Una de las tareas más complicadas para el Gobierno fue, desde un principio, la lucha contra el narcotráfico. Y ello se pudo advertir desde el primer discurso del presidente Evo Morales, cuando concluyó con el “kausachun coca” (“viva la coca”) y “wañuchun yanquis” (“que mueran los yanquis”).
Demostraba el Presidente que pretendía dar un giro radical a cómo se enfrentaba el tema.
Desde entonces, la política asumida por Morales fue la que su base sociopolítica más firme esperaba, la del consenso. El Gobierno intentó, mediante planes de autocontrol, que las plantaciones se reduzcan o, por lo menos, que no aumenten. Esta línea permisiva con las plantaciones de coca, sabiendo que ya se sobrepasaba el límite de lo que fija la ley (todavía vigente), produjo un crecimiento de las plantaciones hasta sobrepasar las 30.000 hectáreas. En 2005 la cantidad estimada era de 25.000, según la oficina especializada de la ONU, es decir que hubo un aumento del 10% en cinco años. A Perú tampoco le ha ido bien. En 2005, según la ONU, tenía 48.000 hectáreas, que subieron a 62.200 en 2010, un aumento de más del 30%. Colombia es la única nación exitosa desde ese punto de vista, ya que los cocales han bajado de 144 mil a 62.000 en ese período.
En Bolivia, los débiles controles de Umopar no pueden con los envalentonados productores, que no permiten la erradicación de sus cultivos, situación que ha producido varios enfrentamientos armados.
Entre tanto, el decomiso de cocaína ha aumentado de 11 toneladas en 2005 a 29 toneladas en 2010. El oficialismo dice que es un éxito debido a que se han triplicado los operativos de interdicción, pero los críticos ven en este hecho más bien una demostración del aumento de la producción. Por otra parte, los reportes provenientes del exterior sobre la incautación de cocaína boliviana se han multiplicado.
En otro ángulo, los planes de sustituir los cultivos de coca por productos lícitos han desaparecido; como lunares en el Chapare se ven los resultados de antiguas políticas de desarrollo alternativo.
El estudio del consumo de la hoja de coca, encomendado a una oficina del Viceministerio de Defensa Social, ha sido relegado a segundo plano y no se esperan grandes resultados del mismo, a pesar de la buena voluntad y fuerte inversión de la Unión Europea.
En medio de todo este preocupante panorama, el acuerdo trinacional entre Bolivia, Estados Unidos y Brasil abre la posibilidad de tener información oportuna y cierta sobre la extensión de los cultivos de coca y, por lo tanto, ayudará a asumir políticas más eficientes.