La inflación, mejor o peor maquillada, termina descerrajando protestas y paros en reclamo de aumentos salariales. Por eso el 1° de Mayo en Bolivia no se presenta muy distinto al de la Argentina, otro de los países «inflacionados» y en medio de una escalada de reajuste de salarios. Pero mientras que la CGT de Hugo Moyano, hasta ahora un aliado del Gobierno de Cristina de Kirchner, mete presión con la agria miel de una concentración en la que espera juntar medio millón de obreros para conmemorar el Día del Trabajador (¿a cuenta de la candidatura que pretende arrancarle para las elecciones de octubre?), en Bolivia los sindicatos juegan desde la vereda opositora.
La Central Obrera Boliviana (COB) reclama desde hace varios meses no sólo dinero sino que el socialista Evo Morales corrija el «modelo» y vire hacia la izquierda sus políticas laborales, a las que califican de «neoliberales» y «vendepatrias».
«Con sus intensas protestas y los reclamos que consiguieron consensuar, los obreros derrotaron al Gobierno», dice a Ámbito Financiero desde La Paz el analista y periodista Humberto Vacaflor. «Evo tuvo que retroceder, no sólo con el gasolinazo -aumento del 85% en combustibles a fines de diciembre, que encendió paros generalizados- sino con la nacionalización de cuatro empresas mineras para este 1 de Mayo, luego del rechazo por parte de los mineros», agrega.
«Los sindicalistas y los movimientos sociales que apoyaron a Evo desde un principio hoy le hacen frente y, peor aún, dejaron de temerle al Gobierno», explica a este diario Oscar Ortiz, ex presidente del Senado boliviano.
Esa merma en la incondicionalidad hacia Evo se refleja en las encuestas: así como Morales llegó al poder en diciembre de 2005 con el 53,74% de los votos y fue reelecto en 2009 con el 64%, una reciente encuesta de la consultora Página 7 refleja que hoy sólo lo votaría el 22%.
Sin embargo, los que no bajan son los precios. «El Gobierno alega que la inflación de 2010 fue del 8%, pero admite que en este primer trimestre ya trepó el 4%», prosigue Ortiz desde Santa Cruz de la Sierra, para luego explicar que Bolivia también tiene su «INDEK» retocado, con una canasta básica «remasterizada», en la que redujeron la incidencia de alimentos para potenciar la de los electrodomésticos.
«Dos tercios del ingreso de los pobres (estimados en el 70% de una población total de 10,5 millones) va a alimentos, siendo los electrodomésticos un rubro inalcanzable para ellos; a partir del gasolinazo, mediciones extraoficiales registran una inflación en alimentos por encima del 20%», dice Ortiz. «Los reclamos de la COB son los de la Bolivia legal, la que paga impuestos», explica, por otra parte, Vacaflor.
Mientras que desde hace una semana reina un tenso intervalo entre los mineros, trabajadores agropecuarios y transportistas que encabezaron las huelgas, el aumento salarial del 10% anunciado en marzo por el Gobierno para maestros, policías y militares destapó, a su vez, otras ollas, como las de los 22.000 empleados públicos a los que no alcanza esa medida, o el conflicto en ciernes con la COB sobre el descuento o no de los días no trabajados durante el paro.
Paralelamente, el discurso político del Palacio Quemado viene virando peligrosamente (para sus adeptos originarios, claro) hacia el capitalismo. «El Gobierno ya argumentó que no se puede gastar todo el dinero público en salarios, sino que debe ir a inversión», recuerda Ortiz. La ortodoxia llevó, incluso, a cometer un furcio de antología al ministro de Hacienda, Luis Arce, cuando dijo que la suba de los sueldo reclamada por los sindicatos podía «provocarles indigestión a los asalariados».
En cuanto a los recursos para inversión, Morales pidió la autorización del Legislativo para disponer de u$s 2.000 millones de las reservas (que hoy llegan a u$s 10.600 millones) para financiar empresas públicas y proyectos mineros de litio y uranio. «No es una novedad», dice Oscar Ortiz, «ya que en 2010 el Gobierno derivó más de u$s 3.000 millones de las reservas para esos fines, pero ahora lo pone sobre blanco», agrega.
En toda pelea queda un ganador. En este caso es la COB, fortalecida después del conflicto, cuyo secretario general Pedro Montes dejaría el cargo en la próxima asamblea general (este 1 de mayo, en Cochabamba) para entregárselo al minero Jaime Solares, actualmente secretario general de la Central Departamental Obrera de Oruro. Al revés que Montes -un adláter de Evo desde los primeros tiempos-, Solares es un duro y, como un Hugo Moyano, tiene aspiraciones políticas. Sin pelos en la lengua, ya le marcó la cancha al evismo: «El estómago nos unió en estas protestas, hemos fortalecido la COB y la hemos vuelto contestataria».
«La alternativa va a nacer del pueblo, cuando tengamos un Gobierno verdadero de la clase obrera, de la clase media y de la clase campesina revolucionaria, no de tirasacos, no de chupamedias, porque eso es lo que tiene actualmente el Gobierno, que dice ser socialista», agregó Solares en una entrevista. Una contestación, bien apuntada, hacia el vicepresidente Álvaro García Linera, que en medio de las revueltas sindicales de principios de mes había acusado a los sindicalistas de golpistas y de estar financiados desde la derecha.
Ámbito Financiero – Buenos Aires