Más allá del hecho mediático del ya célebre “tortazo”, donde diputados oficialistas exhibieron su intolerancia ante el gesto irónico de un parlamentario opositor, la interpelación al ministro de minería José Pimentel desnudó las falencias de la política gubernamental respecto a uno de los principales yacimientos de hierro del planeta.
De 35 preguntas planteadas en la interpelación, el ministro sólo respondió a 2. Entre otras cosas, no pudo explicar por qué motivo la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) vendió a China el hierro a un precio de 40 dólares la tonelada, mientras que Jindal lo comercializó en 62 dólares. Tampoco pudo explicar por qué demoraron la entrega de terrenos, ni la inexistencia de avances en el desarrollo del gasoducto que debía abastecer de energía a la proyectada fábrica de acero.
¿Por qué no avanza el proyecto?
Para entender el contexto se impone un breve recuento histórico. En el año 2006, el gobierno de Evo Morales hizo todo lo posible por declarar desierta la licitación para la explotación del Mutún. La razón, entonces y ahora, es el interés del gobierno venezolano de Hugo Chávez de tomar posesión del proyecto, no sólo para controlar uno de los recursos naturales más importantes de Bolivia, sino también para sentar presencia estratégica en una zona geopolítica central de Sudamérica.
Estrategia de entorpecimiento
Aunque en ese momento se intentó sabotear la licitación, la presión social de los pobladores de la provincia Germán Busch impidió que se declarara desierta. A regañadientes el gobierno adjudicó el proyecto, pero desde entonces comenzó a implementar una estrategia de entorpecimiento sistemático, tendiente a abortar el proyecto para posteriormente entregárselo a Venezuela.
Retraso en la entrega de terrenos
Uno de los principales instrumentos utilizados en esa estrategia de entorpecimiento ha sido el retraso en la entrega de terrenos para el proyecto Mutún. Retraso que surgió a raíz de las irregularidades en el INRA.
Búsqueda de un conflicto
Una vez que se logró retrasar el despegue del proyecto, el gobierno se abocó a acusar a la empresa adjudicataria de ser la responsable por las demoras, con el objetivo de generar un conflicto que acabara con la salida de la firma.
De esa forma, se procedió a un cobro irregular de dos boletas de garantía por la suma de 18 millones de dólares, en el cual el presidente de la ESM, Sergio Alandia, habría cometido 11 presuntos delitos según diputados de oposición.
No hay distribución de recursos
En este contexto, la ESM se maneja sin transparencia, sin informar a las autoridades de la provincia sobre los avances del proyecto.
Adicionalmente, se han incumplido las normas en cuanto a la distribución de recursos. La ESM recibió 2 millones de dólares de parte de la Jindal por concepto de explotación del mineral, que de acuerdo al contrato de riesgo compartido, elevado a rango de Ley, debían distribuirse de la siguiente forma: 15% para la alcaldía de Puerto Suárez, las alcaldías de Quijarro y Carmen Rivero Tórrez debían recibir 10% cada una, la Gobernación cruceña el 5% y el 8% para los departamentos no productores de hierro, mientras que el gobierno nacional se llevaría el 62%.
Sin embargo, hasta la fecha los recursos no han sido distribuidos y se desconoce su paradero.
Política antinacional
La sujeción del gobierno boliviano a los intereses de un gobierno extranjero, en este caso el venezolano, está bloqueando las aspiraciones de desarrollo en uno de nuestros principales recursos naturales, el hierro. La sujeción a los intereses de Hugo Chávez está dando lugar a una política antinacional, contraria a los intereses de Bolivia.
Así como la sujeción a Hugo Chávez ha hecho perder mercados en los hidrocarburos, la minería también se está viendo afectada por esa política antinacional…