Jueces, fiscales y abogados deben soportar todo tipo de amenazas. El Estado no les brinda protección. Ojalá que no sea como en Colombia, dicen los magistrados.
El Deber, Cecilia Dorado N.
Peligro. Jueces, fiscales y abogados deben soportar todo tipo de amenazas. Sus familias son parte de esta situación que los ha obligado a tomar medidas de seguridad. El Estado no les brinda protección.
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La aplicación de la justicia tiene un precio que el Estado no ha asumido hasta ahora. Y es que jueces y fiscales hacen su trabajo sin ningún tipo de seguridad personal, aun cuando muchos casos que llevan están relacionados con el narcotráfico.
Ni siquiera el presidente de la Corte Superior de Distrito, William Tórrez, cuenta con custodia policial. Su preocupación es tal que decidió portar un arma, tener un vehículo con vidrios polarizados y hasta ha pensado en instalar cámaras de vigilancia en su casa.
Su familia sabe del riesgo. Tórrez tuvo que contratar seguridad privada para su esposa y sus hijas. No están solas ni cuando van al colegio.
“No se puede tapar el sol con un dedo, hay ajustes de cuentas y autoridades jurisdiccionales que han sido amenazadas. No creo que solo yo me sienta inseguro, sino todos quienes administramos justicia”, admite.
Fernando Orellana, juez tercero de Instrucción en lo Penal, desde hace seis meses vive alejado de su familia por seguridad. “El bochi es conmigo, no con ellos”, dice con tono de nostalgia al explicar que solo de esa forma logró que su familia siga teniendo una vida normal y no como él, que debe entrar y salir de su casa y su trabajo, en el séptimo piso del Palacio de Justicia, acompañado de cuatro policías pagados por el Estado. Su caso es una excepción.
Según Orellana, andar así genera incomodidad incluso entre sus colegas de trabajo, pero lo debe hacer por seguridad. “Es algo que me ofrecieron y lo acepté, no fue porque lo haya pedido”, justifica.
Al ser consultado sobre si porta arma, Orellana solo responde: “No me pida desnudar mi seguridad”. Sin embargo, admite que desde que es juez, hace cuatro años y medio, se priva de reuniones con amigos y de hacer muy públicas algunas relaciones familiares. No faltan las llamadas que le llegan con mensajes anónimos. “Me dicen que tenga cuidado”, confiesa.
En la oficina de al lado, el juez sexto de Instrucción en lo Penal, Alberto Zeballos, optó por portar arma. Aún recuerda que en enero de 2009 un desconocido se aproximó a su domicilio y disparó; una bala impactó en la verja y otra a un metro de la puerta de ingreso a su casa. Zeballos denunció el hecho a la Policía, pero nunca se esclareció. Solo se supo que fue desde un auto negro con vidrios oscuros, que un vecino logró ver por casualidad. Sin embargo, decidió trasladarse a otra casa donde hay guardias y cámaras de vigilancia.
Más de una vez recibió amenazas y llamadas de Palmasola, según dice. “No uso guardaespaldas, porque creo que sería una forma de provocar a la delincuencia”, asegura. Sus dos vehículos tienen vidrios polarizados.
Su hijo, Alberto Zeballos (23), que trabaja como abogado, recuerda que desde sus 18 años, cuando tuvo licencia de conducir, su padre siempre lo conminó a no llegar tarde, no salir en ciertas ocasiones o no juntarse con personas de dudoso accionar. “Como en Santa Cruz la delincuencia está por encima de la Policía, con robos y asesinatos, mi padre está más expuesto porque en el cumplimiento de la ley, siempre hay una parte que pierde y no está conforme”, explica el joven, que decidió seguir los pasos de su progenitor.
En los juzgados de sentencia la situación no es tan tensa, pero también hay preocupación. Gladys Alba, jueza técnica del tribunal primero de Sentencia, reconoce que el trabajo de sus colegas del área penal es complicada, porque “allí la gente llega con los ánimos caldeados”, por ser la primera etapa del proceso.
