Mojones de plastilina

image

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. Los Tiempos: LA LEGALIZACIÓN DE VEHÍCULOS INDOCUMENTADOS

  2. El Deber: Automotores ilegales

  3. Cambio: Una muestra de grandeza

  4. La Prensa: ¡Finalmente!

  5. El Diario: ¿Asambleístas en la cárcel?

  6. El Mundo: Herencia nociva

  7. Clarín, Argentina:

  8. El Día: Bolítica

  9. El Día: Mojones de plastilina

  10. El Día: La pobreza de los niños

  11. El Día: La silla vacía en Washington

  12. El Día: El doble discurso de Hugo Chávez y las FARC

  13. El Día: Bolítica

  14. El Día: Ingratas coincidencias

  15. El Día: El bebé de Rosmery

  16. El Día: La desintegración de la Policía

  17. El Día: Juan Pablo II y la esencia histórica de Iberoamérica

  18. El Día: Bolítica

  19. El Día: La historia de Hitler

  20. El Día: Falla la ‘otra economía

  21. El Día: Sin miedo frente a las urnas


Los Tiempos: LA LEGALIZACIÓN DE VEHÍCULOS INDOCUMENTADOS

Todos los gobiernos que decidieron "legalizar los autos chutos" sostuvieron similares argumentos y el resultado fue siempre el mismo



Salvo que el Ministerio de Economía y Finanzas objete con el apoyo del Primer Mandatario, probablemente en la siguiente semana la Asamblea Legislativa aprobará una ley para legalizar los vehículos que han ingresado de contrabando y violando el DS 29836, promulgado por este Gobierno, que prohíbe el ingreso de vehículos con más de cinco años de antigüedad.

El libreto alabado por quienes apoyan este proyecto señala, como principal argumento que estos vehículos, una vez legalizados, comenzarán a "tributar para generar recursos para el Estado", por lo que no se trataría de una "legitimación del contrabando" como han señalado representantes de diversos sectores, entre ellos los poderosos sindicatos del autotransporte.

Sin embargo, a criterio de los senadores del MAS "para nada se trata de una política permanente sino de una actuación única, para poner a partir de aquí un punto final a todo este tema de manejo de autos indocumentados y luego de la aprobación de esa ley, se tengan claros los plazos, las multas y los mecanismos para que los autos chutos dejen de existir en nuestro país".

Además, han asegurado que aprobada la ley y legalizados los actuales vehículos ilegales, se procederá a incautar a nuevos vehículos indocumentados.

Cabe recordar que todos los gobiernos que decidieron "legalizar los autos chutos" sostuvieron similares argumentos y el resultado es que siempre llegan nuevas unidades de contrabando. Pero, cuando el Gobierno promulgó el DS 29836 y actuó en forma drástica, muchos creyeron que la política de control del contrabando en este rubro sería duradera. Por ello, la reversión de esa política de cero tolerancia al contrabando de vehículos -que fue aplaudida en su momentos, por cuanto se necesitaba mucha determinación para hacerlo- para satisfacción de los propietarios de los entre 5.000 (según cálculos de senadores del MAS) y 90.000 vehículos (según la confederación del sector y las cámaras empresariales) que en este momento están esperando ansiosamente que la norma sea promulgada.

¿Cómo explicar esta propuesta de retroceso que, si se concreta, recordará mucho al "gasolinazo" de 2010? De acuerdo a los entendidos hay dos vertientes para encontrar las verdaderas razones que motivan esta iniciativa. La más tradicional es que el Tesoro General de la Nación requiere dinero contante y sonante para cumplir los diversos compromisos adquiridos y algunas erogaciones a las que ha acostumbrado la colaboración venezolana, la que parecería que se ha reducido drásticamente.

La segunda, que hay fuertes grupos de presión que obligan a los dirigentes del MAS a tramitar normas como la que se comenta.

No en vano se calcula que una gran mayoría de estos vehículos se encuentran en el trópico cochabambino, en las zonas fronterizas con Chile y Perú, y en varios lugares del oriente donde se están desarrollando una serie de actividades de copamiento territorial a cargo del Estado. Por tanto, esta norma respondería a necesidad de satisfacer a actuales y potenciales adherentes políticos.

Cualquier sea la razón, empero, lo cierto es que de aprobarse esta norma se habrá dado un nuevo mal mensaje a la ciudadanía de no cumplimiento de la ley, que será, más allá de los probables recursos que recaude el Estado, su principal legado.

Ir al Indice

El Deber: Automotores ilegales

El Gobierno del presidente Evo Morales acaba de anunciar que ha decidido hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores: otorgar una amnistía para los automotores que ingresaron al país de contrabando, pasando por encima de la Aduana y la Policía.

Esta vez, la medida viene a romper un muy buen récord que tenía el Gobierno en esta materia, al haber prohibido la importación de vehículos con más de cinco años de antigüedad y haber rechazado, con inusual dureza, todas las solicitudes hechas desde entonces por parte de los importadores.

Pero esta decisión viene a mostrar que, como dice la sentencia popular, la necesidad tiene cara de hereje. El Gobierno, en efecto, necesita de recursos para cubrir todos los huecos que se le han abierto en el manejo de la economía nacional.

Por lo tanto, ahora acude a este recurso que también sirvió a anteriores gobiernos, aunque aquellos no tuvieron, ni de lejos, los ingresos que tiene el actual debido a los altos precios de las materias primas. Como lo habían hecho los anteriores gobiernos, el actual también dice que esta amnistía será “por única vez”.

Aparte de confirmar que todos los gobiernos, de cualquier color o tendencia, necesitan usar incluso los recursos que son generados por su propia inoperancia, al no poder controlar el ingreso del contrabando, este hecho desnuda la gravedad del estado en que están las fronteras.

Al conocerse la decisión que estamos comentando, se reveló también que algunos ayllus del altiplano tienen un “cupo” de autos ilegales que pueden importar para usarlos en la región, por supuesto que sin papeles ni placas de identificación.

En este ejercicio de descubrir todas las debilidades y pecados del Estado boliviano, el hasta hace poco viceministro Gonzalo Torrico, reveló que los policías suelen “comprar” los puestos donde quieren servir, ya sea en las áreas rurales como en las ciudades. Pagan a sus superiores para que se les cambie de trabajo y así eligen estar en los lugares donde más dinero pueden captar a través de la corrupción.

Esta revelación se produce cuando la Policía está en crisis, tan grave que ha obligado al presidente Evo Morales a destituir al comandante, Ciro Farfán, sospechoso de ser el propietario de una camioneta con documentación clonada que habría sido robada en Paraguay. Y cuando ha sido intervenida la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

A juzgar por la cantidad de automotores ilegales que el Gobierno calcula incluir en la amnistía, unos 50.000, el ritmo de ingreso del contrabando no ha disminuido ni siquiera con la prohibición referida a la antigüedad de los modelos. Esto último tenía que ver con el cuidado del medio ambiente, porque se supone que los automotores antiguos contaminan el aire. Todo eso ahora ha sido olvidado. También se ha olvidado que se trataba de evitar que aumente mucho el consumo de gasolina, uno de los carburantes que Bolivia importa.

La frontera con Chile es una coladora por la que ingresan al país, todos los días, a veces hasta 50 por día, los vehículos que en Bolivia están, supuestamente prohibidos.

Amnistiar dichos motorizados, es decir olvidar que fueron internados de manera ilegal, es admitir que el Estado boliviano no tiene control sobre el territorio que ocupa.

Ir al Indice

Cambio: Una muestra de grandeza

El Tribunal Supremo Electoral presentó ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para modificar el artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral con el fin de levantar las restricciones a los candidatos a magistrados del Órgano Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional, y la difusión de información por parte de los medios de comunicación. Esta solicitud fue oficializada luego de que el presidente Evo Morales Ayma propusiera a la Asamblea Legislativa Plurinacional esa reforma.

Es decir, la propuesta de modificación del artículo 82 de la ley electoral será debatida en el seno del Órgano Legislativo para despejar todas las dudas que pudiera haber generado en torno a la plena vigencia de la libertad de expresión durante el proceso de preselección de los candidatos para la elección —mediante voto popular— de los nuevos administradores de justicia.

