugar el papel estrecho y focalizado de promover y coordinar los cambios.
Ajustes políticos asociados a la reforma económica
Un tercio del discurso discute la necesidad de un cambio de mentalidad y un relevo de cuadros. La adopción del principio de límites de mandatos (dos periodos de cinco años) representa un paso histórico hacia la creación de formas institucionales de liderazgo. El PCC ha aceptado que un tipo no carismático de liderazgo requiere institucionalizar la sucesión presidencial y la política de cuadros con límites y balances de poderes.
Es el inicio de una liberalización política que sustituye el modelo de “Fidel al timón” por una dinámica de pluralismo institucional y política burocrática, donde agrupamientos generacionales, de región, y de sector dentro del gobierno serán más relevantes. En el corto plazo, el informe alerta que no hay disponible “una reserva de sustitutos” apropiadamente preparados, por lo que se trabajará en crear el relevo generacional en los próximos cinco años, incluyendo el de la máxima dirección del gobierno y el PCC. Tal planteamiento prepara el camino para un segundo secretario de la generación histórica, dejar vacante la plaza o simplemente nombrar a varios segundos secretarios.
En términos de la política de cuadros, la crítica a la promoción “por helicóptero” de líderes jóvenes a cargos principales, es quizás la más demoledora. La propuesta raulista de una política de cuadros institucionalizada implica un rechazo implícito a los nombramientos típicos del modelo de “Fidel al timon” donde algunos dirigentes de primer rango como Roberto Robaina, Felipe Pérez y Carlos Lage fueron escogidos en congresos de organizaciones juveniles y elevados directamente a ministerios o al Grupo de Apoyo del Comandante en Jefe y de allí a altos puestos en el gobierno.
Una tendencia reiterada en el informe es la de enfatizar la preparación técnica de los cuadros del PCC y el gobierno, especialmente en el área económica. Raúl mencionó la incorporación de cursos de contabilidad y economía como parte del sistema de escuelas del partido y la promoción de los cuadros, paso por paso, desde la base, y relacionada fundamentalmente con áreas de especialización. En la administración del Estado, se enfatiza la experiencia técnica mientras se critica el requisito tácito de militancia comunista para ocupar posiciones de alto rango en el aparato estatal. Es el fin del famoso chiste popular de “el que sabe, sabe y el que no, es jefe”.
Las referencias en el discurso a los estatutos del PCC y el funcionamiento de comisiones para actualizar las estructuras del gobierno y el PCC a partir de nuevos sistemas de regulación, planificación e información reflejan una voluntad de institucionalización partidista y ejercicio asertivo de normas constitucionales. Aquí hay una crítica implícita al voluntarismo, característico del liderazgo fidelista. El informe de Raúl Castro propone una regularización de los plenos del Comité Central, por lo menos dos veces al año, sugiriendo la discusión como punto central de los mismos y en las sesiones de la Asamblea Nacional de una evaluación de la marcha de la reforma y el cumplimiento del plan económico.
Pocos retos parecen más grandes para el PCC que el tema de separar sus funciones y roles reguladoras y supervisoras de la gestión ejecutiva del Estado. Es un asunto viejo, esporádicamente ventilado pero nunca resuelto. Uno de los mayores bloqueos a esta separación es la unión por artículo constitucional, artículo 74, de las funciones de Presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. ¿Propondrá la Comisión de Implementación y Desarrollo una separación de esas funciones? ¿Sera esa una de las reformas constitucionales que Raúl Castro insinuó?
Los lineamientos como orientación para el trabajo del PCC en los próximos años
Expresión de un cambio de mentalidad es que el informe del PCC trazó su límite ideológico no en la existencia o la promoción de la propiedad privada sino en el rechazo a su concentración, lo que implicaría -según su visión- una incompatibilidad con el socialismo. Tal formulación expresa que las fronteras ideológicas se han movido y que la dinámica desatada por el proceso de reformas puede volver a moverlos.
A diferencia del V Congreso que percibió el trabajo por cuenta propia como una concesión necesaria al mercado en aras de la supervivencia política, este informe celebra como un éxito que 200 mil nuevas licencias de trabajo no estatal fuesen otorgadas desde octubre a la fecha. Por primera vez, se dice que la promoción, respaldo y protección del sector no estatal debe ser una prioridad de las autoridades, “a todos los niveles”.