El día en que balearon al abogado penalista Denver Pedraza, Gladys escuchó los disparos y pudo ver desde su oficina, cómo se llevaron al jurista herido. Considera que debería haber mayor seguridad policial en el Palacio y, si es posible, cerrar el perímetro como se había pensado hace algún tiempo.
Roberto Achá, fiscal de sustancias controladas, se encomienda a Dios. “Mi familia y yo tenemos confianza en el Creador. Sé que es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo para resguardar a la sociedad”, enfatiza.
Como parte de su seguridad el fiscal usa un vehículo con vidrios oscuros, él y su esposa acompañan a sus hijos al colegio y toda su familia sabe que debe estar atenta cuando llega o sale de casa, es decir verificar si hay gente, vehículos o movimientos extraños, sin llegar a la sicosis.
El fiscal decidió no tener armas por protección a sus hijos y admite que el Estado tampoco le dio custodia policial. “Hace varios años, con el atentado a la extinta fiscal Mónica Von Borries, se vio conveniente que contemos con escoltas, pero por la escasez de efectivos policiales, las autoridades del Poder Judicial y la Fiscalía no contamos con ningún tipo de seguridad”, dice.
El presidente de la Corte Superior también coincide en este aspecto. “Dirán por qué (los jueces) no piden custodia policial, pero la Policía siempre se ha quejado de que no tiene el personal suficiente”, enfatiza.
En el Palacio de Justicia hay cerca de 30 efectivos que trabajan en dos turnos. “No es suficiente para una instalación tan grande como esta, hay que reforzar la seguridad”, asegura Tórrez atribuyendo esta tarea al Consejo de la Judicatura.
El Palacio cuenta con 17 pisos, allí trabajan al menos 73 jueces, sin contar el resto del personal. Los policías están apostados en las puertas de ingreso y salida, además de algunos pisos, sobre todo donde están los juzgados de materia penal. El control es básico. Las personas muestran su carné de identidad a la rápida, uno de los uniformados revisa un poco cada bolso o cartera y luego pasan por un detector de metales. A más de eso no hay nada.
Capacitación en defensa
Freddy Pérez | Fiscal de sust. controladas
El fiscal antidrogas Freddy Pérez, como pocos, ha tenido la oportunidad de haber hecho el curso Garras, en cuarteles de Umopar (en el Chapare). Junto a otros colegas aprendió a usar armas, a detectar si es perseguido, a salir de una situación de riesgo y otras medidas que le permitieron sentirse más seguro en operativos antidrogas, cuando a veces debe internarse en el monte para detectar fábricas de droga.
Lamenta que no les asignen custodia como en otros países, y aún está a la espera que se apruebe una solicitud de licencia para portar armas, además de que le proporcionen una.
“Contratar un guardia personal y comprarse un arma es caro, no da el sueldo”, justifica. Los fiscales ganan entre Bs 7.000 y 10.000 al mes, según la categoría. Los jueces, alrededor de Bs 8.500, según la antigüedad.
Ojalá que no sea como en Colombia
Beatriz Sandoval | Pdta. Corte Suprema
Existe mucha incertidumbre e inseguridad en todo lo que es la administración de justicia, tanto para los juzgadores como para los que vienen a buscar justicia.
Se debe reforzar la seguridad para los jueces, pero el tema de la inseguridad está en todo el país. En Santa Cruz ha habido un aumento de asaltos y atracos, esto ha rebasado gran parte de la labor de la Policía, porque no tiene el refuerzo necesario.
Dios quiera que no lleguemos a una situación como la de Colombia, pero vemos con mucha preocupación que el narcotráfico se incrementó, así como los ajustes de cuenta.
Solo el 1% del presupuesto del Tesoro General de la Nación se destina al Poder Judicial, lo cual es totalmente insuficiente para la asignación de mayor cantidad de jueces y personal, más para el tema de seguridad. También debería asignarse mayor presupuesto a la Policía.
