Plantear preguntas o revelar datos sobre el caso Rózsa se ha convertido en un ejercicio que incomoda a quienes tienen las repuestas o cuentan con el poder legal para resolver el episodio de abril de 2009. Desde entonces, surgieron revelaciones importantes que han provocado polémica pública, pero cuya fuerza jurídica ha sido minúscula frente al hado que mantiene el suceso en el misterio, entre preguntas irresueltas que se multiplican.
Rózsa se declaraba comunista, pero después se volvió contrario a esa ideología. Fue militar y también periodista. Al final de su vida, aparentemente estaba abandonado, ¿o acorralado? Foto: cdn.noticiaaldia.com – Los Tiempos
¿Por qué no avanza la investigación del llamado video-soborno? ¿Por qué en ese caso sólo el supuesto sobornado es el único que está recluido preventivamente? ¿Por qué el Ministerio Público no tomó en cuenta los hallazgos de la Comisión Multipartidaria sobre la muerte de Arpad Magyarosi en el Hotel Las Américas? ¿Por qué algunos nombres son omitidos en la etapa final de la investigación fiscal?
Son, hasta ahora, preguntas sin respuestas. ¿Por qué? Quizá el acertijo pueda ser resuelto con una revisión que pone en evidencia que los misterios están blindados y que las filtraciones son administradas por quienes tienen la información.
Hace 68 días, la Presidencia de la Cámara de Diputados, dirigida por el abogado Héctor Arce, recibió una carta no difundida hasta ahora y que retrata el marco de la investigación. Mediante el fiscal General del Estado, Mario Uribe, el director funcional de la investigación del caso 3372/09, Marcelo Soza Álvarez, rechaza la facultad fiscalizadora de los parlamentarios en este asunto.
El diputado Osney Martínez, jefe de bancada del PPB Convergencia, requirió un informe sobre el avance del caso con preguntas hechas al fiscal Marcelo Soza. Martínez, del grupo de legisladores afines al senador cruceño Germán Antelo, no tuvo eco porque el representante del Ministerio Público le respondió que no le va a dar información porque incurre en “injerencia política”.
Con el argumento de que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera, los parlamentarios “no pueden inmiscuirse en las labores propias del Órgano Judicial o demás instituciones autónomas encargadas de la persecución penal, y de ser ésta la situación, estaríamos frente a la injerencia política como es el presente caso”, señala la carta suscrita por el fiscal Soza el 16 de febrero del presente.
La respuesta de Soza fue abordada discretamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La bancada opositora al gobierno de Morales tenía previsto dar a conocerla, pero no lo ha hecho. Lo que se sabe es que hubo un reclamo verbal de la bancada opositora al presidente de la Cámara de Diputados.
“Hicimos una queja verbal hace no mucho tiempo por esa respuesta atrevida y el presidente de la Cámara de Diputados se ha comprometido a respondernos”, dijo Martínez al diario Los Tiempos.
Para el gobierno y el Ministerio Público, éste es un asunto de seguridad interna del Estado, que debe ser tratado con la mayor reserva porque “el proporcionar información a cualquier entidad del Estado hace que exista fuga de información, la cual podría ser utilizada de manera inadecuada o simplemente distorsionada que no son parte del proceso y que va en concordancia de la confidencialidad”.
Una vez revelado ese razonamiento, ahora puede entenderse el procedimiento del Ministerio Público para situaciones en las que se ha revelado información que es diferente al caso Rózsa. Por ejemplo, ése el caso del llamado “video de la matanza”, en el que se ve a miembros de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) en una actitud que ha sido calificada como de sembrado de pruebas en el cuarto piso del Hotel Las Américas.
El entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, reconoció la autenticidad de la imagen, pero denunció una alteración en el audio.
El fiscal Soza no le confirió valor alguno con el argumento de que “la Policía Nacional es el agente coadyuvante directo del Ministerio Público y es el único encargado de la acumulación y preservación de los medios de prueba”.
