Casi a escondidas, “como un ladrón en la noche” -para usar la frase bíblica- el presidente Evo Morales promulgó los cambios al artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, con los que pretende “dar por superada la polémica” sobre la restricción a la libertad de información para las elecciones judiciales de octubre.
Es sintomático que la reforma haya sido promulgada sin un acto oficial y en pleno sábado, quizás como manera de atenuar precisamente la polémica por la insuficiencia de los cambios planteados. Porque lo cierto es que las modificaciones son apenas cosméticas, probablemente pensadas para contentar a organismos internacionales como la ONU, que en pasadas semanas hicieron conocer sus observaciones sobre las limitaciones a la libertad de prensa.
Como en “El Gatopardo” de Lampedusa, el gobierno “cambia para que nada cambie”, maquillando una ley de censura de prensa. Pero pensándolo bien, cambiar para que nada cambie parece haberse convertido en la especialidad del MAS…
Aunque el oficialismo pretenda hacer ver como un avance la reforma del artículo 82, la realidad es que se mantienen los mecanismos de censura para los comicios judiciales, subsistiendo los incisos represivos c y d, en los parágrafos I y II, que dan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) poderes extraordinarios para dirigir la labor del periodismo (recordemos, de paso, que el director del área encargada de la censura será nada menos que el ex EGTK Juan Carlos Pinto).
Tampoco hay cambios en el método de preselección de las ternas, que le asegura al partido de gobierno candidatos alineados políticamente. Al mismo tiempo, crecen las sospechas de que se estén instrumentando irregularidades para los próximos comicios, a raíz del traspaso de Identificación a la órbita de un TSE controlado por el Ejecutivo.
Mediante la censura de prensa, los candidatos de partido único (ternas “azul, azul, azul”) y las posibles manipulaciones de identidad se busca consolidar el sometimiento de la justicia al gobierno, herramienta imprescindible no sólo para la persecución de opositores, sino también para garantizar la impunidad de altos funcionarios implicados en denuncias de corrupción y abusos de derechos humanos.