La presión nacional e internacional para modificar la Ley del Régimen Electoral, que incluye mecanismos de restricción a la libertad de información para los comicios judiciales de octubre, obligó al presidente Evo Morales a proponer la reforma del artículo 82 de la norma.
Sin embargo, esta concesión arrancada a regañadientes al oficialismo parece insuficiente para asegurar la transparencia de las próximas elecciones. En primer lugar, porque garantizar la libertad de expresión no sólo pasa por los cambios al 82, sino también a otros cinco artículos conexos que establecen sanciones penales a los medios que osen divulgar cualquier información no producida por el Tribunal Supremo Electoral, convertido de manera sui generis en censor de prensa.
Recordemos también que días antes de anunciarse la predisposición a la reforma del artículo 82, la diputada Rebeca Delgado (MAS) informó sobre la existencia de un proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que implementaría un control de contenidos sobre internet y nuevas regulaciones al espectro electromagnético, lo que deja la duda de si no se estarán flexibilizando las reglas en un instrumento legal para endurecerlas de forma paralela por medio de otro.
Por otra parte, subsiste el carácter politizado para la preselección de las ternas, lo que llevaría a tener que elegir forzosamente entre candidatos azules. Mientras no se incluya un sistema basado en el concurso de méritos, el sorteo y los veedores internacionales, las elecciones de octubre seguirán siendo un simple instrumento para consolidar el copamiento oficialista de la justicia.
¿Y las elecciones departamentales y municipales?
Algo de lo que nadie parece acordarse es que existen autoridades interinas en varias alcaldías del país y en la Gobernación de Tarija. ¿No sería hora de que se reclame la elección de alcaldes y gobernadores en los lugares donde los funcionarios electos por el pueblo fueron defenestrados? ¿No sería un uso más racional para los 120 millones de dólares que costarían los comicios de octubre?