A todas luces, el pedido de Morales constituye una muestra de la grandeza del Primer Mandatario, ya que no sólo es la ratificación de su incuestionable apego a la democracia, sino el ejercicio de su compromiso de gobernar obedeciendo al pueblo, ya que las organizaciones de periodistas que demandaron la modificación del artículo 82 —que supuestamente violaba la libertad de expresión y de prensa— son parte de ese pueblo, más allá de la ideología y la representatividad gremial y política que pudieran tener.

"Estoy proponiendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional modificar el artículo 82 para reforzar y garantizar la mayor información, por tanto la participación del pueblo boliviano", dijo Morales respecto del proceso eleccionario de autoridades judiciales del domingo 16 de octubre próximo, histórica cita con las urnas que despolitizará la justicia boliviana y transparentará una elección que con su voto sentenciará el pueblo.

En ese contexto, una de las principales organizaciones que aglutina a periodistas que se opuso a la vigencia del referido artículo, la Asociación de Periodistas de La Paz, a través de su fiscal General, Antonio Vargas, expresó su reconocimiento a la determinación del Jefe de Estado. "El presidente Morales muestra, más allá de cualquier posición política e ideológica, la grandeza de reconocer que esa ley estuvo mal hecha, por lo menos a lo que hace el artículo 82", destacó Vargas.

Sin embargo, que el referido artículo prohibía a los postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda en los medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o espacios públicos y a emitir opiniones a su favor o en contra de otros candidatos o conceder entrevistas, no atentaba en contra de la libertad de expresión sino que reglamentaba un proceso eleccionario que por sus peculiaridades es imprescindible que se lleve adelante sin injerencia política de ninguna naturaleza.

El artículo 82 sellaba que la elección judicial sea transparente, que los postulantes tengan las mismas oportunidades para que el pueblo conozca sus méritos —y vote por ellos— en el marco del principio de igualdad garantizado por la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral. Es decir, el derecho a la información nunca estuvo en peligro porque el espíritu de la norma apunta a evitar que se desate una campaña electoral donde los candidatos sean patrocinados por partidos políticos con nexos a intereses económicos que siempre cuotearon la justicia.

En ese contexto, una vez que el artículo en cuestión sea modificado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, los medios de comunicación estaremos obligados a guardar una conducta ejemplar de imparcialidad hacia los candidatos y alejada de cualquier injerencia política, porque no se trata de una elección más sino de encarar el desafío histórico de despolitizar la administración de justicia para sepultar el tradicional cuoteo y, principalmente, ponernos a la altura del pueblo.

Los medios estamos obligados a guardar una conducta ejemplar de imparcialidad, lejos de cualquier injerencia política. En octubre no será una elección más sino del desafío histórico para despolitizar la administración de justicia.

Ir al Indice

La Prensa: ¡Finalmente!

La humildad y sinceridad con la que el Presidente se ha manifestado ante el país son destacables. Quienes quedan en figurillas son los defensores a ultranza de lo que era indefendible.

Finalmente se ha entendido el elemento esencial de la libertad de expresión y el acceso a la información. Esta libertad, o derecho fundamental, consagrado en la Constitución Política del Estado no ha sido redactada en favor de los medios de comunicación o del gremio de periodistas, quienes cumplen simplemente la función de informar a la ciudadanía sobre aspectos de interés relevantes, sino que es propia y exclusiva de la ciudadanía.

No eran, necesariamente, las empresas de difusión de noticias las que exigían la derogación del artículo 82 de la Ley Electoral, el mismo que prohibía, entre otros, a los medios de comunicación difundir información diferente a aquella provista por la Corte Nacional Electoral, imposibilitada de hacer cualquier tipo de campaña o publicidad para los postulantes e, inclusive, negaba la generación de debates o entrevistas públicas, impedía la revelación de información de cualquier naturaleza relacionada a los candidatos. Todo esto bajo un régimen disciplinario en caso de incumplimiento. Al contrario, ha sido el pueblo boliviano en su conjunto el que ha condenado este extremo, toda vez que sobre los hombres y mujeres de la calle pesa la inmensa responsabilidad de escoger idóneos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Agrario mediante el sufragio popular.

?Escuchando a ustedes, a los medios, escuchando a los analistas, escuchando al pueblo boliviano, escuchando inclusive al Tribunal Supremo Electoral, ustedes, sus representantes, se reunieron ayer con el TSE, pero también escuchando algunas sugerencias, estoy sugiriendo, proponiendo, a la Asamblea Legislativa Plurinacional modificar el artículo 82 para reforzar y garantizar la mayor información y, por tanto, la participación del pueblo boliviano?, ha expresado el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia al referirse a la histórica elección de la cúpula del sistema judicial de la nación.

Ha pesado la sabiduría del Primer Mandatario y la correcta lectura que éste realiza del problema que ha concernido a Bolivia estos últimos meses. Este razonamiento devuelve ?en la medida en que se derogue o modifique el citado artículo? lo que pensamos que estaba perdido, la legitimidad de las elecciones de nuestros futuros magistrados. La humildad y sinceridad con la que el Presidente se ha manifestado ante el país son destacables. Quienes quedan en figurillas son los defensores a ultranza de lo que era indefendible. Los últimos meses hemos escuchado innumerables análisis por parte de legisladores y personeros del Ejecutivo vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) justificando con tecnicismos una disposición que vulneraba derechos fundamentales de las personas. ¿Tendrán la hidalguía de reconocer que estaban errados o se atreverán a desdecir al Jefazo?

Algunos miembros del oficialismo deberían aprender a hacer algo que el Jefe de Estado les ha enseñado con este motivo, escuchar. Si éstos hubiesen agudizado el oído, bajando sus estandartes y escudos, y hubieran atendido el clamor del pueblo, podrían haber viabilizado las elecciones sin la generación de tanta susceptibilidad.

Cabe esperar ahora que la Asamblea Legislativa Plurinacional llene los curules de oficialismo y oposición, y que en armonía, legisle conforme exige y demanda la Constitución Política del Estado. Después de ello, a las urnas, festejando lo que puede ser la elección más importante de nuestra historia democrática.

Ir al Indice

El Diario: ¿Asambleístas en la cárcel?

Las posiciones que buscan cambios por parte del Gobierno, muestran acciones más peregrinas e irresponsables en el país. Las autonomías, para un correcto funcionamiento, deben contar con libertad de gestión y, como consecuencia, las Asambleas Departamentales tienen que contar con las garantías para el ejercicio de sus funciones; de otro modo, si deben obedecer órdenes del poder central del Gobierno del país, querrá decir que hay la intención de actuar dictatorialmente y sin apego ni respeto a la Constitución y las leyes.

El Presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz por disposición del juez fue encarcelado, dizque por no haber cumplido disposiciones para la toma de posesión de su cargo de un representante. Las explicaciones de las partes fueron clarificantes; pero el juez obró precipitadamente por creer que así debe manejar el caso y sin tomar en cuenta que está referido a la institucionalidad departamental que debería merecer tratamiento especial, apegado a las leyes, pero concordante con las disposiciones autonómicas y con la independencia que debe tener la Asamblea.

Hay reglas y condiciones precisas para el desempeño de funciones en una Asamblea Departamental; ajustarse a ellas es lo más conveniente y legal; pero atacar por los flancos de la ilegalidad y la prepotencia derechos consagrados por el voto popular, no corresponde. De seguir con estas posiciones arbitrarias, se podrá esperar también que en otros organismos semejantes del país puedan ocurrir abusos similares tan sólo porque así conviene al partido de gobierno o a cualquier grupo o facción que sea parte de la Asamblea.

En pocos meses más habremos cumplido veintinueve años de vivir en continua democracia; pero en los hechos, en muchos hechos, parece que siguen los apegos a costumbres dictatoriales, por las cuales la “autoridad suprema” dispone de todo a su arbitrio y las personas y las instituciones tienen que estar acordes con la voluntad de quien tiene poder político, económico y social. Es lamentable que en tanto tiempo de ejercicio de la democracia aún no se haya entendido sus verdaderos alcances y, sobre todo, que ella implica respeto a la Constitución y las leyes que son bases de toda convivencia.

