Nuevo Viceministro: La Policía violó los DDHH de los indígenas. El responsable de la represión es el Gobierno dicen policías y sectores de la sociedad civil.
Policías, molestos y en alerta por si surgen más suspensiones
Marco Chuquimia. La Paz, El Deber
Tipnis. Las unidades de la fuerza de seguridad pública del Estado que participaron en la represión están en emergencia. Dicen que el Ministerio de Gobierno dio las cintas masquin.
Represión. Los efectivos policiales que participaron en el operativo contra los indígenas están disgustados con el Gobierno
Los jefes y policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), Polivalentes y la Escuela de Sargentos, que participaron de la violenta intervención de la marcha indígena el 25 de septiembre, se mantienen en alerta ante la posibilidad de más suspensiones que puede determinar el Gobierno luego de la medida adoptada contra el subcomandante, general Óscar Muñoz.
Según los policías, no hubo mayor protesta por la suspensión del general Muñoz, porque este jefe policial era considerado ‘duro’ y además tenía muchos anticuerpos en la UTOP, la unidad que encabezó la dispersión de los indígenas. “Pero si tocan un coronel, un mayor o peor, un policía, eso va a provocar problemas porque hay mucha molestia, después de todo lo que pasamos; por eso hay alerta en las tres unidades que participaron de ese operativo”, afirmó un oficial que retornó de Yucumo.
El nuevo viceministro de Régimen Interior, Roberto Quiroz, que ayer fue posesionado en el cargo, aseguró que cualquier suspensión de policías implicados en esos hechos se realizará “en apego de la norma”, y que será necesario “dejar trabajar” a la Fiscalía que ya inició la investigación sobre esos sucesos.
Los policías aseguraron que fueron funcionarios del Ministerio de Gobierno los que llevaron las cintas de embalaje y que la orden era la de aprehender “a la mayor cantidad posible de dirigentes indígenas” y dispersar a los demás, “para eso eran los aviones”, confirmaron los policías consultados por EL DEBER.
Quiroz dijo que todos los policías tienen una materia referida al respeto de los derechos humanos y que aquellos que no cumplieron su labor en observancia de estas lecciones deben ser responsables de sus actos.
Los policías no comparten la visión del Gobierno de castigar a los que cometieron abusos y aseguraron que ellos actuaron en función de una orden que vino desde “esferas superiores” y que por ello se activó la operación. Al igual que los policías, los oficiales aseguran que era más factible dispersar a los colonizadores y dejar el paso a los indígenas.
Oficiales y policías rasos estuvieron molestos desde el primer momento porque los trasladaron sin las medidas de seguridad que exigen para operativos de desbloqueo como lo sucedido en Caranavi.
Los elementos de seguridad de los policías se refieren a las armas de dispersión como las escopetas de balines. “Dese cuenta que en la dispersión de Yucumo no hubo heridos de balines de goma, fue porque no se llevó ese armamento; en agosto del año pasado, el Gobierno procedió a recoger esas armas con la excusa de investigar el caso Caranavi”, recordó un oficial que estuvo en la policía antimotines en 2010.
Desde agosto del pasado año, unidades internas de la Policía decidieron retirar de algunas unidades armamento que puede ser considerado letal. Ayer, policías de los polivalentes y de la UTOP señalaron que las escopetas de balines se destinaron a la academia de policías.
Los uniformados afirman que las declaraciones de Guadalupe Cárdenas reflejan el sentimiento de la tropa y que el Gobierno sabe que ella habla cuando los policías le piden que lo haga, es considerada “punta de lanza” de las inquietudes de los policías.
Los policías admitieron que Cárdenas no es, de manera oficial, su representante. Pero la sienten como su portavoz legítima. “Además, ¿quién más puede hablar de nosotros? Nadie”, indicaron.
Denuncian maniobras en ley corta
Con el pedido de dispensación de trámite y urgencia de voto, el proyecto de ley del Gobierno para suspender la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos- Villa Tunari en el tramo II, fue presentada en la Cámara de Diputados y saltó su tratamiento en la comisión que analiza el pedido de los indígenas.
El diputado guarayo Bienvenido Zacu se mostró sorprendido por una maniobra del oficialismo. “Nuestra propuesta es la suspensión definitiva de la carretera por el tramo II y aquí (en el orden del día) dice que es temporal, eso no estaba concertado. Tenemos que seguir hablando, la propuesta tiene que bajar a los hermanos de la marcha”, afirmó Zacu. A Erbol manifestó que se trata de una “una mamada, un engaño”, para enfriar la marcha de los nativos.
