FFAA. Tras un año entregaron papeles que no ayudan a encontrar a desaparecidos en dictaduras. FFAA y Fiscalía pueden ser penadas por incumplimiento. Acusan a un fiscal de ‘obstaculizar’ las investigaciones. La CIDH falló a favor de familias afectadas
Se indaga el paradero de los restos de Marcelo Quiroga.
La Razón, Ernesto Calizaya
Apertura de los archivos militares no dio resultados
Recortes de periódicos, mensajes de felicitación a Luis García Meza y órdenes de destinos fueron los únicos documentos que las FFAA entregaron luego de que la Suprema ordenó, en abril del 2010, abrir los archivos militares para que fiscales indaguen desapariciones en la dictadura.
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Así lo hizo saber el fiscal Eduardo Morales, miembro de la comisión del Ministerio Público que tuvo acceso al Estado Mayor para buscar entre los archivos castrenses algún documento que permita ubicar a los desaparecidos durante los gobiernos dictatoriales y específicamente de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el líder socialista que resultó muerto el 17 de julio de 1980, cuando Luis García Meza tomó el poder.
“Hemos ido con los doctores Milton Mendoza, Mirna Arancibia, los investigadores asignados al caso y personal de laboratorio. En una primera oportunidad nos querían entregar tres sobres ahí mismo y nosotros no (los) recibimos porque consideramos que no eran parte de un archivo, pues eran sobres nuevos”, recordó.
Esa incursión, según la Dirección Jurídica de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Democracia (Asofamd), se dio entre el 23 y 26 de febrero del 2010, por la comisión de fiscales que investiga el paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Renato Ticona y Juan Carlos Flores Bedregal.
Los militares, luego, entregaron al juzgado esos tres sobres, pero en ellos sólo “estaba un listado de ascensos y cambio de destinos de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Naval, que en realidad no era la documentación que buscábamos”, dijo Morales.
Labor. En la segunda visita se les dio acceso a una gaveta. “En uno de los cajones decía 1980” y encontraron “mensajes, telegramas de diferentes guarniciones; habían tarjetas de felicitación a García Meza y recortes de diarios, papeles sin ninguna importancia relacionada a la desaparición de Quiroga Santa Cruz, Flores Bedregal o Ticona”, según Morales.
“En esos archivos se pretendía encontrar a los responsables de la muerte de Quiroga Santa Cruz, a quien ejecutó esa orden”, dijo Alberto Aparicio, presidente de Asofamd, quien señala que a la fecha no se logró ningún avance.
El Ministerio de Defensa tiene registrados cinco requerimientos para acceder a los archivos de las FFAA, los mismos que emanaron luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la desclasificación de los mismos el 1 de abril del 2010.
Esa cartera de Estado informó en diciembre pasado que los archivos aún están abiertos, pero desde el 1 de octubre del 2010 nadie volvió a tocarlos; el último fue el fiscal Iván Montellano, a quien el entorno de Asofamd acusa de frenar la investigación y ser “condescendiente” con las FFAA. Además, el mismo Presidente habría cerrado el caso al declarar que “no existen archivos clasificados” de las dictaduras.
Se negó la existencia de papeles
El presidente Evo Morales, según reportes de las agencias ABI y ANF el 14 de diciembre del 2010, reveló que “no existen archivos clasificados de las dictaduras (en las Fuerzas Armadas)” y que, en ese sentido, resultaba incierto conocer el destino que siguieron los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La Corte Suprema de Justicia ordenó el 1 de abril del 2010 la desclasificación de los archivos militares de junio de 1979 a diciembre de 1980, a pedido de Olga Flores, hermana de Carlos Flores Bedregal.
FFAA y Fiscalía pueden ser penadas por incumplimiento
Si la CIDH sanciona al Estado por las desapariciones, la pena se individualiza, dice Mendoza
En esta foto de archivo, se ve a activistas de Asofamd y Derechos Humanos exigir la búsqueda frente a la Asamblea Legislativa.
La Razón, Miguel A. Melendres – La Paz
Por incumplir las investigaciones en la búsqueda de los desaparecidos en dictaduras, autoridades del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía General del Estado pueden ser penadas económicamente, de forma individual, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega a sancionar al Estado boliviano.
El fiscal de recursos Milton Mendoza advirtió que, por la inacción de algunos funcionarios militares y del Ministerio Público, se ha truncado la investigación de los archivos que se encuentran en el Gran Cuartel Militar de Miraflores (La Paz) y en otros departamentos del Ejército, las FFAA, el Ministerio de Defensa y el Tribunal Permanente de Justicia Militar, que podrían llevar a dar con el paradero de los desaparecidos de hace 30 años.
Esto llevará a una nueva demanda internacional contra el Estado. “Los familiares de las víctimas pueden recurrir a las instancias del CIDH para que se haga justicia y por incumplimiento de una investigación, habrá un fallo internacional de cumplimiento obligatorio que tendrá como resultado el pago de altas sumas de dinero que vamos a erogar todos los bolivianos”, manifestó el fiscal Mendoza.