La Asamblea de Santa Cruz y las restantes del país, por principio y fin, deben gozar de independencia mientras sus actos estén supeditados al cumplimiento de la Constitución; pero mientras no se haya demostrado categórica y terminantemente que se las ha violentado, no se puede asumir posiciones radicales, como la de privar de libertad a uno de sus miembros (en este caso, su presidente). Quienes acusan están obligados a demostrar la culpabilidad y con esas pruebas aplicar las leyes; entretanto, por principio constitucional, es totalmente inocente hasta que se demuestre lo contrario.

La forma como se ha tratado este caso daría lugar a creer que se está aplicando la “justicia comunitaria” mal entendida, la que actúa instintivamente y bajo presión popular. Esa misma justicia tiene que estar basada en principios de conciencia y respeto a los derechos de quienes se los cree culpables. El Gobierno, tan influyente y cuya palabra es decisiva para los otros poderes, tendrá que actuar con más serenidad y sentido de equidad y ecuanimidad; de otro modo, sólo mostraría inclinación a sistemas que son propios de dictaduras.

Ir al Indice

El Mundo: Herencia nociva

El Gobernador de Cochabamba ha afirmado que el tema del narcotráfico es una actividad ilícita que se ha heredado de los gobiernos anteriores, incluyendo los de dictadura.

La afirmación no resulta una novedad ya que en retiradas oportunidades se ha mencionado a nuestro país como centro de la actividad del narcotráfico en Sudamérica, especialmente en el tema relacionado con la cocaína.

Lo ininteresante es que el gobernador ha omitido el hecho de que mientras durante los gobiernos dictatoriales las incautaciones realzadas por la DEA y los organismos del Estado relacionados con el control, incautaban fabricas que en el más grave de los casos eran capaces de producir un par de kilos al mes, hoy se habla de toneladas.

En otras palabras, la herencia del pasado ha podido ser perfeccionada por el Gobierno actual, hasta llegar al caso de exportar con contenedores que se llevan toneladas.

Deliberadamente, el señor Edmundo Novillo ha omitido los datos que se manejan alrededor del tema y que han hecho que el negocio pase a ser un problema económico de gran magnitud.

Todavía recordamos que los tambores de coca eran trasladados por sendas en el monte, por los mismos productores que se trasladaban a pie por los caminos del Chapare, hoy el traslado no se hace más por ese medio ya que las actividades de producción se han multiplicado y necesitan de un mayor esfuerzo de los agricultores que ya no pueden distraer su tiempo en el traslado que se lo realiza en modernas avionetas.

Tampoco hemos vuelto a escuchar de los pisadores que se encargaban de pisar las hojas en las piscinas de maceración para acelerar el procedimiento.

Compartimos el criterio de que esa actividad no es nueva, pero podemos asegurar que debido al crecimiento que se ha venido manifestando el problema, el presidente de las organizaciones de cocaleros han llevado a un momento en que se ha diversificado la actividad de tal manera que los ajustes de cuentas se han convertido en un tema frecuente de la información policial y en muchos casos se trata de personas que se han especializado en la tarea y que repiten la experiencia en otros lugares del país.

La verdad es que no se trata más de algunos casos contados sino que se ha intensificado de tal manera que es un movimiento que mueve miles de dólares que se han constituido en parte del manejo económico del país.

Algunos proyectos que en el pasado pudieron servir para disminuir la producción hoy serían inviables, por la necesidad de una cantidad grande de recursos, que el tiempo de la operación seria más elevado y ahora habría que incorporar un número mayor de personas.

Por otra parte, no pueda considerarse de un tema que resulte satisfactorio ya que se trata de un delito a nivel internacional y su presencias ha dado lugar a la creación de organizaciones especializadas en le hallazgo de las factorías y el control de las plantaciones excedentarias.

Se debe coincidir en que sacar a la DEA del país no fue una solución ya que por su experiencia el citado organismo se encuentra capacitado para realizar operaciones en todo el mundo, como la que permitió la detención del general que operaba desde le Ministerio de Gobierno.

Justificara el hecho para mantener su vigencia resulta una irresponsabilidad que se debe combatir, se trata de defender el prestigio del país y por consiguiente de su autoridades que no pueden justificar el problema tratando de explicar su origen.

Ir al Indice

Opinión:

Ir al Indice

Clarín, Argentina:

Ir al Indice

El Día: Bolítica

Se atropellaron las leyes,  la Constitución, los estatutos con el único propósito de tomar la Asamblea Legislativa Departamental. Lo que el MAS perdió con el voto quiere tomarlo por la fuerza, con una justicia controlada por el gobierno".

Rubén Costas
Gobernador de Santa Cruz


Se dice que: El gobernador Rubén Costas, luego de conocer los resultados de la sesión de la Asamblea Departamental, que pone al MAS en mayoría, dijo que desde esa instancia se producirá un golpe de estado contra la autonomía.


Rosmery Gutiérrez no representa al pueblo yuracaré, ellos la desconocen porque no vive en el pueblo. Están llegando a Santa Cruz los verdaderos yuracarés a reclamar un curul para el pueblo mojeño y otro distinto para el yuracaré".

José Luis Blanco
"Buita Matata" (Gran Cacique) del Pueblo Yuracaré

Ir al Indice

El Día: Mojones de plastilina

En los últimos días se ha estado hablando de flan, plastilina y también de mantequilla. Han usado estos términos para referirse a lo que quedó de la otrora aguerrida dirigencia cruceña, esa que levantó los mojones de la autonomía y los plantó en toda la región y en muchas partes del país. Algunos siguen creyendo que Santa Cruz puede ser oposición o tal vez dar señales de resistencia frente al avasallamiento autoritario del régimen gobernante. Lo triste no es que sigan multiplicándose los gestos de sumisión y cobardía frente a la imposición, sino que la gente continúe creyendo que en el departamento todavía hay líderes capaces, por lo menos, de defender los medios de vida y de producción de los dos millones de ciudadanos que habitan esta tierra. Alguien tiene que dejar las cosas en claro y firmar la capitulación de una vez por todas, de frente al pueblo y sin tapujos. No le hace nada bien a la democracia seguir con esta impostura regional de frases trilladas y discursos baratos que insisten que en que “no lograrán arrodillarnos”. Hace mucho que estamos besando el suelo y hace mucho que debimos cambiar esos mojones de “cuchi”, por postes de plastilina o mantequilla.

Ir al Indice

El Día: La pobreza de los niños

En los últimos años Bolivia ha dado importantes pasos en la lucha contra la pobreza extrema, esfuerzos que han merecido el reconocimiento internacional y han permitido entre otros logros, una notoria disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil, a la sazón indicadores de calidad de vida de los grupos más vulnerables de la sociedad boliviana: las mujeres y los niños. Sin embargo, resulta sensato reconocer que todavía queda mucho por hacer en contra de la pobreza en general, y en especial de la pobreza con rostro de niño, que además de mostrar en toda su magnitud la insuficiencia de lo realizado hasta ahora, perfila la dramática perspectiva del llamado futuro de Bolivia.

El reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sobre la pobreza infantil en América Latina y el Caribe, viene a confirmar el hecho que el desafío prioritario de los gobiernos de la región estriba en atacar las causas primigenias que provocan las dolorosas características de la pobreza infantil, justamente porque la riqueza de sus recursos humanos del futuro está en entredicho. Como una dura bofetada a cualquier pose triunfalista sobre este tema, el informe de la CEPAL resulta lapidario: Bolivia se encuentra entre aquellos países que evidencian mayor pobreza infantil.

Esto significa que en el país no se están cumpliendo a cabalidad las instructivas de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, que toma en cuenta factores básicos como la nutrición, el acceso al agua potable, conexión a servicios de saneamiento, la calidad de la vivienda, el número de personas por habitación, la asistencia a la escuela y el acceso a los medios de comunicación e información. Resulta obvio que la insuficiencia de la satisfacción de estas necesidades fundamentales contribuye a un empeoramiento de la situación de pobreza y exclusión social, lo que muestra en última instancia la inmensa tarea pendiente gubernamental.

