Rosa Rojas
Tres frases del presidente boliviano Evo Morales marcan la posición de su gobierno frente a los pueblos indígenas del oriente de su país, a despecho de su discurso de defensa de los derechos de los pueblos originarios, de la Pachamama (Madre Tierra) y de la equidad de género:
“Quieran o no quieran vamos a construir el camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que unirá los departamentos del Beni y Cochabamba”, les dijo el mandatario el pasado 29 de junio a los chimanes, mojeños y yuracaré que se oponen a que una carretera parta en dos su Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) e “instruyó” a los jóvenes cocaleros del Chapare —su base dura— “a conquistar (enamorar) a las compañeras yuracaré trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino”. Luego, el 2 de agosto, afirmó que no entiende que algunos dirigentes, con la excusa de defender el ambiente, estén contra el progreso, la integración y el desarrollo del país y se dejen manipular por organizaciones no gubernamentales y políticos de derecha. “Si niegan este proyecto son traidores” acusó.
El TIPNIS es importante para conservar las fuentes de agua, las cuencas hídricas y la diversidad de flora y fauna silvestre. Unas de las más importantes del país se encuentran al noreste del departamento de Cochabamba (provincia Chapare) y al sur del Beni (provincia Moxos). Según la Fundación Natura, 3 mil 400 especies de flora y fauna se verán en peligro y más de medio millón de árboles serán talados por la construcción de la citada carretera.
La gran Marcha de 1990, por tierra, territorio y dignidad, protagonizada por representantes indígenas de las tierras bajas de 34 pueblos, aglutinados en la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), conquistó ese año el reconocimiento del TIPNIS mediante decreto supremo, que reconocía asentamientos de colonos, y dispuso la demarcación de una línea roja para evitar nuevas invasiones en el área. Morales, como dirigente de los cocaleros, negoció con el ahora opositor dirigente indígena Marcial Fabricano dicha línea roja.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En febrero de 2009, Evo Morales entregó a los indígenas el título ejecutorial colectivo del TIPNIS por un millón 91 mil 656 hectáreas, beneficiando a unas mil quinientas familias, más de siete mil habitantes mojeños, yuracaré y chimanes.
Según un reporte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), entre las mayores amenazas a la biodiversidad y al manejo del TIPNIS está el creciente ingreso de colonizadores a dicha área, y los cultivos de coca junto con las actividades ilícitas del narcotráfico son una grave amenaza. Se ha hecho prospección petrolera, hay extracción ilegal de madera, la administración del parque es muy débil. Existe la propuesta del actual gobierno de construir una carretera que aumentará la depredación del área y otras actividades ilegales. Las comunidades del Conisur no están de acuerdo, según algunos de sus dirigentes.*
Frente a esta problemática y a la dura posición de Morales Ayma, (que se ha tratado de matizar convocando para el 9 de agosto a un diálogo con los indígenas del TIPNIS, aunque no a su organización matriz, la CIDOB, según declaró a los medios el diputado indígena por el oficialista Movimiento al Socialismo, MAS, Pedro Nuni), dicha organización convocó una marcha de protesta que partirá el 15 de agosto desde la capital del departamento del Beni, Trinidad, hasta La Paz.
Los dirigentes de la CIDOB y del TIPNIS anunciaron que no acudirán a dicha reunión y que estarían dispuestos a negociar con el gobierno ya en plena marcha, lo que rechazó el ministro de la presidencia, Carlos Romero, anticipando que “no hay conversación posible que sea objetiva y razonable en una marcha”.
Ya previamente Morales había tenido roces con la CIDOB, pero también con el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quollasuyo (Conamaq), que representa a aymaras altiplánicos, a propósito de proyectos mineros, petroleros y carreteros, por la exigencia de que el gobierno aplique el derecho a la consulta previa e informada, a través de sus propias instancias organizativas, y que ésta sea vinculante, para decidir sobre cualquier proyecto que afecte sus tierras y territorios. Nadie se sorprendió entonces de que en el Chapare, ante integrantes de las seis federaciones de productores de hoja de coca, de las que aún es dirigente, Evo reiterara que se va a consultar a los indígenas sobre la carretera en cuestión, “pero quiero que sepan que no tiene [la consulta] carácter vinculante. No porque ellos digan no, no se va a hacer. Las consultas están constitucionalizadas pero no tienen carácter de obligatoriedad”, por lo que espera inaugurar esa carretera en el 2014.
Según la Agencia Nacional Fides, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), que afirma que si el tramo II de la citada carretera cruza el TIPNIS se violarán diversas leyes y convenciones internacionales, propuso desviar el trazo de la carretera aunque sea más costoso construirla.
Su coordinador, Edwin Vargas, denunció que más que la necesidad de integración nacional, en el TIPNIS hay dos áreas de extracción de hidrocarburos, los bloques Chispani y Secur que ya han sido identificados y concesionados, algo que el gobierno no menciona.
Otro tema de fondo es el planteamiento que hacen dos organizaciones aliadas del gobierno boliviano, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Campesinos Interculturales de Bolivia (CSCIB, antes colonizadores) de que los afiliados a la CIDOB son los nuevos latifundistas y que es necesario anular las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
El secretario general de la CSCIB, Gustavo Aliaga, declaró a La Prensa el 2 de agosto, que hay una “desigualdad criminal en la distribución y tenencia de terrenos. Los indígenas, cada uno, tienen más de 20 mil hectáreas, mientras nosotros apenas contamos con una a cinco hectáreas. Por eso, tarde o temprano, independientemente de que se construya o no la carretera, nos vamos a entrar, sin depredar la naturaleza ni para plantar coca. Traspasaremos el Polígono 7 (territorio en el sur del área donde están asentados legalmente los cocaleros) para tener más tierras porque con las TCO saneadas los indígenas nos quieren asfixiar”.
Aliaga, quien califica la posición de la CIDOB como provocadora y “que busca desgastar y mellar la imagen del presidente Evo Morales”, criticó las amenazas de marchas y bloqueos y advirtió que si éstas se hacen, se levantarán por la desigualdad de tierras “y nos vamos a medir con ellos, cuando pasen por el Chapare o los Yungas”.
La Hojarasca