La propuesta del MAS indica que en caso de existir una petición expresa de la población beneficiaria de la construcción de la carretera para completar el trazo Ichoa-Santo Domingo, se procederá a aplicar cualquiera de los mecanismos de consulta: referéndum departamental, entre Cochabamba y Beni; consulta o referéndum entre los municipios de San Ignacio de Moxos y Loreto de Beni y Villa Tunari en Cochabamba; y consulta o referéndum entre las comunidades que habitan el Tipnis; consulta a las comunidades que habitan en las localidades de Ichoa y Santo Domingo. /MCh
El responsable de la represión es el Gobierno
Iván Miranda / Sociólogo y politólogo
El hecho represivo del 25 es un hecho consumado. Como tal, no tiene ninguna relevancia buscar chivos expiatorios o quién es el culpable, porque en el orden jerárquico todo Estado tiene legitimidad para hacer uso de la fuerza física. Sea China, Cuba o Estados Unidos, el Estado tiene el monopolio de la coerción y como tal, el Gobierno boliviano ha usado el aparato represivo para frenar la marcha. En este caso no hay que buscar al culpable, porque el responsable del mandato de la represión es el Gobierno.
Mantener el problema sin resolverlo de fondo lo único que hará es agravarlo. Habrá mayor antagonismo entre el poder político y la sociedad civil, y muchas veces, cuando se agudizan las tensiones se convierten en problemas inmanejables.
Una solución al problema pasa porque el Gobierno apruebe una ley que anule todo el proceso de construcción de la carretera y que haga una nueva convocatoria, con participación del Estado, sociedad civil e indígenas, para que no haya ninguna duda tanto en la inversión como en la ejecución de las obras. El Gobierno no tiene argumentos para cuestionar la posición indígena.
Para saber
Cargos. El subcomandante suspendido, el general Óscar Muñoz, ocupó los siguientes cargos institucionales dentro de la Policía Boliviana: Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc); jefe departamental del comando de Policía de La Paz, y también fue jefe nacional de Inteligencia.
Costas. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, calificó al Gobierno central de cínico y carente de valor civil por echar la culpa solo a la Policía por la represión contra los indígenas que defienden la preservación del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). En opinión de Costas, el Gobierno busca un "chivo expiatorio" para disipar la atención de los conflictos y desorientar a la población.
Anclasspol. Los dirigentes de la Asociación Nacional de Clases, Sargentos y Policías no se han pronunciado, pese a los varios intentos de reunirse para tomar una posición.
Viceministro: La Policía violó los DDHH de los indígenas
El Gobierno posesionó a Roberto Quiroz como nuevo viceministro de Régimen Interior en lugar de Marcos Farfán, que renunció tras la represión policial a la marcha por el TIPNIS.
La Razón – Paulo Cuiza – La Paz
Acto. El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez (der.), saluda a la autoridad posesionada, Roberto Quiroz.
Minutos después de ser posesionado en el cargo, el viceministro de Régimen Interior, Roberto Quiroz, afirmó que la Policía violó derechos humanos en la represión a la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en Yucumo (Beni), el domingo 25.
Un contingente de al menos 500 policías golpeó, amordazó y maniató con cinta adhesiva a los caminantes, y además provocó que niños se separen de sus padres cuando huían de los gases lacrimógenos. Quiroz aseguró que se violaron los derechos humanos de los indígenas.
“Por omisión y acción se han estado violando derechos y mucho más cuando hubo un operativo que no debería haberse efectuado”, afirmó el viceministro, quien tiene una amplia trayectoria en instituciones y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
La autoridad reemplaza a Marcos Farfán, que renunció al cargo dos días después de la intervención policial. Ese día también dimitió el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, revelando que Farfán ordenó la acción policial. El exviceministro negó que hubiera instruido una intervención de las características que se vieron, y afirmó que, en su condición de autoridad, sus acciones respondieron a una “instancia superior”.
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, instruyó el jueves suspender al subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, para que asuma defensa sobre su participación en el operativo de Yucumo. El jefe policial estuvo al mando de los cerca de 500 policías desplazados a la zona.
Quiroz consideró que lo sucedido en Yucumo también debe quedar como un antecedente para que en el futuro no se vuelva a incurrir en similar error. “No se puede cometer los mismos errores dos o tres veces”.
Posición. También trazó como uno de sus objetivos el cambio institucional de la Policía. “No podemos estancarnos”, manifestó el nuevo Viceministro de Régimen Interior, quien acotó que todo cambio dentro de la institución debe estar acorde a la normativa. “No podemos ser arbitrarios y decir ‘este señor se va o se queda’ por simpatías o antipatías, en todo caso tendremos que evaluar la conducta de las personas”, puntualizó.