Para superar las dramáticas características de la pobreza infantil en Bolivia, hará falta un sostenido y sincero esfuerzo por la pacificación del país, de manera que se llegue a una fructífera concertación oposición-oficialismo para impulsar políticas públicas dirigidas a la inversión en la infancia, la reducción de las persistentes desigualdades económicas, territoriales, étnicas y de género, con énfasis en el aliento a la producción, con estímulo a la inversión privada, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad particular. El reto para el Gobierno consiste en que todas las intervenciones públicas a nivel multisectorial estén dirigidas a eliminar la pobreza infantil, para el consiguiente beneficio colectivo.

Conviene advertir que no se trata tan sólo de integrar las políticas sociales, las de empleo y las macroeconómicas, de buscar soluciones integrales para la convivencia civilizada de las opciones políticas en el escenario económico social, sino sobre todo de asignar mayores recursos para promover los derechos de la infancia, asegurar un entorno protector, con mayor provisión y calidad de los servicios básicos y la ampliación de los sistemas de protección social. Se trata de desarrollar tareas multidiversas para beneficio del colectivo nacional, con énfasis en la infancia, cuyos indicadores de calidad de vida reflejan que aún prevalece la retórica sobre la acción.

Resulta sensato reconocer que todavía queda mucho por hacer en contra de la pobreza en general, y en especial de la pobreza con rostro de niño.

Ir al Indice

El Día: La silla vacía en Washington

La anunciada salida del jefe de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela, ha dado lugar a un debate en Washington acerca de quién debería reemplazarlo, y si debería haber un cambio en las políticas de Estados Unidos hacia América Latina.

Valenzuela, un profesor de la Universidad de Georgetown, nacido en Chile que fue confirmado en su cargo en noviembre del 2009 tras una larga lucha por su ratificación en el Senado, ha anunciado que dejará su cargo en pocas semanas para regresar a la vida académica. El funcionario había sido blanco de duras críticas de los republicanos en el Congreso.

Su súbita partida ha desencadenado un debate acerca de si debe ser reemplazado por un diplomático de carrera, que tendría más experiencia y mejores posibilidades de ser confirmado por el Senado, o por otro designado político, como Valenzuela, que tendría la ventaja de estar más cerca de la Secretaria de Estado y de la Casa Blanca.

Entre los diplomáticos de carrera, fuentes legislativas y diplomáticas me dicen que los nombres que más circulan como posibles sucesores de Valenzuela son los embajadores William Brownfield y Anne W. Patterson.

Brownfield es el jefe de la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado, y fue embajador en Colombia, Venezuela y Chile. Patterson fue embajadora en Pakistán, embajadora interina ante las Naciones Unidas, y también fue embajadora en Colombia y El Salvador, además de ser la vice-encargada de asuntos latinoamericanos a mediados de la década de 1990.

Pero el problema es que Brownfield fue nombrado hace apenas cuatro meses en su cargo actual en la Oficina Internacional de Narcóticos, que tiene el mismo rango que el puesto de Valenzuela en la burocracia del Departamento de Estado. Sacarlo de allí en este momento enviaría un mensaje equivocado a la burocracia antidrogas de Estados Unidos, me dicen algunos de sus colegas.

Y la embajadora Patterson está actualmente entre los funcionarios más importantes a cargo de las relaciones de Estados Unidos con Egipto, y probablemente sea designada embajadora en Egipto, una prioridad de la política exterior estadounidense en estos momentos. No será fácil sacar a ninguno de los dos de sus cargos actuales, me aseguran fuentes diplomáticas.

Otros funcionarios de carrera que se mencionan son la embajadora en Tailandia, Christy Kenney, que ha sido embajadora en Ecuador y también estuvo destacada en Argentina y en Jamaica, y que además es la esposa de Brownfield; Roberta S. Jacobson, la actual vice-encargada de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado, y que fue directora de asuntos mexicanos, ocupó un alto cargo en la embajada estadounidense en Perú, y fue coordinadora de asuntos cubanos; y el actual embajador en Colombia, Michael McKinley.

Entre los posibles designados políticos, que no pertenecen a la burocracia del Departamento de Estado, hay menos candidatos. Dos de los principales candidatos para el puesto, el ex asesor de asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca Nelson Cunningham, y el actual subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Francisco Sánchez, les han dicho a varios amigos que no están interesados en el cargo.

Los partidarios de la idea de designar a un funcionario político — no de carrera — argumentan que algunos de los temas más críticos de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica —como los acuerdos de libre comercio con Colombia y Panamá, que aun no han sido ratificados por el Congreso estadounidense — requieren la designación de alguien con buenas conexiones políticas en Washington, mas que con gran conocimiento de la región.

Pero los partidarios de nombrar un funcionario de carrera dicen que el gobierno de Obama debería evitar otra larga lucha política con el Congreso, como la que debió enfrentar para lograr la confirmación en el cargo de Valenzuela hace dos años. Ahora que los republicanos han incrementado su representación en el Congreso, senadores republicanos de línea dura, como Jim DeMint, de Carolina del Sur, y Marco Rubio, de Florida, se sentirán aun más envalentonados para trabar la nominación de un demócrata de centro-izquierda para ese puesto, dicen fuentes bien situadas de ambos partidos.

Mi opinión: si no hay sorpresas, lo más probable que Valenzuela sea reemplazado por un funcionario de carrera del Departamento de Estado — hoy por hoy el que más suena es Brownfield — entre otras cosas porque el gobierno de Obama necesitará que el funcionario que ocupe la silla de Valenzuela sea confirmado por el Senado lo más pronto posible, para poder iniciar los preparativos para la Cumbre de las Américas que se celebrará en Cartagena, Colombia, en abril del 2012.

¿Cambiará algo la designación de un nuevo jefe de asuntos latinoamericanos en la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica? Lo ideal sería que sí. En una próxima columna les diré por qué.

Ir al Indice

El Día: El doble discurso de Hugo Chávez y las FARC

El respetado Instituto Internacional de Estudios Estratégicos acaba de publicar, en Londres, una obra de investigación y análisis que no deja dudas acerca de la duplicidad, la mendacidad y las vinculaciones íntimas de Hugo Chávez con la insurgencia marxista colombiana, tanto las FARC como el ELN.

No se trata de una sorpresa, sino de una confirmación. Es que Chávez se presentaba insistentemente como presunto negociador neutral interesado en la paz cuando no lo era. Peor aún, convocaba cínicamente a otros mandatarios de la región a cooperar con sus "esfuerzos", cuando, según distintas investigaciones, tenía toda suerte de conexiones íntimas con las FARC, a las que los hombres de su gobierno y sus fuerzas armadas proveían santuario, tránsito libre, documentación personal apócrifa y entrenamiento operativo, alternativas de financiamiento, posibilidades de beneficiarse con el narcotráfico, protección personal para sus dirigentes y posibilidades de comprar armas mediante contactos con proveedores extranjeros.

Tampoco quedan dudas acerca de los objetivos de su intenso quehacer político en la región, constantemente coordinado con la dictadura cubana, en abierta violación del principio de "no intervención" en los asuntos internos de otros Estados.

La lectura del trabajo comentado daña asimismo la imagen del actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuya primera campaña, de acuerdo con la documentación secuestrada a las FARC, habría recibido financiamiento de esa organización.

La obra, titulada Los Archivos de las FARC: Venezuela, Ecuador y el Archivo Secreto de Raúl Reyes, está prolijamente editada. Con rigurosidad académica y sorprendentes fotografías, sus 240 páginas cautivan de inmediato al lector. En la contratapa, un CD adjunto provee todos los textos crudos de la documentación secuestrada sobre los que la institución académica basó su labor.

La obra se basa ciertamente en el estudio de la documentación secuestrada por las fuerzas armadas colombianas en la llamada "Operación Fénix", en marzo de 2008.

Reyes tenía en su poder documentación que describía tres décadas completas de operaciones de las FARC. La autenticidad e integridad de esta documentación ha sido certificada sin reservas por Interpol. El trabajo analiza la evolución estratégica y la acción de las FARC y, con todo detalle, su intenso despliegue internacional, tanto en la región como en el resto del mundo. La vinculación con Chávez se remonta a 1992, cuando se produjo la asonada golpista de Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez, antes de su acceso al poder. Ya en 1999 la relación de Venezuela con las FARC operaba sobre la base de un detallado "memorando de entendimiento" suscripto entre la administración de Chávez y las FARC. Desde entonces, la intimidad entre ambas partes ha sido casi constante.