Por donde se vea, el caso Rózsa es un “caso raro que se maneja en el absoluto hermetismo, pero, a pesar de ello, el fiscal Soza da declaraciones cuando le da la gana”, critica el diputado Martínez.
Además, la información difundida por los medios ha sido analizada al detalle y ha provocado que las autoridades requieran datos de los medios de comunicación o de los periodistas. Por ejemplo, John Arandia, director del programa Todo A Pulmón, fue convocado por la Fiscalía el 18 de enero por haber difundido el llamado “video soborno”, para que revele el nombre de la fuente que le entregó la grabación.
O el requerimiento, el 21 de junio del 2009, cuando el fiscal Marcelo Soza hizo al diario La Estrella del Oriente para que identifique al periodista que entrevistó a Alejandro Brown, uno de los imputados y prófugos del caso Rózsa, y entregue la trascripción textual de lo que ésta persona declaró al matutino de Santa Cruz.
“En el caso del video–soborno, no hay ningún avance, pero en otro caso de presunto soborno, en el que están supuestamente involucrados supuestamente asambleístas departamentales de Beni, hubo allanamientos, acciones policiales y hasta la esposa de un asambleísta ha sido detenida”, reclama Martínez.
Hace 68 días, la Presidencia de la Cámara de Diputados, dirigida por el abogado Héctor Arce, recibió una carta no difundida hasta ahora y que retrata el marco de la investigación
Por donde se vea, el caso Rózsa es un “caso raro que se maneja en el absoluto hermetismo, pero, a pesar de ello, el fiscal Soza da declaraciones cuando le da la gana”, critica el diputado Martínez.
Interrogantes
Hay muchas tesis sobre cómo llegó Rózsa al país
Desde España, el periodista Julio Alonso, quien llegó a Bolivia para sostener la tesis del terrorismo separatista, coincide en que este caso ha sido contaminado y que la investigación en Bolivia no es sencilla.
“Sinceramente este tema es fácil de seguir fuera de Bolivia, desde dentro está muy contaminado", lo que obstaculiza su esclarecimiento.
“Mi teoría, en resumen, sobre Rózsa es que lo detectaron en el último año, llevaría unos dos y medio preparando. Los del Gobierno le dejaron seguir para cazar a los financiadores (algunos de los cuales se retiraron a tiempo) y, por el otro, a los autonomistas, que eran dos grupos, se sabían con una baza y hubo quienes decidieron aguantar la papa caliente que significaba Rózsa porque los tenía dominados”.
Desde otro lado, el periodista Carlos Valverde apunta a que Rózsa “es contactado por gente del Gobierno para que venga a Santa Cruz a hacer exactamente lo que hizo y que éste tomó contacto con gente cruceña y logró convencerlos de hacer ´alguna cosa’ en Santa Cruz”.
En medio de esas versiones, el caso Rózsa ha afectado la situación de las cooperativas más importantes de Santa Cruz, la
Cooperativa de Electrificación Rural (CRE) y la Cooperativa de Telecomunicaciones (Cotas), por la pugna política que se ha desatado en la capital oriental. Es información que empieza a filtrarse, como la que ha ocurrido con el caso de Carlos Núñez del Prado, cuyo protagonismo en el operativo policial es develada por quienes tienen en su poder los vídeos. Por cierto, muy pocos.
“Mire yo también tengo las mismas interrogantes, porque son temas que hacen a la seguridad del Estado, son vídeos que se hacen públicos desde el anonimato”, había declarado el viceministro César Navarro a Los Tiempos.
Ahora, quizás las preguntas más importantes sean: ¿Rózsa fue detectado por gente del Gobierno o contactado por éste?
La investigación judicial de este caso no está concluida. Muchos cabos están sueltos, como el de España que pudo haber sido un puente para la acción del grupo Rózsa, y otras pistas han surgido, como las declaraciones del cabo Rider Condori o el forense Rafael Vargas que plantean que Arpad Magyarosi fue eliminado sin que haya podido usar un arma de fuego.
Y en medio de tanto misterio hay una sola certeza: Rózsa no puede resucitar.
Los Tiempos