El Director de la APS anunció que la Entidad Pública de Seguros podría no sólo encargarse de los seguros previsionales, sino también competiría en el mercado nacional con la oferta de otros servicios. Aporte Solidario de sueldos altos alcanzó en enero Bs 5,7 millones.
Empresa. Puerta de ingreso de la aseguradora Zurich (La Paz).
Al operar en las mismas condiciones que las empresas privadas del rubro, la futura aseguradora estatal podría no sólo hacerse cargo de los riesgos previsionales del nuevo Sistema Integral de Pensiones (SIP), sino competir con las privadas en los servicios ofertados.
Así lo anunció, en entrevista con La Razón, el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros (APS), Iván Rojas, a tiempo de recordar que los riesgos previsionales forman parte de la seguridad social que está a cargo del Estado y, por lo tanto, “son indelegables”.
La Ley 065 establece la creación, en un plazo de uno a tres años, de la Entidad Pública de Seguros (EPS) para que ésta se haga cargo de la administración del pago de pensiones de los riesgos común, profesional, laboral y gastos funerarios, mismos que actualmente están en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión.
“Como la aseguradora estatal va a cumplir con los mismos requisitos y tener la misma regulación que las privadas —o quizá más (obligaciones y controles)— obviamente puede entrar a competir en el mercado privado. No vemos razón por la que una entidad estatal no pueda competir (para regular el mercado). Eso dependerá de cómo se la diseñe”, expresó.
El 10 de marzo, el secretario de Finanzas de la Central Obrera Boliviana (COB), Ramiro Condori (quien es parte de la comisión COB-Gobierno que redacta los reglamentos de la nueva Ley de Pensiones), informó a La Razón que la EPS será “viabilizada” con recursos del Banco Unión.
Según el gerente general de la Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA), Justino Avendaño, “no es fácil crear una aseguradora estatal para unos riesgos que tienen una alta tecnicidad”. Al crear su aseguradora, “el Estado estaría siendo a la vez administrador y controlador, lo que probablemente afectaría a la propia prestación del seguro. La función del Estado puede ser más eficiente a través de la fiscalización”, manifestó.
Por otro lado, el Artículo 182 de la norma establece que “transitoriamente” y mientras se constituya la EPS, y adquiera la capacidad las prestaciones de riesgos, la Autoridad de Pensiones y Seguros realizará un proceso de licitación en entidades aseguradoras para la cobertura de esos servicios.
Sólo cinco empresas aseguradoras tendrían la capacidad económica suficiente para cubrir la prestación y estarían en condiciones de acceder al proceso de licitación, agregó. Además, aunque las AFP gestionan todavía el fondo Colectivo de Riesgo, recordó, las aseguradoras privadas “La Vitalicia y Provida” mantienen “una parte importante de la cartera”.
Las empresas son: Alianza Vida, Nacional Vida, La Vitalicia, Seguros Provida y Zurich Bolivia.
Firmas en el mercado nacional de seguros
Según datos de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), en Bolivia existen seis empresas que ofrecen servicios de seguros de personas, siete que brindan seguros generales y 43 firmas extranjeras que ofertan servicios de reaseguros, entre otras.
El aporte solidario de enero fue de Bs 5,7 MM
Pensiones. Ingresos mayores a Bs 35.000 realizan hasta 3 aportes al Fondo Solidario
La Ley 065 establece que salarios y rentas mayores a Bs 35.000 realicen tres contribuciones mensuales al Fondo Solidario. El aporte por sueldos altos ya sumó en el mes de enero Bs 5,7 millones, mientras que la recaudación por rentas se hará luego de emitirse la reglamentación.
La Ley de Pensiones 065 creó el Fondo Solidario para elevar la renta de los trabajadores con bajos ingresos hasta un máximo de Bs 2.600. El Fondo es financiado por los aportes: patronal general (3%), patronal minero (2%), laboral (0,5%), salarios y rentas superiores a Bs 13.000; y el 20% de la recaudación por riesgos previsionales.
Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros (APS), en el primer mes de vigencia del nuevo sistema de pensiones las recaudaciones por salarios elevados alcanzaron los Bs 5.706.519. De acuerdo a la cifra, la proyección anual de ingresos es de Bs 68,47 millones, superando en 15% la estimada por el Gobierno (Bs 58 millones).