Entre las denuncias más graves contenidas en la obra comentada hay dos verdaderamente alarmantes. El entrenamiento en técnicas de guerrilla urbana por parte de las FARC a las milicias venezolanas provenientes de los llamados Círculos Bolivarianos y, peor, la utilización de sicarios provistos por las FARC para realizar asesinatos de opositores a Chávez en el territorio de Venezuela.

Quizás por todo esto es que Chávez finge ahora una suerte de poco creíble cambio de rumbo en virtud del cual, pese a las airadas protestas de las FARC, acaba de extraditar a Colombia a uno de los dirigentes más buscados de la organización terrorista, Joaquín Pérez Becerra.

Quizás porque sabe que, con las comprobaciones sobre su relación con las FARC, se abren para él dos caminos sumamente complejos. Uno vinculado con su papel en posibilitar el narcotráfico y el lavado de dinero, ya transitado por el ex presidente de Panamá, Manuel Noriega. Y el otro relacionado con su ahora clara complicidad con los crímenes de guerra cometidos por las FARC contra civiles inocentes, que son ciertamente delitos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado interno que azota a Colombia desde hace más de tres décadas. No sería extraño que, por esto último, el fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, lo tenga que investigar.

Los organismos regionales y los países de América Latina no pueden dejar de tener en cuenta el trabajo comentado, que deja totalmente al desnudo la tremenda falsedad y la duplicidad en el andar de Hugo Chávez, denunciando dónde está parado, más allá de las cortinas de humo. Lo revelado confirma, creemos, que el líder venezolano constituye una grave amenaza para la paz y seguridad de toda la región.

Frente a lo descripto, nuestro país debería tomar en cuenta por lo menos dos realidades. La primera confirma una vez más aquello de que la duplicidad y las manipulaciones tienen vida corta y que, al final, la verdad suele aflorar. La mendacidad ha imperado por demasiado tiempo también entre nosotros, como lo evidencia la larga convivencia de nuestra sociedad con episodios realmente escandalosos, como el del Indec. Es hora de corregir esa conducta. La segunda es que la estrecha relación que nuestro país ha mantenido durante la era kirchnerista con Venezuela, lejos de mejorar nuestra imagen exterior, la deteriora seriamente.

Ir al Indice

El Día: Bolítica

Esta situación nos obligó a cambiar al Comandante de la Policía y esperamos con el nuevo comandante y su estado mayor mejorar y superar algunas irresponsabilidades de algunos oficiales".

Evo Morales
Presidente de Bolivia


Se dice que: El Presidente de Bolivia destituyó al jefe de la Policía acusado de apoyar una mafia que falsificaba documentos de vehículos robados, en lo que ha constituido un nuevo escándalo de corrupción en la cúpula de esa institución.


Seremos inflexibles en hacer cumplir de manera puntual la Ley 101, que tiene por objeto regular el régimen disciplinario de la Policía Nacional en resguardo de la dignidad de los funcionarios policiales".

Jorge Santiesteban

Nuevo Comandante Nacional de la Policía

Ir al Indice

El Día: Ingratas coincidencias

El prestigioso periodista boliviano Harold Olmos presentó el miércoles su libro “Allá donde me sepulten nadie se arrodillará”, un recuento milimétrico y perfectamente documentado sobre el “caso Rózsa”. Este informe periodístico delata con lujo de detalles el plan que armó el régimen de Evo Morales para desestabilizar a la oposición política que había encontrado en Santa Cruz su punta de lanza. Durante la ceremonia de presentación del libro, realizada en el Club Social 24 de Septiembre, circuló entre la concurrencia el dato sobre la destitución del comandante nacional de la Policía, Ciro Farfán y la posesión del sustituto, el general Jorge Santiesteban. Este oficial era el jefe de inteligencia cuando se produjo la matanza del hotel Las Américas, donde fueron ejecutados Eduardo Rózsa Flores y otros dos extranjeros. Él condujo el operativo policial aquella fatídica madrugada en la que actuaron también varios agentes del Gobierno que más tarde fueron acusados de “plantar” pruebas, sobornar testigos y armar un gran complot contra la dirigencia cruceña. Santiesteban fue destituido meses después en castigo por la fuga del ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Su premio no tardó en llegar.

Ir al Indice

El Día: El bebé de Rosmery

Pido disculpas a Roman Polanski y su filme de horror demoníaco de 1968, “El bebé de Rosemary”, pero yo asocio el engendro étnico “yuracaré-mojeño” con el bebé de Rosmery Gutiérrez, mezcla de una y otra etnia, de nombre blancoide, oriunda de Puerto Villarroel, departamento de Cochabamba. El meollo es la pretensión del partido de gobierno de arrebatar un curul a la oposición en la Asamblea Legislativa del departamento de Santa Cruz.

Las implicaciones son un platillo que solo se puede digerir aderezado con una salsa picante de sardonia. Uno, ¿viene al caso que Yuracarés y mojeños hayan caminado juntos en la Marcha de los pueblos originarios del oriente boliviano por el Territorio y la Dignidad, en 1990? También marchaban Esse-Ejja, Tacanas, Chimanes, etc., sin que ello signifique que apareamientos entre ellos multipliquen las etnias o “nacionalidades” reconocidas en la Constitución de La Calancha.

Dos, nadie mejor que el lingüista Xavier Albó, autor de un sesudo estudio sobre las mil caras del quechua, para confluir en que si la lengua es un aspecto principal de la identidad étnica, el “yuracaré” es un lenguaje aislado según Loukotka, que nada tiene que ver con el grupo lingüístico Mojo de stock arawako. La Asamblea Legislativa cruceña reconoce a los mojeños como uno de sus pueblos originarios con derecho a curul, no a los Yuracaré-mojeño, ni a las combinaciones ad infinitum de nuevas “nacionalidades” híbridas. Tales engendros son sustento de que Bolivia es mayormente mestiza.    

 
Tres, la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 consolidó el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), la frontera entre pueblos originarios de tierras bajas –Trinitarios (de origen mojeño), Yuquis y Yuracarés- y los cocaleros del Chapare. Puerto Villarroel es una población donde toman contacto “urbano” –y lo que ello implica en presencia estatal y servicios asistenciales- indígenas de tierras bajas y cocaleros chapareños. La frase “que los indígenas no nos hagan renegar” define la actitud de estos últimos, grupo privilegiado de arrimados dedicados al cultivo de la coca y cobijados en su jefe máximo, que también es Presidente de “todos” los bolivianos. Fue una amenaza proferida por un senador cocalero del partido de gobierno, contra los Trinitarios (de origen Mojeño), Yuqui y Yuracaré, que se oponen al desborde de la frontera de la coca al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) con la carretera “transcocaleira”. ¿Quizá la migración del pueblo Yuracaré hacia tierras cruceñas de mojeños tiene que ver con irse a “regiones de refugio” lejos de los cocaleros?

El trasfondo es una típica cachaña política del régimen de Evo Morales, dentro su campaña para anular a la oposición. No es cuestión solo de subyugar cambas autonomistas en una Media Luna opositora, que incluye a chapacos que poco comen masaco. Empezó con la invasión de Pando y el cautiverio sin sentencia ni presunción de inocencia de su gobernador. Prosiguió con el acoso judicial de mandos electos en Chuquisaca. En Cochabamba comprar vehículos nuevos y en Potosí adquirirlos usados neutralizaron opositores elegidos en democracia. Luego le tocó el turno al gobernador de Tarija, que se exilió en Paraguay. Miren lo que pasó al otrora leal aliado sin miedo en el departamento de La Paz. Hoy aplican banderillas sangrantes al torete beniano: ya tenía clavada una de cuarto millón de fianza y arraigo; ahora le chantaron otra de cincuenta mil y arresto domiciliario.

