¿La administración de Evo Morales realmente está tomando las medidas necesarias para reducir eventuales efectos negativos de la crisis internacional sobre la economía boliviana? ¿O el Ministerio de Hacienda, encabezado por Luis Arce Catacora, está durmiendo la siesta mientras se acerca el tsunami?
Aunque se han anunciado ciertas medidas preventivas, lo cierto es que éstas más parecen ser sólo algunos puntos improvisados para mitigar las críticas desatadas por el citado ministro, cuando días atrás afirmó que no hay nada que temer porque la economía de Bolivia “está blindada”.
Tras los cuestionamientos, tanto el presidente Morales como el vice García Linera salieron a la palestra para decir lo contrario, en sentido de que lo que han llamado equivocadamente la “crisis del capitalismo” podría tener consecuencias para el país.
Equivocadamente, decimos, porque aunque el primer mandatario querría que esta fuese una enfermedad terminal de la economía de mercado, en realidad estamos ante la crisis del llamado “déficit spending”, una de las claves del moribundo Estado Benefactor, basado en buena medida en el crecimiento del gasto público más allá de las posibilidades fiscales reales.
Entre las medidas anunciadas las hay simplemente líricas (“dar un salto productivo hacia la industrialización”, “apoyar la producción de manufacturas y alimentos”), contraproducentes (“mantener el gasto público”, cuando sería preferible una disminución de la burocracia para viabilizar reducciones de impuestos) y otras razonables pero insuficientes (“sintonizar la apreciación del boliviano con los movimientos de las monedas de nuestros vecinos”, “cambiar una fracción de nuestras reservas de dólares a oro”).
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
¿Podrá sustraerse el gobierno de su agenda político-ideológica para dedicarse a la urgente gestión económica?
Persecuciones en tiempo electoral
Síntoma de que ya entramos de lleno en la fase electoral es la proliferación de medidas persecutorias desde el gobierno hacia distintos sectores disidentes, algo que ya habíamos visto en anteriores procesos, como los comicios presidenciales del 2009.
En este caso, la inclusión de dirigentes cívicos cruceños en la investigación del “caso Rozsa II” obedecería a la intención de presionar al Comité pro Santa Cruz para que no promueva el voto nulo en octubre.
De la misma forma, la reciente andanada contra parlamentarios críticos, varios de ellos firmantes de una solicitada contra la inoperancia de la ministra Suxo en casos de corrupción del actual gobierno, parece ir en el mismo sentido…