La ministra de Transparencia negó que su tarea esté enfocada hacia los opositores. Denuncia. Sobre una supuesta persecución a ex presidentes, Suxo aclaró: “Perseguidos judicialmente”.
De izquierda a derecha: Javier Viscarra, editor de opinión; Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; Raúl Peñaranda, director de Página Siete. Foto Luis Salazar / Página Siete
Página Siete / La Paz
Para la ministra Suxo los jueces y los fiscales son “un desastre”
En esta nueva edición de Desayuno de Trabajo, Página Siete entrevistó a la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Página Siete.- En el caso de su hermano, Jorge Suxo, se dijo que habría tráfico de influencias para la adjudicación de los contratos de seguro con empresas estatales, ¿qué dice usted?
Niego pues esto. Si hay una persona perjudicada con que yo esté en el Gobierno es mi hermano que tiene una compañía de seguros de hace más de 20 años. Él tenía contratos con la Aduana y con YPFB cuando yo no estaba en el Gobierno, ahora los ha perdido. No ha ganado ningún contrato estatal importante en los últimos años.
Página Siete.- También se acusa a su pareja de haber cometido actos de corrupción.
Ésa es otra gran falacia, yo he exigido públicamente una aclaración y lo estoy haciendo judicialmente, contra el senador Roger Pinto y todos los que se han dado a la tarea de difamarme. En este caso, el Sr. Miranda, mi compañero, a quien conozco hace cinco años, denunció un hecho de corrupción en la década de los 90 y terminó siendo el denunciado. Fue absuelto luego. Yo pregunto: ¿los jueces que lo absolvieron sabían que yo iba a ser ministra después?
Página Siete.- ¿Él es del MAS?
No sé, no tengo por qué pedirle esos datos, pero sí conozco que fue declarado absuelto, no sólo él, sino cinco personas más.
Página Siete.- Existe la percepción de que el ministerio que usted conduce está orientado a acusar principalmente a opositores, ¿qué opina al respecto?
Hemos recibido 7.000 casos, de los cuales 3.000 han sido rechazados. De los 4.000 procesos, más de 260 ya están en conocimiento del Ministerio Público y 44 corresponden a gente del MAS. Tenemos 30 sentencias.
Página Siete.- La percepción se produce, por ejemplo, porque en el caso del “video soborno” su ministerio no hizo nada; en cambio, sale el video soborno de Beni y en 24 horas está usted en Trinidad.
No, ésa sí es una desinformación. En el tema del video de El Viejo no nos correspondía investigar, era parte de otro proceso, con fiscales y jueces encargados.
Página Siete.- Pero vemos en el video a un funcionario dando 30.000 dólares. ¿De dónde sale ese dinero? ¿No es corrupción?
Eso es lo que está en investigación. Yo no puedo saber de dónde sale esa plata. Con el tema de Beni, a mí me mandan una nota diciéndome que hay dos representantes indígenas que están siendo hostigados para recibir dinero y que no asistan a una audiencia. Entonces yo voy. Allí he visto la plata y he leído las declaraciones de los dos representantes indígenas.
Página Siete.- El hecho es que los líderes de oposición están fuera de sus cargos o, al menos, perseguidos judicialmente. ¿Cuántos gobernadores o alcaldes del MAS han salido por supuestos hechos de corrupción?
De 30 sentencias que tenemos, siete son contra gente del MAS. Yo creo que hay una percepción totalmente errada.
Página Siete.- ¿Y por qué usted fue tan rápido al Beni?
Porque he tenido una denuncia.
Página Siete.- ¿A todas las denuncias se acude inmediatamente?
Cuando vienen y me hacen una denuncia actuamos inmediatamente.
Página Siete.- ¿Si el afectado de la denuncia hubiera sido alguien del MAS usted hubiera ido con esa celeridad?
Igualito, en cuanto me sea posible, por supuesto.
Con el gobernador de Beni tenemos cuatro denuncias y una de ellas tiene que ver con el generador de luz eléctrica en el municipio de San Borja y la hemos hecho hace tres años. Después sale la imputación formal y por supuesto se hacen las cautelares, con todas las pruebas. Allí se compran diez motores de luz que los van a dejar a las provincias, a las comunidades más lejanas y hasta el día de hoy no funcionan.
Incluso se detecta una tercera persona en este delito, Carlos Navia, que es el presidente de la Asamblea del MAS y que está con las mismas medidas de detención domiciliaria.