No es poca cosa lo que se juega. Tomar la fortaleza cruceña es lo único que falta en este adiós a la democracia representativa de equilibrio de poderes y alternancia presidencial. La meta es un Estado Plurinacional autocrático, con Poder Legislativo de levanta-manos, un Poder Judicial sumiso y estamentos electorales y constitucionales cooptados.

Para mí, la principal implicancia es que el fundamento mismo del régimen de Evo Morales –la tan mentada plurinacionalidad- está siendo minada desde adentro por el apetito político. Es clara demostración de que la cantonización de Bolivia mediante un engendro basado en 36 nacionalidades “originarias”, es subalterna a la autocracia política en ciernes, a la centralización que niega la autonomía regional, y a la hegemonía aimara-céntrica.   

Causan sorna los charlatanes de ferias pueblerinas, que sacan de una canasta a una inofensiva e infeliz boa, para reunir a bobalicones atraídos por los curalotodos que ofrecen. De cuando en cuando profieren la frase “¡no me pise la víbora!”, cuando la montonera se distrae del reptil. 

La multicolor boa es la tan mentada plurinacionalidad, hoy mellada desde el oficialismo. El blablá de los “pajpakus” evoca la retórica y la propaganda gubernamentales, incluidas la cizaña presidencial y la sabihondez vicepresidencial. Los incautos boquiabiertos son los bolivianos, tanto los cooptados con pegas en un sector público duplicado en cuatro años –casi 70.000 votos seguros para las próximas elecciones,  piensan los estrategas del gobierno- como los miles a los que la desilusión con el actual régimen ha entrado por la barriga, después que la chambonada del “gasolinerazo” abrió la puerta a la inflación y volteó su patuleca estantería de control de precios.

¿Cuajará el engendro de la nueva nacionalidad étnica en el escenario cruceño, donde el mestizaje ha sido respetado, si no incentivado? Si así fuera, ojalá que reconociendo a la mayoría mestiza del país.
 

Ir al Indice

El Día: La desintegración de la Policía

Ciro Farfán ha sido destituido de la comandancia de la Policía Boliviana luego de un estruendoso caso de corrupción. Apenas estuvo en el cargo dos meses y ocho días. Farfán asumió ese cargo en medio de otro escándalo que tuvo como epicentro al general  René Sanabria. En esos días comenzaron a granear los hechos de policías y oficiales envueltos en bandas delincuenciales y el presidente Morales le encargó al nuevo jefe limpiar la institución en un plazo de 90 días. Farfán no sólo incumplió con la tarea encomendada, sino que prohibió a sus subordinados hablar de corrupción policial. La orden no impidió, sin embargo, que se filtre el dato sobre una camioneta con la placa falsificada de propiedad del uniformado.

Todos los cambios y nombramientos policiales efectuados durante la gestión de Evo Morales han estado rodeados de polémica. Ciro Farfán recibió en premio ese cargo por la salvaje represión que condujo en la localidad de Caranavi, donde fueron ejecutados dos dirigentes campesinos que protestaban contra el Gobierno. Nadie que sabe que su puesto está basado en la docilidad, la connivencia y la lealtad al régimen político, tomará en serio una responsabilidad institucional de luchar contra la corrupción. Y la prueba es que Farfán no sólo se metió en el lodo confiado en la impunidad, sino que la podredumbre parece haberse incrementado en su corta gestión, tal como lo demuestra la existencia de una red delincuencial de clonación de placas de automóviles enquistada en Diprove.

¿Quién sustituye a Farfán? Se llama Jorge Santiesteban, el oficial que condujo la matanza del hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 y que actuó subordinado a agentes civiles del Gobierno del MAS, que usaron a la Policía para ejecutar un macabro plan de criminalización de la dirigencia cívica y empresarial de Santa Cruz. ¿Qué moral puede tener el régimen de Evo Morales para exigirle rectitud y apego a las leyes al nuevo comandante? ¿Con qué autoridad puede el flamante jefe exigirle limpieza a los policías y oficiales a su cargo? Es obvio que dentro de la institución puede estar anidando el malestar por esta burda manipulación de los ascensos y las designaciones y por otro lado, un sentimiento de que el camino correcto es la sumisión absoluta al “proceso de cambio” y en función de eso, aprovechar lo mejor posible las ventajas de la militancia. Ese fue el razonamiento que llevó al general Sanabria a convertirse en narcotraficante y seguramente hoy seguiría enviando contenedores con droga a Chile, de no haber sido por la DEA que se le cruzó en el camino.

Mientras que la imagen de la Policía Boliviana se desintegra en este mar de corrupción, el régimen de Evo Morales se cuida las espaldas, pese a que es precisamente el responsable de esa descomposición. Aprovechándose de esta coyuntura, el Gobierno ha decidido quitarle a la Policía la responsabilidad en el otorgamiento de cédulas de identidad y licencias de conducir, lo que podría incrementar el malestar y la división dentro de la entidad. La medida, que está dirigida lógicamente a incrementar la manipulación de los registros electorales, es absolutamente irreflexiva y obviamente, muy lejos de la supuesta lucha contra la corrupción que tanto predica el Estado Plurinacional.

Nadie que sabe que su puesto está basado en la docilidad y lealtad al régimen político, tomará en serio la responsabilidad de luchar contra la corrupción. Y la prueba es que Farfán no sólo se metió en el lodo confiado en la impunidad, sino que la podredumbre parece haberse incrementado en su corta gestión, con la red delincuencial de clonación de placas de automóviles.

Ir al Indice

El Día: Juan Pablo II y la esencia histórica de Iberoamérica

Frecuentemente se hace mención a la influencia determinante que la palabra y las orientaciones espirituales de Juan Pablo II han ejercido sobre los grandes cambios históricos acaecidos en la Europa del Este, desde fines de la década del ’80 y comienzos de la siguiente.  Tales referencias son sin duda justas si bien no siempre se reconoce que ese influjo no ha respondido a una intención prioritaria o deliberada del Pontífice, ni mucho menos a la programación sistemática de una política, sino fundamentalmente al hecho de que el personaje a quien se alude nació en Polonia y a la circunstancia indiscutible de que en él se dan las condiciones de una suprema lucidez intelectual unidas a las facultades de una prodigiosa actividad pastoral, en los casi ya veinte años transcurridos desde su elección al papado.

La oportunidad histórica y el lugar de su procedencia, junto a la particular fulguración de su persona, han sido, ciertamente, los factores que han llevado al Papa a ocupar un lugar preponderante en el mundo actual.

Hay algo misterioso en el destino de la nación polaca, algo especialísimo en el vigor de su fe religiosa, sostenida a través de los siglos, frente a las mayores adversidades, que le ha permitido actuar de un modo decisivo en las transformaciones políticas ocurridas en la Europa oriental y central.  Una biografía reciente de Juan Pablo II, escrita por dos periodistas de fama internacional, Berstein y Polleti, ilumina de un modo penetrante este carácter único, sorprendente, del catolicismo en Polonia.  Este pueblo ha resistido prolongados períodos de opresión, manteniendo inquebrantable su actitud religiosa gracias a la cual ha conservado su unidad y su personalidad, en el cruce de corrientes entre el mundo eslavo y el mundo germánico, bajo el comunismo y el militarismo engendrado por éste, ante el nazismo y bajo el fuego de todas las corrientes de destrucción que han asolado las tierras situadas entre el Báltico y la línea divisoria del Vístula y el Danubio. 
La lucha por la obtención de libertades sindicales, bajo la acción carismática de Lech Walesa, se proyectó sobre toda la extensión del mundo soviético con las consecuencias que son de todos conocidas. 
Mucho se ha escrito sobre la fuerza con que pudo influir, más indirecta que directamente, la presencia espiritual del Papa polaco en los cambios que a partir de entonces se sucedieron en la Europa del Este.

Poco se ha dicho, en cambio, sobre la clara y directa influencia que Juan Pablo II ha ejercido en los países iberoamericanos para fortalecer en ellos la conciencia de que todos ellos forman una comunidad de pueblos, "una familia de naciones", como él mismo lo dijera en Montevideo, al sellarse la decisión de paz entre Argentina y Chile en 1979 después de haber llegado ambos países al borde de una situación bélica, felizmente superada gracias a la mediación papal una vez resuelta  la crisis de los canales australes, la cual pudo haber llevado a una situación tan demencial como catastrófica en el cono sur del continente.

