La coalición gobernante del Frente Amplio sufrió un quiebre interno tras la votación en el Senado de una ley para anular la amnistía a militares de la dictadura de 1973 a 1985: uno de sus principales senadores renunció y otro quedó al borde de la expulsión por no acompañar el voto.
El Senado aprobó el martes por 16 votos contra 15 la derogación de una amnistía que amparó a militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de facto. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados.
Pero aún cuando los diputados voten en la misma dirección, la amnistía de 1986 podría continuar vigente "porque puede suceder que la Suprema Corte de Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley sancionada en la noche del martes", explicó a AP el politólogo Oscar Botinelli, de la empresa Factum.
Los militares retirados han manifestado su alarma ante la posibilidad de que al anularse la amnistía -refrendada por dos plebiscitos en 1989 y 2009- puedan precipitarse juicios penales por violaciones a los derechos humanos.
"Siento en el corazón y en la conciencia que la mayoría del Frente Amplio se equivoca. Este viraje es un gravísimo error. En el pueblo hubo mayoría dos veces", dijo el senador Eleuterio Fernández Huidobro al anunciar su renuncia luego de votar favorablemente la eliminación de la ley.
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Fernández Huidobro es un ex tupamaro detenido en 1972 y liberado en 1985 junto con el actual presidente José Mujica y decenas de presos políticos y miembros de los grupos subversivos que actuaron desde 1963 contra gobiernos democráticos buscando el poder por las armas. Su banca sería ocupada por el diputado Carlos Gamou, quien a su vez será reemplazado por un suplente.
A la renuncia de Fernández Huidobro se suma la probable expulsión del senador Jorge Saravia, bisnieto de un caudillo del Partido Nacional que libró guerras civiles para consolidar la república.
Al votar en contra de la eliminación de la amnistía Saravia sostuvo que "constituye un ataque a la conciencia cívica del pueblo" y que se cometió "un fraude electoral" al no respetarse los pronunciamientos ciudadanos.
La Cámara de Diputados de 99 miembros -de los cuales 50 pertenecen al oficialismo- se reunirá el 4 de mayo. La dirigencia sindical dispuso una movilización hacia el Congreso y eventualmente un paro general de actividades en favor de la eliminación de la amnistía.
El Nuevo Herald – Miami