Creo que es importante lograr mayor coordinación entre el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial para dar mayor seguridad a los administradores de justicia y a toda la sociedad.
Posiciones
Isabelino Gómez
Fiscal de Distrito
Después de la reunión con la Policía, en La Paz, hay una respuesta positiva: se están evaluando casos específicos de fiscales y es la Policía la que va a dar la seguridad, sobre todo a los que están llevando adelante casos delicados. El Estado tiene la obligación de proporcionar seguridad. El pedido de portar armas es algo que será evaluado y, si es necesario, se lo tiene que hacer.
Osvaldo Martirillo
1er Vicep. del Colegio de Abogados
En los años 80 se desarrolló el narcotráfico y tuvimos los mismos problemas de hoy. La economía del narcotráfico de alguna manera nos involucró a todos. Esto acabó con el asesinato del profesor Noel Kempff. El Gobierno debería atacar el fondo del problema tomando el control de la producción de coca y no dejar esto en manos de los cocaleros. Solo así se podrá frenar la violencia.
Un balazo lo obligará a usar prótesis en la cadera
Clínica. Denver Pedraza junto a Marina Pizarro. El día del atentado no tenía su chaleco antibalas ni su arma.
Postrado en la cama de una clínica, el abogado penalista Denver Pedraza se recupera del atentado que sufrió el 18 de julio, en el Palacio de Justicia. Y es que los abogados, sin ser funcionarios del sistema judicial, también están expuestos a la violencia.
Después de 11 días en terapia intensiva, el viernes fue trasladado a una sala. El día del hecho perdió mucha sangre y tuvo que superar una infección en un riñón, a causa de una bala que le dañó la vejiga y a media semana sufrió hipotermia por otra infección en la herida de la anterior cirugía.
Según su esposa, Marina Pizarro, los médicos le colocarán una prótesis en la cadera, pues el hueso se partió tras el impacto de una de las balas. “Va a volver a caminar, pero tiene que hacer mucha fisioterapia”, dice con la voz entrecortada.
El día del atentado, un desconocido se acercó a tres metros de distancia e hizo varios disparos, dos de los cuales ingresaron a la altura de los glúteos. Un tercer proyectil traspasó uno de los celulares que cargaba en su bolsillo de la camisa, pero rebotó en la batería de otro que tenía en el mismo lugar.
“No era su hora. Dios sabe por qué hace las cosas”, exclama su esposa que lo acompaña. Desde aquel día no ha vuelto a su casa; tampoco su único hijo, de 10 años. Desde hace más de una década, cuando Pedraza empezó con casos penales, la familia siempre vive amenazada. En varias ocasiones tuvieron que abandonar su vivienda por meses. “Muchas veces estamos compartiendo contentos con algún familiar o amigo y de pronto una llamada con amenazas como ‘tus días están contados’ o ‘estoy apuntando a tu cabeza’ nos borra la sonrisa”, relata su esposa.
No faltó algún explosivo que le rompió los vidrios de su casa, o llamadas desde la cárcel de Palmasola. Ella siempre cambia de auto y su esposo optó por no tener. Se traslada en diversos motorizados por si alguien le hace seguimiento. Aplican la misma práctica cuando su hijo debe ir al colegio. “Mi casa es una fortaleza”, dice.
Lamenta que el día del atentado contra su esposo, la Policía no haya procedido con agilidad. “Tengo entendido que hubo oficiales del Palacio que sí los vieron y que apuntaron, pero no se animaron a disparar y eso permitió que la persona que disparó contra mi esposo escape. Pero estamos esperando un resultado de la investigación”, confiesa.
“Una vez se levante de esta cama, él va a buscar al que le disparó, como me dijo a mí, aunque sea debajo de las piedras, porque aparte de ser abogado es investigador”, asegura.
Ella también es abogada, pero en el ámbito laboral. Reconoce que varias veces le ha pedido a su esposo que deje los casos penales, pero a la vez admite que es como “querer cortarle su carrera”.
En Santa Cruz existen 9.394 abogados afiliados.