Analítica: entrevista al diputado Adrián Oliva

Macky Arenas

g_adrian_oliva__alcazar(9223423).jpg.520.360.thumb De visita en Caracas, no trajo tan sólo su investidura, su pinta parecida a todo menos al fenotipo boliviano y su maleta. También llegó portando una carta firmada por 37 parlamentarios de su país que solicitan el juicio en libertad para Alejandro Peña Esclusa, enfermo y preso en el Sebin.

Adrián Oliva ejerce como diputado desde el año pasado. La mayoría de los parlamentarios bolivianos cumple su primer período. Es una Asamblea de jóvenes. Un cuerpo parlamentario que se ha renovado tanto en el oficialismo como en la oposición. Sorprende lo bien enterado que está de lo que ocurre en Venezuela y el parentesco que ciertos hechos mantienen con los problemas que aquejan a sus compatriotas. Muy joven, su hablar pausado y un acento característico identifican su gentilicio aunque, al rompe, uno cree estar ante un gringo de Oklahoma. Explica con claridad su misión.



– ¿Qué hace en Caracas?

Estoy en Venezuela portando una nota suscrita por ambas Cámaras -tanto senadores como diputados de Bolivia- la semana pasada, dirigida al Ministro del Interior y Justicia Tarek el Aissami. Somos 37 parlamentarios quienes pedimos al Estado venezolano que considere otorgar la libertad al ciudadano Alejandro Peña Esclusa. Está detenido desde hace más de 10 meses y hasta el día de hoy no ha sido sometido a un juicio penal. Sin embargo sigue allí, ahora afectado por un cáncer, por lo que necesita atenciones y cuidados médicos a fin de seguir un adecuado y pronto tratamiento. Queremos puntualizar que nos hemos pronunciado por razones humanitarias.

– ¿Conocen a Alejandro Peña Esclusa?

Conocemos al doctor Alejandro Peña Esclusa y hemos estudiado a fondo su caso. De allí nuestra convicción de su inocencia. No existen razones para sanción penal alguna. No ha cometido delito y estamos seguros de que la justicia venezolana lo va a confirmar. Lo hemos acompañado pues Peña Esclusa es una persona muy conocida en Bolivia y en otros países de la región. Siempre ha sido un defensor de la democracia, de las libertades económicas y políticas. Ha permanecido muy activo en el ámbito nacional, lo que ha permitido seguirlo muy de cerca, por lo que su caso ha impactado mucho a la opinión pública continental.

– ¿Es la primera vez que ustedes se pronuncian desde el inicio de este caso?

Esta es la segunda nota que se remite al Estado venezolano por parte de parlamentarios de la oposición boliviana con relación al caso de Alejandro Peña Esclusa. Hace algunos meses se pronunciaron senadores de nuestra Asamblea Nacional y ahora somos 37 diputados y senadores que nos pronunciamos a favor del pedido de libertad.

– ¿Por qué la insistencia?

Consideramos que la política termina donde comienzan los derechos humanos. En este caso, cuando hablamos de la vida y la salud de una persona, no tendría que interponerse ninguna razón que impida sea tratado de manera adecuada y reciba toda la consideración de las autoridades venezolanas para que pueda defenderse en libertad, en un proceso que, estamos seguros, terminará probando la inocencia del Doctor Peña Esclusa.

– ¿Lo recibió el ministro?

Le envié una petición de audiencia para entregarle personalmente nuestra misiva y hacerle conocer la preocupación que todos compartimos en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia por la salud del detenido.

– En La Paz hay una embajada de Venezuela…

Las notas están dirigidas al Ministro del Interior y soy el emisario escogido por mis colegas para entregarla de manera personal. Haremos una visita a la Defensoría del Pueblo para comentar este caso. Aclaro que somos muy respetuosos de los asuntos internos de Venezuela y nos cuidamos de interferir. Pero sí estamos haciendo conocer nuestra posición en torno a un problema de derechos humanos y esperamos que las autoridades venezolanas la tomen en cuenta.

– Argumentarán que es un preso venezolano y ustedes son bolivianos.

Los derechos humanos son un tema que no tiene fronteras. Son universales. Nos afectan y atañen a todos. Cada uno de nuestros países es signatario de tratados y convenios internacionales donde nos hemos comprometido a respetar los derechos humanos. Esto debe expresarse de manera concreta en casos como el del doctor Alejandro Peña Esclusa. Eso queremos.

– Aquí en Venezuela, el gobierno lo presenta como un terrorista al que descubrieron con explosivos dentro de su propia casa.

Reitero que APE es reconocido en la región por su intensa actividad en defensa de las instituciones, las libertades ciudadanas, políticas y económicas, que son la base fundamental de la construcción democrática a que todos aspiramos. Ha manifestado abiertamente sus ideas en diferentes escenarios. Con seguridad eso incomoda a algunos políticos que acusa de radicales a quienes dicen la verdad. Para ellos, el que habla abiertamente y dice lo que piensa es un individuo peligroso. El que calla es moderado e inofensivo.

– ¿El caso Peña Esclusa lleva ese sello?

Estamos seguros que su lucha política, tanto dentro como fuera de Venezuela, nunca se desvió del campo democrático. No existe ninguna razón para pensar que él haya buscado otras vías. Más bien siempre denunció a quienes lo hacen y los riesgos que implica para los pueblos. Su testimonio lleva una trayectoria muy larga y suficientemente conocida, con un posicionamiento muy claro.