El Papa no ha perdido ocasión, desde el comienzo de su pontificado, en cada una de sus memorables visitas a los países hispanoamericanos, para recordarles que entre todos ellos existen vínculos comunes e indestructibles, que confieren fecundidad y solidez a su cultura, y que tienen su raíz en el origen histórico, en el mestizaje, en la lengua -sea ésta el español o el portugués- y, sobre todo, en su herencia católica, desde el comienzo de la evangelización, en los siglos XVI y XVII.

Algunas frases suyas, entresacadas de los numerosos discursos y documentos publicados en ocasión de sus viajes a nuestra América, podrán ilustrar mejor que cualquier comentario acerca de su pensamiento en lo que atañe al tema del que me ocupo.

En Santo Domingo, el 12 de octubre de 1984, pronuncia un llamado a que los pueblos hermanos se reconozcan "en la unidad de una gran patria latinoamericana". 
Ya en 1979, en el documento de Puebla, en el que tan directamente se aprecia la huella de Juan Pablo II, se recogen expresiones como éstas: "Existe una originalidad histórico-cultural que llamamos América Latina", o bien, "el pueblo latinoamericano va caminado entre angustias y esperanzas, entre frustraciones y expectativas".  En otra parte se afirma:  "La fe de la Iglesia ha sellado el alma de América Latina, marcando su identidad histórica esencial y constituyéndose en la matriz cultural, de la cual nacieron los nuevos pueblos".

En Buenos Aires, en la Casa Rosada, el 6 de abril de 1987, el Papa se refiere a la necesidad de afianzar "los lazos de fraternidad existentes entre los pueblos que componen la gran familia latinoamericana".

Al celebrarse el V Centenario de la Evangelización de América, en 1992, el Papa dirigió múltiples mensajes reafirmando esos mismos conceptos.  Un testimonio de esa actitud puede recogerse, por ejemplo, en su visita a Salta, Argentina, ocasión en la que expresó lo siguiente: "Mi agradecimiento a Dios por hallarme entre vosotros es, al mismo tiempo, agradecimiento por estos siglos de evangelización de la Argentina, que aquí en Salta se hacen particularmente visibles en su continuidad con los orígenes.  En los hombres y mujeres de esta tierra, en sus costumbres y estilo de vida, hasta en su arquitectura se descubren los frutos de aquel encuentro de dos mundos, que tuvo lugar cuando llegaron los primeros españoles y entraron en contacto con los pueblos indígenas que vivían en esta región, y en particular con la cultura quechua-aimará".

¿Para qué aducir nuevos testimonios? La misma idea vibra una y otra vez en los discursos al pisar tierras de América, sea en Piura, Perú; en México; en Salto, Uruguay; en Valdivia, Chile o donde sea.  Los pueblos de raíz hispano-luso-americana pertenecen a una comunidad histórica sostenida fundamentalmente en la fe y en la cultura.  Nadie entre todos los personajes mundiales ha puesto tanto énfasis como él en poner de relieve esta circunstancia que a todos nos afecta por igual, desde México hasta el extremo sur del continente.  Si la voz del Papa ha servido para señalar nuevos rumbos y fijar los rasgos distintivos o las necesidades más apremiantes de nuestro tiempo, como ha ocurrido también en sus mensajes acerca de la defensa del medio ambiente o en torno al tránsito de la modernidad a una nueva etapa en la cultura de Occidente o cuando ha hablado de los abusos tanto del estatismo como de un individualismo extremado o los que trae consigo el relativismo o los que acarrea la ilimitada competencia capitalista, sin conciencia social, o en su defensa apasionada de la vida y de la dignidad humana, en todos esos casos el Papa ha ido en vanguardia de los cambios fundamentales de nuestro tiempo.  En lo que se refiere a Iberoamérica, le debemos el haber señalado con admirable reiteración que Iberoamérica en el mundo de la cultura posee una originalidad y una identidad propia a la que jamás podrá renunciar.

Jorge Siles Salinas Miembro de las Academias Bolivianas de la Historia y de la Lengua, correspondientes de las Reales Academias españolas       

Ir al Indice

El Día: Bolítica

Esperamos que el gobierno peruano solucione el problema inmediatamente. Se deben evitar más pérdidas que afectan al comercio bilateral y los compromisos asumidos con nuestros compradores internacionales".

Oswaldo Barriga
Gerente General de la Cadex


Se dice que: Los exportadores bolivianos calculan en 4,5 millones de dólares las pérdidas causadas por los diez días que lleva bloqueada la frontera con Perú, donde hay unos 600 camiones varados a causa de unas protestas en el vecino país.


Son carreteras que el transporte internacional utiliza para llevar las cargas de exportación desde los distintos puntos de nuestro país, hasta el puerto peruano de Matarani, uno de los productos más afectados es la soya".

Gustavo Rivadeneira
Secretario Ejecutivo de la Cámara Internacional del Transporte

Ir al Indice

El Día: La historia de Hitler

Acaban de manda a la cárcel a un hincha de Oriente Petrolero que portaba una pancarta de rechazo al presidente Morales durante un partido. Lo mismo pretenden hacer con un dirigente juvenil que quemó en público la Constitución Política del Estado. En tiempos de Hitler, en Alemania elaboraron una inmensa lista de las personas que había que vigilar porque representaban una amenaza para el régimen. El inventario resultó ser tan largo que se tuvo que imprimir en varios tomos y los oficiales de la Gestapo no daban abasto para controlar a tantas personas, muchas de las cuales fueron encarceladas y asesinadas. La persecución llegó a tal extremo, que Hitler descuidó la guerra por abocarse a la cacería de sus opositores. La paranoia lo llevó incluso a sospechar de los propios generales y mariscales que conducían las tropas alemanas contra los ejércitos aliados y muchos de esos oficiales terminaron ejecutados por órdenes del tirano. Cuando un grupo de militares atentó contra la vida del Führer, la lista de sospechosos alcanzó a cinco mil y todos fueron asesinados. Cuando terminó de ajusticiar al último de los supuestos disidentes, las tropas aliadas ya habían ocupado Berlín y Hitler tuvo que suicidarse.

Ir al Indice

El Día: Falla la ‘otra economía

Algunas cosas demasiado raras están pasando en Bolivia. Los indígenas que habitan el Parque Isiboro-Sécure se oponen a la construcción de la carretera de 306 kilómetros que podría unir el Chapare con la población beniana de San Ignacio de Moxos. Por otro lado, dirigentes campesinos del Norte de La Paz y también del Beni, han manifestado su enérgico rechazo a la apertura de un camino y varios puentes entre las localidades de San Buenaventura e Ixiamas, hecho que ha motivado la queja del presidente Morales, quien ha llegado a acusar de chantajistas a los originarios del oriente boliviano, por oponerse a las ventajas del progreso.

Ambas posturas se escudan en la preservación de una importante porción de selva tropical; sin embargo, todo indica que detrás de todo existe una razón aparentemente moral, pero que en realidad es económica. Los nativos del parque Isiboro-Sécure fueron los mismos que hace un par de semanas incendiaron 40 viviendas de productores cocaleros que habían trasladado sus actividades a esa reserva natural y cuando rechazan la apertura de la ruta asfaltada es porque no están de acuerdo con la expansión de la economía conformada por el binomio coca-cocaína. De hecho, el ex candidato a presidente de Brasil, José Serra bautizó a la carretera en cuestión como la “autopista de la droga”, porque permitirá unir al Chapare con el Beni y Pando, donde se han establecido importantes vías de exportación de cocaína, no sólo a territorio brasileño, sino también a Venezuela.

En el otro caso, el del Norte de La Paz y otras zonas del Beni, constituye obviamente, el medio de expansión de la zona cocalera de los Yungas, donde las tierras, además de estar saturadas por las plantaciones de coca, están dando señales claras de agotamiento.