La represión policial a la marcha indígena ocurrió al día siguiente de que los caminantes tomaran como rehén al canciller David Choquehuanca y lo obligaran a marchar para romper un cordón policial que impedía que la movilización avance hacia un bloqueo de colonos opuestos a los indígenas.
“Debemos velar por los derechos y garantías en aras de la paz social, el orden público, el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos", manifestó Quiroz.
La autoridad señaló que sostendrá reuniones con jefes policiales para ver en qué medida son autocríticos con su conducta y encontrar soluciones “a conductas incorrectas”. El presidente Evo Morales denunció que policías opositores a su gobierno buscan dañar su imagen.
Fue Defensor de El Alto
Roberto Quiroz Guillén fue representante del Defensor del Pueblo en la ciudad de El Alto durante 11 años. Es abogado, fue miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y asesor de la COB, maestros y fabriles.
“No se pueden repetir dos veces los mismos errores”
El nuevo viceministro de Régimen Interior, Roberto Quiroz.
Entrevista. Quiroz señala que tiene una propuesta de relanzamiento de su despacho bajo la consigna del respeto de los derechos humanos en las labores policiales.
Página Siete. Marcelo Tedesqui V / La Paz – 08/10/2011
Quien reemplaza desde ayer en el Viceministerio de Régimen Interior a Marcos Farfán, el principal acusado de ordenar la represión de Yucumo hace dos semanas, es Roberto Quiroz, quien ejerció por 11 años el cargo de defensor del Pueblo en El Alto.
En su discurso de ayer, minutos después de ser posesionado por el ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, propuso un relanzamiento de ese despacho en base a la defensa de los derechos humanos.
Tras el acto, un grupo de periodistas habló con él y a continuación reflejamos parte de esa charla.
Usted planteó para el despacho que asume un relanzamiento basado en el respeto de los derechos humanos, ¿es que antes no hubo ese respeto?
Hay una mala comprensión de los derechos humanos. Piensan que son terceros los que tienen que velar por ellos, cuando por definición el Estado es el que se compromete a velar por ellos y a garantizarlos, y no solamente determinadas instituciones.
Entonces, esa concepción tiene que entrar a la cabeza de todos los funcionarios públicos, mucho más si se trata de brindar seguridad a la ciudadanía. Por acción o por omisión, el Estado se puede constituir en violador de los derechos humanos y ahí se genera un gran problema, porque el Estado no se reconoce como transgresor y trata de limitar los derechos humanos.
Hay que darle ese sentido a nuestro trabajo.
Viceministro Quiroz, ¿usted cree que en Yucumo se han violado los derechos humanos?
Sí. Y yo le expresaría un criterio mucho más lejano. Se han violado los derechos humanos desde el inicio de la marcha. Y a qué me refiero: a los derechos de la niñez. Los códigos y convenciones internacionales nos dicen que no se pueden utilizar a los niños en este tipo de actos. El Estado, en ese momento, debería haber tomado recaudos para evitar que eso suceda. También con las personas de la tercera edad. Entonces, por omisión se han estado violando. Y mucho más cuando hay un operativo que no debiera haberse efectuado, pese a que un día antes hubo cierta reacción de parte de la población. El Estado no puede reaccionar ante esa conducta de la población de igual manera. Pareciera que aquí no se ha valorado bien.
Ayer el ministro dijo que su antecesor fue quien dio la orden. Usted está en ese cargo, ¿siente un peso por ello?
Yo voy a examinar bien los informes y si fuese verdad lo que me señala, eso me tiene que servir de enseñanza para el desempeño de mis funciones. No se pueden repetir dos veces los mismos errores.
¿Por eso el relanzamiento?
Exacto, para no cometer los mismos errores.
¿Usted coadyuvará en la investigación contra Farfán?
No, mi labor es la de brindar seguridad con la institución. El procesamiento es una responsabilidad del Ministerio Público.
Pero puede velar por ella…
Hay que respetar la independencia de los órganos del Estado. No queremos interferir en el trabajo de la Fiscalía. Si requiere nuestro concurso para el aporte de pruebas o algún tipo de información, lo vamos a hacer. Nosotros participaremos en el marco de lo que la norma señala.
Hoja de vida
Carrera Abogado y catedrático
Cargos Fue asesor de la Central Obrera Boliviana, de federaciones de trabajadores fabriles, campesinos y mineros. Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos y durante 11 años ejerció como defensor del Pueblo en El Alto.