– ¿No siente una sensación de "deja vù" estando en Venezuela?

Me siento en casa. Situaciones políticas que se reproducen en otros países, casi al calco de Venezuela. Es parte de un proyecto regional que se está desarrollando en América Latina. Surge en la década de los 90, cuando un grupo de líderes internacionalizaron su lucha y han sido exitosos para tomar el poder. No sabremos sino hasta dentro de unos años cuán exitosos lo fueron para mantener la fe de sus pueblos en sus gobiernos.

– ¿Puede adelantar su opinión?

En el caso de Bolivia, tengo muy poca fe en que nuestro presidente pueda lograr un cambio significativo en el país. Es más, hemos perdido la posibilidad de avanzar y desarrollarnos en un momento inédito de auge económico.

– Eso me suena familiar.

Estos datos le servirán de referencia, salvando las diferencias con su país. El presidente Morales administró en los últimos años 61 mil millones de dólares. Es el dinero que administraron otros gobiernos que lo anteceden en 20 años. El tuvo un presupuesto con volúmenes de recursos muy significativos. Sin embargo los resultados de su gestión no superan a los gobiernos anteriores. Hay pésimos ejemplos que prueban los errores de un gobierno, consecuencia de decisiones que se han tomado, como la creación de empresas estatales tan sólo para competir con empresas privadas. Lo hacen muy mal, son muy ineficientes y distorsionan el mercado. El gobierno, además, interviene en sectores estratégicos de la economía como los hidrocarburos que antes generaron en Bolivia la posibilidad de constituirnos en un centro energético referente en la región y hoy somos un sector que pierde peso y se hace marginal, debido a la mala administración de todos esos recursos.

– Otros que perdieron el tren.

En el caso concreto de Bolivia, el presidente Morales ha perdido una oportunidad muy grande y supongo que en cada país evaluaríamos parecido estas gestiones de gobiernos que forman parte de un proyecto regional, en todos los ámbitos del análisis. Ni hablemos de la construcción de la institucionalidad o el desarrollo de la democracia.

– ¿Cómo queda la libertad de expresión, derecho humano fundamental, en ese llamado proyecto regional, en lo que se refiere a Bolivia?

En Bolivia existen muchas restricciones a la libertad de expresión. Hace pocos meses hemos aprobado una ley contra el racismo.

– ¿Racismo?

Lo hay, existen problemas de exclusión social y regional. Hay grandes sectores sociales y espacios del territorio marginados de la administración estatal. Pero el caso es que esta ley es solamente de carácter declarativo, para proclamar que Bolivia es un país que lucha contra el racismo, cuando en realidad trae el objetivo de coartar la libertad de expresión. Lo que subyace, por parte del gobierno de Morales, es la intención de profundizar las diferencias y la fragmentación en el país en lugar de allanarlas. Gracias al gobierno y sus políticas Bolivia es hoy un país enfrentado.

– ¿Cuáles son los problemas de contenido en esa ley?

Hay dos artículos que son muy efectivos para restringir la expresión libre. No sé si vayamos a superar los problemas del racismo en Bolivia con esta ley, pero sí le aseguro que su aplicación será nociva para la libertad de expresión. Establece una serie de sanciones a los medios de comunicación que han generado mecanismos de autocensura al trabajo de la prensa y los medios, que se sienten inhibidos por temor a represalias.

– ¿Autocensura?

Autocensura, claramente. En nombre de una supuesta lucha contra el racismo, terminan coartando la actividad de la prensa.

– Ustedes están a las puertas de una elección, el 16 de octubre, para designar 56 administradores de justicia. ¿Ello afecta ese proceso?

Definitivamente. Otra ley, la que toca asuntos electorales, impide la difusión de datos sobre los participantes en la contienda. Los medios tienen terminantemente prohibido informar, están condicionados y su trabajo restringido, bajo amenaza de sufrir sanciones. Elegiremos 56 administradores de justicia que serán seleccionados por un solo partido, el partido del presidente Morales. No se podrá conocer detalles de esa selección, que se hará a puertas cerradas.

– ¿Y dónde queda la transparencia?

El presidente Morales va a decidir quiénes van a ser los candidatos y los bolivianos sólo ratificarán la voluntad del partido del presidente Morales. Todos saldrán pintados de azul -en Bolivia el azul es el color del gobierno, no el rojo- y nosotros elegiremos entre los azules las autoridades judiciales. Tampoco podremos conocerlos sino a través del Tribunal Supremo Electoral, que lo controla también Morales y los medios no podrán informar abiertamente sobre este proceso, porque si lo hacen serán objeto de sanciones que incluyen el cierre. En pocas palabras, ninguna de estas leyes resuelve los problemas a nombre de los cuales se aprueban, pero sí son efectivas para reducir a los medios.

– Retomando el tema de Alejandro Peña Esclusa, ¿en caso de no encontrar eco en el gobierno venezolano a su petición, acudirían a otras instancias?

No quisiera adelantar criterios, pero quiero decirle que estamos muy atentos. Hemos acompañado este proceso muy de cerca y lo seguiremos haciendo con acciones cada vez más abiertas. Pero mantenemos nuestra confianza en que las autoridades venezolanas no antepongan razones políticas a las humanitarias. Esperamos que prevalezca el respeto por los derechos humanos. El imperativo de nuestros Estados es protegerlos, defenderlos, promoverlos y preservarlos por encima de cualquier otra motivación.

Analítica.com – Venezuela