No se debe subestimar el papel de la discusión de los lineamientos de política económica y social y su reformulación en el proceso masivo de debate. Según los datos ofrecidos por el informe de Raúl Castro y que expresan la visión del PCC sobre las demandas ciudadanas y de desarrollo a atender con prioridad, el grueso de los cuestionamientos a las políticas propuestas se ubicó en las áreas asociadas al bienestar de la población, “política social” (la libreta de racionamiento [comida] como tema más planteado y la aplicación de los despidos), “políticas macroeconómicas”, vivienda, transporte y el “modelo de gestión económica”. Es alentador que los temas educación y salud siguen siendo prioritarios en la visión de la población y que el gobierno ratifique su compromiso a mantenerlos. (p.7)
Relaciones Internacionales
En el análisis del contexto internacional resalta la ausencia de referencias a China y Vietnam, y el énfasis en la temática latinoamericana de integración.
El centro de la atención en este acápite fueron las relaciones con EE.UU, en que lo único novedoso fue una corta referencia a como “la actual administración ha decidido algunas medidas positivas, pero sumamente limitadas”. Tal aseveración fue acompañada por una historia relativamente extensa, para un documento de veintitantas páginas, sobre las agresiones de EE.UU a Cuba en los últimos cincuenta años. Es evidente que este recuento histórico busca refutar el planteamiento del presidente Obama en Chile sobre iniciar una nueva etapa con tabula rasa respecto al pasado.
El congreso ratificó la visión partidista de que la política de embargo está totalmente desacreditada internacionalmente y que en lo esencial el PCC no hará concesiones políticas para cambiarla.
Nacionalismo y relaciones PCC- sociedad civil
El informe situó la reciente liberación de los prisioneros y el diálogo con la Iglesia Católica como contribuciones a “la unidad de la nación”, una formulación que el PCC prefiere al concepto de “reconciliación nacional” promovido por varias comunidades religiosas incluyendo la Iglesia Católica y sectores moderados del exilio y la oposición interna.
Un símbolo de los nuevos tiempos en la relación del PCC con los actores más relevantes de la sociedad civil fue el elogio al diálogo con el Cardenal Ortega y el presidente de la Conferencia de Obispos, Monseñor Dionisio García. La referencia al diálogo con la jerarquía de la Iglesia “cuyos criterios no son siempre coincidentes con los nuestros” ofrece también una metodología de posible expansión a otros actores en el interior del país y el exilio: “respeto mutuo, lealtad y transparencia”. La condición para dialogar no es la aceptación de la ideología marxista sino la comunión madura en el nacionalismo, particularmente en la defensa de la independencia nacional.
El tema aquí no es de concepto (la mayoría del pueblo cubano repudia las sanciones del embargo- como lo hizo Juan Pablo II por “inmorales, ilegales y contraproducentes”) sino de implementación. ¿Abrirá el gobierno la reforma económica y su formulación sobre la “unidad de la nación” a todos los cubanos de Cuba y las diásporas, que repudian al embargo y el plattismo intervencionista de sus promotores? ¿Tendrá la flexibilidad para desarrollar un dialogo de “respeto mutuo, lealtad y transparencia” con aquellos nacionalistas cuyos criterios ideológicos no sean “siempre coincidentes” con los suyos? ¿Ajustará la política migratoria cubana a esa enunciación política sobre la unidad de la nación?
Viviendo en la ambigüedad
El presidente Raúl Castro ha planteado al menos una liberación parcial del pluralismo y la iniciativa económica del pueblo cubano, en los marcos del sistema unipartidista. ¿Por cuánto tiempo podrá hacerlo? ¿Cómo se puede dejar la mitad económica del genio salir de la botella mientras se retiene la parte política bajo control?
Como han demostrado China, Vietnam, Taiwán, y el México del PRI, ese juego de separar libertades económicas y políticas es posible pero riesgoso. A la larga, las reformas económicas generan fuertes presiones para cambios políticos. Uno de los secretos más subvalorados de todos esos países es que en paralelo con los cambios económicos fue imprescindible generar aperturas políticas graduales, que al menos en los dos últimos casos terminaron forzando una democratización con elecciones competitivas.
Cualquiera que sea la dinámica cubana a largo plazo, la isla se adentra en un contexto en el cual el bienestar y la independencia económica del pueblo pueden aumentar mientras ciertos rasgos autoritarios se mantienen o refuerzan. Cuba no se transforma en una democracia tolerante pero una significativa expansión de las libertades económicas ha empezado. Los actores favorables a una Cuba más abierta al mundo y a sus ciudadanos tendrán que vivir con esa ambigüedad.
*Conferencista y profesor de las universidades de Denver y Colorado, especializado en la política norteamericana hacia Cuba y Latinoamérica
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