El “reculazo” gubernamental sobre una eventual expulsión de Usaid merece un análisis detallado. Pocos días después de iniciada una campaña de desprestigio contra la marcha indígena acusando de injerencia a la agencia de cooperación internacional norteamericana, el tono de las declaraciones de altos personeros del gobierno boliviano cambió radicalmente.
Quizás el mejor ejemplo de esto sea la postura asumida por el canciller Choquehuanca, quien ha dicho que “no por culpa de algunos funcionarios se va a deteriorar la relación entre Bolivia y Estados Unidos”.
En parte, el frenazo en la incendiaria retórica “antiimperialista” se produjo luego de que el ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, desbordara el guión oficial en una sonada entrevista de televisión, donde propuso lisa y llanamente la expulsión de Usaid.
En el inmediato desmentido por parte de varios ministros puede entreverse la intención de dejar a Quintana en “posición adelantada” y bloquearle cualquier intento de reingreso al gabinete.
Pero también debe tenerse en cuenta otro factor esencial: la búsqueda casi desesperada del Ejecutivo de cerrar de una vez el acuerdo marco con Estados Unidos, que permita el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales.
¿Por qué tanto interés de parte de la administración pro-chavista de Evo Morales en la normalización diplomática con el “imperio”?
Sucede que estamos a una escasa semana de la sentencia a René Sanabria en un tribunal de la Florida, luego de la cual se presume serán dados a conocer elementos de la confesión del narco-general, que podrían implicar a otras figuras del régimen evista.
En la lógica antirrepublicana del MAS, que no concibe la independencia de poderes, la concreción del acuerdo marco aparecería como la panacea para evitar que la justicia estadounidense siga el hilo del clan Sanabria hasta quién sabe qué alturas del gobierno boliviano.
En ese contexto, el destemplado ataque contra Usaid debía ser al menos atenuado, para no entorpecer las perspectivas conciliatorias…