El juez 5° de Instrucción en lo Penal, Ricardo Maldonado, instaló ayer la audiencia conclusiva del caso Terrorismo I en la ciudad de Cochabamba. Este proceso se refiere a la desarticulación de un supuesto grupo separatista que estaba al mando de Eduardo Rózsa, el mismo que fue desbaratado en la ciudad de Santa Cruz, en abril del 2009, en un operativo policial. El fiscal Marcelo Soza, que lleva el caso, rechazó las denuncias de Villa sobre la siembra de pruebas y señaló que está acostumbrado a mentir. La audiencia conclusiva se inició a las 11.00 y concluyó pasadas las 19.00, luego de tener un cuarto intermedio en la tarde. Para hoy está previsto que se reanude la sesión judicial. Cerca del mediodía, El Viejo salió de la audiencia para recibir unas pastillas dentro de su tratamiento contra la diabetes.
Al regresar, dijo que recibió amenazas en contra de su familia, hechas por un supuesto funcionario del Ministerio Publico. “Me dijo que me calle, me preguntó ¿sabes dónde está tu hijo?”, dijo preocupado. La amenaza fue denunciada durante la mañana, “un tipo que dice trabaja con (el fiscal) Soza me dijo que me calle, sino pagaría mi familia, preguntó si sé dónde está mi hijo”, explicó al juez, quien luego de identificar al supuesto agresor ordenó a los policías que lo desalojen del lugar. Por la tarde el juez convocó a la defensa de Villa para presentar incidentes y excepciones, momento que fue aprovechado por el acusado para inculpar al Ministerio Público no sólo de la presunta amenaza. “Me mandaron a poner armas, a implantar pruebas, el doctor Soza sabe”, denunció.
Villa Vargas aseguró que fue víctima de quienes hoy fungen como representantes del Ministerio Publico, se dirigió al fiscal Marcelo Soza, a quien le indicó que lo escondieron, lo alejaron de su familia y casi secuestrado no probó alimento, lo torturaron y tras la tortura fue hospitalizado. Villa solicitó al juez un examen médico forense para evidenciar la tortura. “Usted me secuestró”, le dijo a Soza. El Viejo, desde que salió a luz el caso Terrorismo I, dio diferentes versiones sobre este caso. Incluso un medio de comunicación denunció que Villa pidió dinero para dar información sobre el caso.
Villa aseguró ayer que era acosado permanentemente porque el objetivo era presionar para que implante las pruebas que ayudaron a implicar a 38 personas, ahora acusadas de la comisión de los delitos de terrorismo y alzamiento armado. De ellos, 17 fueron declarados prófugos, 12 están detenidos preventivamente en centros penitenciarios en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, mientras que 9 cuentan con detención domiciliaria. El juez tuvo que llamar al orden; Jorge Fernández, abogado de El Viejo, sostuvo que la versión de su defendido respaldaba el incidente de actividad defectuosa presentado en el que se observó la acusación, la detención y las pruebas que lo incriminan.
Fuente: Unitel.
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