Página Siete.- Mire, hoy por hoy todos los ex presidentes tienen acusaciones judiciales, lo mismo que el alcalde y ex alcalde de La Paz, los gobernadores de Tarija, Beni y Santa Cruz, el alcalde de Potosí, la alcaldesa de Oruro. ¿Cómo califica usted estas acciones contra jefes opositores?
No es así, al ex prefecto de Oruro Alberto Aguilar lo hemos denunciado por el tema del puerto seco de Oruro y está con medidas cautelares, con detención domiciliaria.
Página Siete.- ¿Por qué ahora las medidas cautelares se las toma casi como un sinónimo de detención inmediata, por qué la gente no puede defenderse en libertad?
Si la sanción pasa más de un año, sí procede la detención preventiva. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz establece que por ninguna razón puede una persona quedar libre por un hecho de corrupción.
¿Y por qué se ha planteado esto en la Ley Quiroga Santa Cruz? Le voy a dar un ejemplo, el ex prefecto de Tarija, Gustavo Aguirre (1991-1992), que se enriqueció ilícitamente de manera descarada con recursos del departamento de Tarija, le dan una sentencia de un año. Después le otorgan perdón judicial y vuelve a Tarija como un héroe. Por ello está la nueva ley.
Página Siete.- La alcaldesa de Oruro está a punto de ser suspendida por nombrar a un funcionario anticorrupción y ordenar pagarle 7.000 bolivianos. Es un error administrativo. ¿Qué opina usted?
Ya he mandado a una persona para que vaya a ver, no puedo opinar si no conozco todos los antecedentes. Si la alcaldesa ha realizado todos los actos debidamente legales y ha nombrado, simplemente de manera provisional, a esa persona mientras le aprueben en el Concejo Municipal, ahí tiene todas las de ganar.
Página Siete.- Sin embargo, ministra, aún si la alcaldesa hubiera cometido un error, ¿no correspondería un proceso administrativo y no penal?
Puede ser un tema netamente administrativo, pero ahí la alcaldesa tiene pues no se cuántos abogados y ellos tienen que hacer valer esos derechos.
Página Siete.- La alcaldesa de Oruro no es del MAS, es un lunar no masista en todo el departamento de Oruro. ¿No le parece demasiado obvia la intencionalidad de la justicia al acusarla y tratar de suspenderla?
Yo te digo que soy la ministra que más tiene que ver con jueces y fiscales. Yo digo que jueces y fiscales son un desastre, realmente. Bueno, no todos, hay algunas excepciones, pero son excepciones cuando debiera ser la regla. No cumplen la norma y eso yo lo he denunciado. Tengo a varios jueces y fiscales denunciados.
No tengo apoyo de jueces y fiscales. El mismo fiscal general ni contesta a nuestras consultas.
Página Siete.- Ley Quiroga Santa Cruz ha paralizado a la administración pública porque los funcionarios no desean tomar medidas por temor a sanciones.
Eso ya lo ha percibido el Presidente y me ha instruido ir a los municipios. Hemos alcanzado 108 de los 337 hasta el mes de noviembre para capacitar a la gente y que no vea a la ley como un obstáculo.
Página Siete.- ¿Actuará usted con los municipios como actuó con la ex presidenta de la Aduana, Marcia Morales, a la que se la sindicó de no ejecutar un crédito externo?
En el caso de Morales se hizo la denuncia, pero eso no significaba que ella tuviera responsabilidad, quien tiene que investigar es el Ministerio Público. En la investigación se vio que no tenía ninguna responsabilidad.
Página Siete.- Ése es el problema, se denuncia, se hace el espectáculo, se perjudica y después resulta que la persona no es culpable’
Lamentablemente los que hacen eso son los de la prensa.
Página Siete.- Pero la prensa no denunció esto, fue su ministerio.
Pero el espectáculo lo da la prensa
Página Siete.- Ministra, la denuncia era contra una importante autoridad.
Sí, pero no era sólo contra ella, sino contra varias personas.
Página Siete.- ¿Y en el caso Joaquino? Se lo acusa de comprar vehículos de segunda mano y por eso se lo suspende. Hay quienes asocian el caso con el avión presidencial, que es de segunda mano.
No pues, el avión no es de segunda mano. El caso de Joaquino es una denuncia que viene de antes, de 2004, no la promovimos nosotros. El tema es que el dinero que se usa para la compra de los vehículos no estaba en el POA, entonces hubo malversación.
Página Siete.- Y la compra del avión presidencial estaba en el POA?
Claro que sí, tiene certificación presupuestaria inclusive.