El informe de Auditoría Especial sobre el precio de adquisición de un inmueble para oficinas de Gerencia Regional de la Aduana de Oruro confirma que la misma fue comprada con un sobreprecio de 74.144,68 dólares, lo cual implica un daño económico para el Estado.
La presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya.| Foto archivo Abi
El informe elaborado por el auditor Interno General de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Rolando Berdeja, y al que tuvo acceso ANF, da cuenta que el inmueble de 950 metros cuadrados ubicado en la zona sud de Oruro se compró a un precio de 456.290,78 dólares, cuando el valor comercial del mismo, de acuerdo a un avalúo de la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz, es de 382.146,10 dólares.
"Se observa que la diferencia del precio en el importe de $us 74.144,68 conlleva una situación que va en contra los intereses del Estado, por lo que corresponde resolver el contrato", recomienda la Auditoría a la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya.
El argumento de la Autoría sobre esta recomendación sostiene que el avalúo emitido por la Comisión de Calificación de la Aduana, que fijó el monto de 456.290,78 dólares en el contrato de compra de este inmueble "es erróneo", al verificarse un excedente de 74.144,68 dólares.
En ese sentido, el informe sostiene que el avalúo que realizó la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz, a nombre de la ANB y que lanzó un precio de 382.146,10 dólares por el inmueble, "debió ser el monto del contrato" por el cual se debió efectuar la compra.
En razón al sobreprecio, detalla el informe, la Gerencia Nacional Jurídica de la ANB determinó iniciar un proceso penal en contra de los anteriores propietarios del inmueble, Adolphe Gunnard Bulinck Machicado y Petrona Machicado Vda. de Bulincks y los funcionarios de la Aduana implicados en este proceso de compra.
"Los suscritos abogados (de la Gerencia Nacional Jurídica ), en representación de la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional, presentamos denuncia penal, por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica y Asociación Delictuosa en contra de los funcionarios intervinientes en el proceso de adquisición del inmueble (…) así también contra Adolphe Gunnard Bulinck Machicado y Petrona Machicado Vda. de Bulincks por la presunta comisión del delito de Contratos Lesivos al Estado", señala el informe.
En el documento no se especifica los nombres de los funcionarios de la Aduana que fueron denunciados por la Gerencia Nacional Jurídica.
El informe pide además la necesidad de que un perito dirimidor, que provenga de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, sea quien pueda llevar adelante un peritaje para determinar "con exactitud y precisión El Pago del Justo Precio" del inmueble, toda vez que existen diferentes avalúos del mismo, entre ellos el realizado por el Directorio de la ANB, que señala que inmueble tiene un costo de aproximadamente 280 mil dólares.
"Concluimos que no se cumplió a cabalidad con los procedimientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, para la determinación del precio referencial, la elaboración de las especificaciones técnicas y el documento base de contratación, aspecto que ha repercutido en el valor final de compra del bien inmueble adquirido para funcionamiento de oficinas de Gerencia Regional Oruro", concluye la Auditoría.
Actualmente, el directorio de la ANB denunció a Marlene Ardaya y a Eva Quino Valdez, gerente general de la ANB, por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en la compra de este inmueble.
A raíz de ello, el pasado 8 de agosto el Ministerio Público emitió una imputación formal en contra de la presidenta interina de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya y Eva Quino, por "haber encontrado los indicios suficientes" de presunta culpabilidad en la compra de este inmueble.
Además se imputó también a otros seis funcionarios de la ANB: Luis Jiménez Suárez, Hilda Ventura Fernández, Ernesto Zaconeta Quintana, Amílcar Pérez Hurtado, Adolfo Pérez Machicado y Ramiro Chávez, a quienes con "probabilidad serían autores de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes", de acuerdo a la imputación del Ministerio Público que tuvo acceso ANF.
Se imputó además a Adolphe Gunnard Bulinck Machicado, por ser "con probabilidad autor del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado".
Quino, Fernández, Pérez, Chávez y Paola Salas Melgar forman parte de la Comisión de Calificación encargada del proceso de contratación para la compra de este inmueble, señala el informe de Auditoría de la ANB.
Este viernes se debía llevar adelante la audiencia de medidas cautelares de Ardaya y los demás imputados, pero el juez noveno de instrucción en lo penal de la Corte Superior de Justicia de La Paz, Rolando Sarmiento se excusó de llevar adelante esta audiencia y la postergó para el próximo 12 de octubre. La Paz, ANF.