Asambleístas de la oposición denuncian que el proyecto de ley de telecomunicaciones contempla una figura de control de correos electrónicos y sus respectivas contraseñas.
La Paz, ANF.- El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), Fernando Llanos aseguró que el gobierno no tendría la capacidad de controlar las contraseñas de los correos electrónicos.
En criterio del ejecutivo de la ATT no tendría sentido hacer ese tipo de control. Según denuncias de los asambleístas de la oposición el proyecto de la ley de telecomunicaciones contempla una figura de control de correos electrónicos y sus respectivas contraseñas para poder usarlas, si el caso lo amerita, como una prueba de delito informático.
"No tendríamos capacidad física para hacer esto, no creo que esté prevista esta situación, puesto que no tendría sentido. Este tipo de información es personal. No creo que tenga sentido y además que hay que tener en cuenta la inviolabilidad de las telecomunicaciones que es un principio universal también", señaló Fernando Llanos.
Con la nueva Ley de Telecomunicaciones que la Asamblea Plurinacional pretende aprobar, los asambleístas de la oposición advierten que los correos electrónicos dejarán de ser simples instrumentos que naveguen libres por el ciberespacio y pasarán a gozar de plena fuerza probatoria ante los estrados judiciales como testimonio de cualquier delito.
"Al igual que hicieron con los teléfonos móviles, nos harán registrar nuestros correos electrónicos y así tener acceso a la privacidad de las correspondencias", advirtió el asambleísta de oposición, Luis Felipe Dorado añadió que de aprobarse la norma, se estaría violando la Constitución Política del Estado.
La Carta Magna señala en su artículo 21 parágrafo dos: "Las bolivianas y bolivianos tienen derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad".
De la misma manera el parágrafo cinco señala: "La sociedad boliviana en su conjunto tiene derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva".
Entre tanto, en el Artículo 25 de la CPE, estipula que "toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial".