MAS aprueba ley que autoriza espionaje telefónico; Oposición: es un nuevo instrumento de persecución política

Mayoría masista del Senado sanciona polémica Ley de Telecomunicaciones pese al rechazo de opositores y de gremios de la prensa boliviana. Más de 400 estaciones de radio desaparecerían.

imageSenadores oficialistas viabilizaron “pinchazos” telefónicos. Prensa Senado

Página Siete / La Paz – 29/07/2011



El MAS aprueba la ley que autoriza espionaje telefónico

Oposición dice que es un nuevo instrumento de persecución política.

Defensa. Los legisladores del MAS aseguran que las escuchas telefónicas son un extremo que serán utilizadas en los marcos que establece la Carta Magna.

El MAS aprobó ayer la Ley de Telecomunicaciones que autoriza el espionaje telefónico. La oposición afirma que con ello el oficialismo cuenta con un nuevo instrumento de persecución política.

El artículo 111 de esa norma, que fue remitida al Ejecutivo para su promulgación, señala que las escuchas telefónicas estarán permitidas en caso de atentados al país, peligro para la seguridad del Estado, amenazas externas, conmoción interna o desastres.

Para ello obliga a los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación a cooperar y poner a disposición de las autoridades públicas legítima y legalmente constituidas, de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios, así como la emisión, transmisión y recepción de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que les sean requeridas.

El senador Bernard Gutiérrez (CN-PPB) cuestionó el hecho de que a título de la seguridad del Estado se intervenga la comunicación de cualquier ciudadano.

“Una necesidad del Estado podría ser admisible en un país en el que rige un estado de derecho, pero lamentablemente, en este momento, ésa no es la situación de Bolivia. Hay una oposición política que está siendo perseguida, enjuiciada, hay un Ejecutivo que hace lo que le viene en gana, un Ministerio de Gobierno que no respeta las leyes, un Ministerio de Gobierno que paga a testigos a título de seguridad del Estado”, aseguró.

Empero, el oficialismo asegura que las escuchas telefónicas están en el marco constitucional. El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez (MAS), según ANF, aseguró que esa medida es un extremo.

“Reitero, son los extremos en los marcos de la Constitución, no hay ninguna vulneración, está en resguardo de los derechos y el resto ha sido más una distorsión para poder abanderar alguna observación, no tiene sentido”, explicó.

Autoridad competente

La normativa no especifica cuáles son las autoridades públicas legítima y legalmente constituidas para hacer ese requerimiento, lo que despierta susceptibilidad en la oposición.

El senador Gutiérrez dijo que por ello se insistió en que se especifique que ese pedido sea mediante una orden judicial, como manda la Constitución.

“¿Quién es el que define que está en riesgo la seguridad del Estado, eso lo va a definir el Ministerio de Gobierno?”, dijo.

Martínez replicó que esa especificación no era necesaria porque la Carta Magna garantiza los derechos de los ciudadanos. “Estos conceptos ya están establecidos en el marco constitucional y hay un abundante teoría donde se reconoce la excepción”, manifestó.

El senador Luis Pedraza (PPB-CN) consideró que aunque sea un juez el que autorice el espionaje telefónico, el hecho de que el MAS tome el control del Órgano Judicial hace pensar que se utilizará para otros fines.

“(Es) librar no sólo la privacidad de la comunicación digital, sino sobre todo la seguridad de las personas al albedrío de un Estado que cada vez tiene un comportamiento más represivo”.

Se consolida distribución de frecuencias

La Ley de Telecomunicaciones, sancionada ayer por la Asamblea Legislativa, dispone que la distribución de las frecuencias de radiodifusión será: un 33% para el Estado, 33% para el ámbito comercial, 17% para el sector social comunitario y el 17% restante para los pueblos indígena originario y campesinos.

Según ABI, la norma también señala que las licencias son un “derecho adquirido”, por lo que los titulares de las autorizaciones transitorias especiales o concesiones para el funcionamiento de emisoras de radio y televisión sólo deben migrar en el lapso de un año a otra instancia.

Asimismo establece que los mensajes presidenciales serán transmitidos dos veces al año, en cadena nacional, uno a principios de gestión y otro a medio año para que la población esté informada de las actividades del Ejecutivo.

La norma también promueve la expansión de la cobertura de los operadores de servicios de telecomunicaciones hacia áreas rurales.

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El Día

El ejecutivo alista su promulgación. El Legislativo aprobó la ley, pese al rechazo de diputados opositores y de gremios de la prensa. La norma otorga un 33% del espectro electromagnético al Estado, otro tanto al sector privado y el tercio restante a organizaciones indígenas. También abre la posibilidad de ‘pinchar’ teléfonos.

El Congreso boliviano aprobó ayer una Ley de Telecomunicaciones criticada por la oposición y la prensa porque da al Gobierno y sus seguidores dos tercios del espectro y permite las escuchas telefónicas.

imageAsociaciones de emisoras de radio y de periodistas (foto) critican la norma porque, en su criterio, atenta contra las libertades establecidas en la Constitución, promueve el control de los medios de comunicación independientes y puede dar paso a la manipulación informativa oficialista.

Esta Ley de Telecomunicaciones, una de muchas que ha promovido Morales y afectan a la libertad de expresión y a los medios, según la oposición, también permite las escuchas telefónicas "en caso de peligro del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres".

Más de 400 estaciones de radio desaparecerían. Miembros del directorio de la Asociación Boliviana de Radioemisoras (Asbora), se reunieron ayer de emergencia para analizar la ley y proteger a las más de 400 estaciones de radio que desaparecerán con la nueva Ley de Telecomunicaciones, ya que hay un registro de más de 600 radios legales operando en Bolivia, y cuyas licencias, en la mayoría fenecen en 2017.

Los representantes de Asbora, señalan que se trata de un interés estatal evidente de controlar el 64% del espectro radial, ya que el Estado contará con el 33% de las frecuencias junto a 17% de las emisoras indígenas y 17% de las comunitarias, estas dos últimas al no ser comerciales y carentes de recursos se apoyarán al Estado para su subsistencia lo que determina que la mayoría de las frecuencias manejará el Estado. Las comerciales solo tendrán el 33% del espectro, situación sin igual en un sistema democrático que supuestamente garantiza la libertad de expresión.