“Los reglamentos operativos ya han sido emitidos y, aunque las nuevas disposiciones obligan a ajustar los sistemas (de cobro), las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) —en lo que les toca— tienen que hacer esos ajustes.
Estamos coordinando y supervisando para que esto se haga con la mayor celeridad”, afirmó, en entrevista con La Razón, el director de la APS, Iván Rojas.
La ley 065 determina el descuento del 1% al excedente de los sueldos mayores a Bs 13.000 (por ejemplo, si una persona gana Bs 15.000 se descontará el 1% de Bs 2.000), el 5% al excedente de los salarios mayores a 25.000 y el 10% al excedente de los sueldos mayores a Bs 35.000. Este mecanismo se aplicará también para la deducción del aporte por rentas elevadas.
Asimismo, sueldos y rentas mayores a Bs 25.000 aportarán tanto el 1% como el 5% sobre el total ganado y los salarios y rentas mayores a Bs 35.000 aportarán el 10%, 5% y 1% sobre el total ganado, señalan los datos de la APS (ver infografía).
El financiamiento del Fondo Solidario “es un componente muy importante” para la sostenibilidad del sistema, sostuvo el Director de la APS.
Rentas. La Ley 065 determina que el financiamiento del Fondo Solidario provendrá también del aporte de la colocación de capitales en el país y en el exterior (sean éstos intereses, rendimientos o cualquier otro ingreso de la inversión de capitales).
De los honorarios y dietas de directores y síndicos de sociedades anónimas (SA), y en comandita por acciones; de “los sueldos de todo otro tipo de sociedades y del dueño único de empresas unipersonales; de los ingresos provenientes del alquiler u otra forma de explotación de bienes muebles e inmuebles urbanos y rurales”.
El 5 de abril, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, confirmó a La Razón que estos cobros se comenzarán a realizar una vez que se emita el reglamentario respectivo. “El espíritu de la Ley es que las personas que ganan más tienen que aportar más para el Fondo Solidario, para igualar las pensiones de los que ganan menos”, dijo.
Estos aportes también contemplan, según norma, dividendos (sean éstos en efectivo o en acciones) e ingresos de la distribución de utilidades de sociedades de personas y empresas unipersonales, entre otros.
Un mes para dar el aporte
El pago de contribuciones por el Aporte Nacional Solidario (de 1%, 5% y 10%) se inició a partir del período de cotización enero 2011 por todos los trabajadores dependientes que tienen ingresos mayores a Bs 13.000. El plazo para este pago vence el último día hábil del siguiente mes al que corresponde el salario (en el caso de enero, el 28 de febrero); además, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cuentan con un plazo de 30 días para la acreditación de los aportes, señala la información proporcionada por la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).
APS fiscaliza más de 12 mil procesos por aportes en mora
La APS controla 12.402 Procesos Ejecutivos Sociales por aportes en mora que llevan adelante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). A la fecha, no se realizó ningún proceso coactivo bajo el marco de la Ley 065.
“La nueva Ley de Pensiones es un avance definitivo para reducir la mora de los empleadores en el pago de las prestaciones de la seguridad social. Hoy esto se castiga severamente a través de un proceso judicial”, resaltó el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros (APS), Iván Rojas.
Una vez finalizado el plazo para el depósito de los aportes al nuevo Sistema Integral de Pensiones (SIP), las AFP cuenta con un plazo máximo de 120 días calendario para iniciar el proceso coactivo social de cobro ante los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social bajo la nueva normativa. Los primeros procesos coactivos deberían iniciarse el 30 de junio.
“Creemos necesario que deberían generarse procesos intensos de capacitación para operativizar las disposiciones de la Ley. Tengo entendido que el Viceministerio de Pensiones ya ha empezado a dar los primeros pasos para este proceso”, afirmó Rojas.
El 27 de enero, el ministro de Economía, Luis Arce, dijo que las AFP tienen el respaldo de la Ley 065 para cobrar al empleador que incurre en mora y las conminó a recuperar estos aportes hasta fin de año. “Las AFP tienen todo ese tiempo de transición —hasta el tercer o cuarto trimestre de este año— para recuperar los aportes en mora” o, caso contrario, ser denunciadas por “incumplimiento de contrato”, sostuvo.
La mora administrativa y judicial a febrero de este año alcanzó $us 78,47 millones (APS).
Fuente: La Razón