¿Qué es lo que en realidad rechazan esas comunidades indígenas que se han ganado el rótulo de chantajistas nada menos que del Primer Mandatario? Ninguno de los dos grupos desea integrarse a la cada vez más numerosa lista de “narco-comunidades” que existen en varias zonas del país y que han generado una suerte de saturación de un mercado que tiende a achicarse. Como se sabe, las rutas que introducían cocaína hacia Brasil prácticamente se han cerrado gracias a la acción decidida de las nuevas autoridades de ese país en alianza con la DEA. Lo mismo se puede decir de Chile, que a través de la captura del general Sanabria brindó un mensaje bien claro a los narcotraficantes bolivianos y finalmente está Argentina, donde están hastiados de la droga “made in Bolivia”, al punto que la presidenta ha amenazado con cortar incluso las importaciones de coca para el acullico.

Los indígenas no se oponen ni a Evo ni a las carreteras, sino que están preservando su economía que lógicamente la van a dirigir a la producción de alimentos, un rubro que sí tiene futuro en Bolivia. Y sin duda lo harán antes de que los nuevos cocaleros peguen el viaje de vuelta hacia el maíz, el café o las naranjas, cuyos precios tienden a aumentar.

El circuito coca-cocaína siempre ha sido gravitante en la economía boliviana, pero últimamente parece haber llegado a un extremo que convierte en poco atractiva a esta actividad. En 1987, en pleno auge del narcotráfico, alrededor de 700 mil personas vivían de este rubro ya sea directamente o en forma indirecta. Según algunos cálculos, esa cifra se ha multiplicado por tres en los últimos años, gracias a un efecto de socialización. Y naturalmente, cuando una veta comercial se satura, la reacción mecánica del mercado es la búsqueda de otras opciones. Para el Estado Plurinacional esto también representa un problema ya que la economía formal, que adolece de graves problemas, podría estar quedándose sin blindaje.
 

En 1987, en pleno auge del narcotráfico, alrededor de 700 mil personas vivían de este rubro. Según algunos cálculos, esa cifra se ha multiplicado por tres en los últimos años, gracias a un efecto de socialización. Y naturalmente, cuando una veta comercial se satura, la reacción mecánica del mercado es la búsqueda de otras opciones. Para el Estado Plurinacional esto también representa un problema ya que la economía formal, que adolece de graves problemas, podría estar quedándose sin blindaje.

Ir al Indice

El Día: Sin miedo frente a las urnas

Así parece moverse el Gobierno: sin miedo.  No importa lo que digan, publiquen o  denuncien por cualquier medio los bolivianos y sus instituciones. Le meten nomás. Con ese profundo  desprecio desatienden las sugerencias de la oposición, de la que forman parte en su juicio todos los que por capacidad, interés o valor cívico se atreven a expresar alguna discrepancia o exponen una crítica al proyecto político del MAS. Peor es la ceguera y la sordera cuando se hacen observaciones a la gestión del gobierno. Con esta actitud el país pierde el concurso de muchos ciudadanos y, al mismo tiempo,  el ejercicio político ciudadano pierde calidad. Finalmente cunde el cansancio y dispersa hasta los esfuerzos de la oposición.

Prohibido sumar, parece ser la consigna. Porque se declara enemigos a los partidos políticos tradicionales, pero también a los empresarios privados e instituciones que los congregan, puesto que en el discurso son los explotadores, esclavizadores, vende patrias, símbolo del neoliberalismo y toda suerte de epítetos descalificadores de su condición de ciudadanos bolivianos con derechos y deberes consagrados en la CPE y las leyes. La CPE reconoce la “pluralidad” en la economía, pero se acosa, se persigue, se destruye sistemáticamente al empresario privado que no está alineado “al menos de boca” con el partido oficialista. En un país de economía tan esmirriada como la nuestra difícilmente el sector privado podrá medirse contra leyes, normas, decretos, contratos, burocracia y, por último, el capricho de autoridades que con calor ideológico procurar dar al traste aún con los mejores emprendimientos privados. ¿Cómo están las cuentas de BoA, aunque propague  tener el 62% del mercado? Es mejor conocida la situación de los nuevos emprendimientos del Estado Plurinacional,  papelera, cartonera, lechería, etc., ¿se salva alguno? ¿Cuántos ejemplares se venden, fuera de las oficinas públicas, del periódico Cambio? Queda evidente la improvisación, la falta de análisis técnico en más de uno de estos emprendimientos, corroborado por el aumento del gasto público y la presencia de nuevo del déficit fiscal.

Es el poder se ejerce “porque sí” y la lista de “enemigos” se incrementa. La prensa, los medios de información, los periodistas,  están entre los primeros o,  dicho de otro modo, son los más odiados.  Por qué  tanta preocupación de que se  informe al pueblo. ¿Hay que aplaudirlo todo? Claro que no. El cielo, o Suiza, están en otro lado. Los problemas de ineficiencia, de corrupción, de pobreza, desempleo, narcotráfico, ¡existen! No los han inventado la prensa ni los periodistas. Una sociedad sana está bien informada, de lo contrario sólo está con el cáncer latente. La mejor brújula para un gobierno bien intencionado, lleno de sano patriotismo, sería desayunarse con las noticias de primera plana, y actuar en consecuencia. Pero si molestan las noticias sobre la vida ordinaria de los ciudadanos, sin padrinazgos económicos ni políticos; si molestan hasta las homilías del cardenal Julio Terrazas, ¿a dónde va el Estado Plurinacional?
Los antiguos aliados también se desmarcan. Todo en función a exigencias de las bases, ese pueblo al que dice “escucha” el gobierno. Son instituciones como la COB, mineros, magisterio, sector salud,  rentistas, gremialistas,  hasta los contrabandistas de GLP, alimentos  y autos chutos, ¡todos protestan! Las manifestaciones, marchas, bloqueos y represiones consecuentes,  han cobrado algunas víctimas. No importa el número, ¡es que no debería haber víctimas! ¿Qué está pidiendo el pueblo? Trabajo, empleo, seguridad, educación, salud, una renta aunque sea simbólicamente “digna”, para “vivir bien”, tal como lo prometió el proyecto del MAS.  Sin embargo, “Dos tercios de los niños sufre pobreza” (CEPAL y UNICEF) ¿Por qué reprimirlos?
Empiezan los mea culpa. Tras el desastre, ¡aumentar la inversión!, se entiende, la privada, es “la única vía”,  dice el presidente de YPFB. De deseos no se vive y los fondos estatales no bastan, a veces ni para cubrir la parte correspondiente “a riesgo compartido”, como pide la ley. Si no, ¿cómo  cumplir con Argentina, aún con el oxígeno de la reciente addenda al Contrato del 2006, que disminuye la demanda comprometida?;  queda pendiente la oferta entusiasta de gas a Paraguay, Uruguay, el consumo interno “in crecendo”, los proyectos Mutún y Uyuni.

Claro que el MAS tiene apoyos casi incondicionales. La Policía Nacional y las FFAA con contratiempos,  no por razones de fondo, sino  por casos ligados a denuncias de corrupción de algunos miembros de estas instituciones, que podrían manchar  la gestión o salpicar al Estado. El  sector de los cocaleros,  es militante. Sobre todo los ilegales,  por estar fuera de los marcos de la Ley 1008. Son el primer eslabón en la cadena productiva que alimenta al narcotráfico (según reportes confiables, el 100% de la coca cosechada fuera de las áreas tradicionales en los Yungas); están  en la mira de los países vecinos y de la comunidad internacional, y a pesar de los esfuerzos por ayudarlos buscando reconocimientos y apoyos a la causa, la presión en contra es cada vez mayor y será más incómoda.

Dirigiéndose al país, el Presidente del Comité pro Santa Cruz decía  el pasado viernes “Definitivamente, no estamos acostumbrados a vivir con miedo”. El gobierno ha ejercido el poder cinco años recurriendo a la legitimidad del primer voto conquistado (53.7% el 2005), pero es cada vez más perceptible el recurso a la fuerza bruta y el “pretexto legal” para controlar una situación que se le va de las manos, por los  resultados de una gestión muy cuestionada  pero, principalmente, por la falta de seguridad jurídica, el flagrante atropello a los Derechos Humanos y la restricción manipulada al ejercicio democrático de los derechos ciudadanos.  ¡Basta de tanta soberbia! El pueblo necesita y exige libertad de información para enfrentar sin miedo los próximos  retos electorales.

 

Ir al Indice