Las sanciones están establecidas en las disposiciones de Pacto de los Derechos Humanos de Costa Rica y de la propia Constitución Política del Estado, aprobada en febrero del 2008.
Según el artículo 63 de la Convención (Pacto de Costa Rica) que Bolivia ratificó el año 1992, cuando hubo violación de un derecho o libertad, la Corte dispondrá “si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.
Por estos mismos términos, la CIDH falló contra el Estado Boliviano y a favor de José Carlos Trujillo Oroza el 2002, Renato Ticona el 2007 y Rainer Ibsen Cárdenas el 2010.
Pero además, la nueva CPE en su artículo 113 establece que “en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño”.
Esta situación, de acuerdo con la interpretación del fiscal Mendoza, deberá ser resuelta por el Procurador General, que tiene la función de “defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado”.
Este proceso identificaría a quienes tenían la responsabilidad de dar la información como en este caso, el ex comandante en jefe de las FFAA, general Ramiro de la Fuente, así como los responsables de la investigación; es decir, el fiscal General Mario Uribe, por ser el garante de la gestión cuando se cometió el delito y el responsable de la designación de la Comisión fiscal investigadora, además del director funcional del caso, el fiscal Iván Montellano.
Un fiscal no da su versión
La designación del fiscal Iván Montellano como director funcional de las pesquisas que permitan dar con el paradero de los desaparecidos durante los gobiernos dictatoriales fue emitida por el fiscal general Mario Uribe.
Montellano, quien reemplazó a Milton Mendoza, es uno de los cuatro fiscales de recursos que hay en Bolivia y, debido a sus recargadas funciones, se abstuvo de dar su versión a La Razón, que incluso le hizo llegar un cuestionario.
Acusan a un fiscal de ‘obstaculizar’ las investigaciones
El fiscal Eduardo Morales
La Razón.- Una nueva visita al Estado Mayor habría dado más luces sobre la documentación que estaba resguardada, pero cuando estaban en afanes de concretarla, a los fiscales encargados de indagar el caso se les informó que se unía a la comisión el fiscal Iván Montellano, quien habría tenido acceso a los archivos por cuenta propia.
Esto ocurrió en septiembre del 2010 y a partir de entonces no se volvió a tratar el tema, según la Dirección Jurídica de Asofamd.
A Montellano le habrían mostrado la misma gaveta y el mismo cajón que revisó la comisión de fiscales. “Eso me indicó el general (Ramiro) La Fuente, en forma verbal, que (Montellano) se apersonó como director funcional y (habría manifestado) que sólo él podía realizar cualquier otra actuación”, señaló el fiscal Eduardo Morales.
FALENCIA. Desde ese momento, ni siquiera se volvió a reunir la comisión, pues no lograron establecer comunicación con Montellano, a quien La Razón trató de ubicar para conocer su versión, pero él no contestó un cuestionario y su teléfono estaba apagado.
También se acusa a Montellano de no pronunciarse respecto a un proyecto de la Fundación Jacha Kamasa, que oferta buscar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz en la hacienda San Javier, donde estarían enterrados. (EC)
La CIDH falló a favor de familias afectadas
Las familias Trujillo Oroza, Ticona e Ipsen recibieron una indemnización
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la fecha, falló a favor de tres familias de desaparecidos durante los gobiernos dictatoriales del Estado boliviano. Esta instancia es competente, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en cumplimiento de sus atribuciones dicta sentencia sobre reparaciones, costas y gastos a quienes interponen una demanda y cuentan con los respaldos para obtener una sentencia a favor.
En ese marco, dio razón a las demandas presentadas por los familiares de José Carlos Trujillo Oroza (27 de febrero del 2002), Renato Ticona (27 de noviembre del 2007) y de Rainer Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen Peña (1 de septiembre del 2010), quienes recibieron alrededor de medio millón de dólares como compensación por la pérdida de sus parientes.
ANTECEDENTE. Eso fue lo que pasó con la familia de Oroza Trujillo, por ejemplo. El 2 de febrero de 1972 fue la última vez que Antonia Gladys Oroza de Solón Romero, madre de la víctima, vio a su hijo. Las autoridades le dieron diversas versiones sobre lo sucedido a la víctima. Su hijo desapareció junto a dos personas, Carlos López Adrián y Toledo Rosado, indica un informe de la CIDH.
En 1971, José Carlos Trujillo Oroza había sido detenido por miembros del Departamento de Orden Político (DOP) y de la Dirección de Criminalística de Santa Cruz y recluido en la cárcel de El Pari, ubicada en Santa Cruz.
El Estado boliviano había ofrecido una reparación de 40 mil dólares, pero el fallo de la CIDH se impuso. Esta corte conmina al demandado a cubrir la indemnización en un plazo de seis meses y, en los casos referidos, emplazó al Gobierno a cubrir esos montos, según la web de dicho organismo. (MM) La Razón.