La creciente tensión en Trinidad parece ser el preámbulo para un nuevo capítulo en la ejecución del plan para derribar a los gobernadores de oposición, iniciado por el régimen cocalero de Evo Morales en el 2008. Es el turno del Beni y de Ernesto Suárez.
El primer capítulo de esta historia fue escrito en el año citado con un referéndum revocatorio inconstitucional y de reglas desiguales, administrado por una Corte Nacional Electoral presidida por un connotado pro-oficialista. Jugada que sacó de las prefecturas de La Paz y Cochabamba a José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa.
Sólo un mes después, el plan golpista se enfocó en el departamento de Pando, operativo que acabó con Leopoldo Fernández en prisión. En ese caso, se montó un escenario de violencia movilizando a organizaciones sindicales paramasistas rumbo a Cobija, las mismas que desataron un sangriento enfrentamiento en Porvenir con los asesinatos de Oshiro y Céspedes.
Cabe recordar que, por aquel entonces, Sacha Llorenti se desempeñaba a la cabeza del Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales, cartera desde la cual se habría impulsado la movilización de las mencionadas organizaciones.
Ahora, el mismo personaje reaparece en el capítulo beniano de la historia, ya como Ministro de Gobierno, denunciando supuestos preparativos para una resistencia armada al derrocamiento de Suárez.
Siguiendo nuestro repaso cronológico, recordemos que el siguiente zarpazo fue en Tarija, mediante la “ley corta”, la judicialización de Mario Cossío y la toma de la Asamblea Departamental.
Uno a uno, los ex integrantes del CONALDE van siendo derrocados en un orden que tiene a Santa Cruz como último eslabón de la cadena, por razón de su peso demográfico y económico, pero también por la pasividad demostrada por su gobernador durante las anteriores defenestraciones de sus colegas (es posible que en el caso del Beni Rubén Costas se muestre algo más crítico, tratándose de la jugada previa a su propia destitución).
Plan golpista, decíamos líneas arriba, ya que la Carta Democrática Interamericana no sólo reconoce la ruptura institucional en caso de ataque al Ejecutivo nacional, sino también a los gobiernos regionales electos por el voto popular…