Las conclusiones también evidencian que el comandante General de la Policía también tendría responsabilidad.
El informe del Defensor del Pueblo sobre la represión policiaca a la marcha indígena en defensa del TIPNIS, el 25 de septiembre en la localidad de San Miguel de Chaparina (Beni, cerca de Yucumo), concluyó que existiría una "responsabilidad por violación de los derechos humanos del exministro de Gobierno Sacha Llorenti por haber decidido que fuerzas policiales intervengan y desarticulen" la movilización.
El documento, presentado hoy por el defensor del Pueblo, Rolando Villena, establece además que hay "responsabilidad por violación de los derechos humanos del exviceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán Farjat, así como del Director General de Régimen Interior, Boris Villegas Rocabado" por haber realizado los preparativos para el operativo cuya orden fue "impartida por el entonces Ministro de Gobierno, mediante la coordinación con la Policía Boliviana".
Las conclusiones también evidencian que el comandante General de la Policía, general Jorge Santiesteban Claure, como máxima autoridad policial, también tendría responsabilidad "ya sea por conocimiento y voluntad de realizar el operativo, cuanto por desconocimiento y responsabilidad de los actos en el ejercicio de sus funciones del personal bajo su mando".
El documento también identifica este tipo de responsabilidad en otros funcionarios de Gobierno y de la Policía.
"Se evidenciaría responsabilidad por violación de los derechos humanos del Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, general Tito Gandarillas Salazar, al haber dispuesto de bienes del Estado, como aeronaves, combustible, además de personal para el traslado de los marchistas detenidos ilegalmente".
El documento de 122 páginas brinda información general del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), del problema suscitado por la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos y de la marcha que se inició el 15 de agosto desde Trinidad.
La intervención
Además pormenoriza lo sucedido en la represión del 25 de septiembre y ofrece extractos de las declaraciones de los actores involucrados.
"Las agresiones físicas, psíquicas y morales provocadas por los efectivos policiales en la intervención del 25 de septiembre de este año, tenían por objeto producir en las víctimas, no sólo dolor físico, sino además sentimientos de miedo, angustia, inferioridad, humillación, de tal forma que mediante dichos actos, se quiebre su resistencia física o moral", revela el documento.
"Según lo informado oficialmente por el general Oscar Muñoz Colodro, la Policía Boliviana intervino en el operativo cumpliendo órdenes de sus niveles superiores, vale decir del Comandante General de la Policía Boliviana, general Jorge Santiesteban Claure y del Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Asimismo, dichas instrucciones fueron presentadas y coordinadas por el Viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán Farjat, y que las mismas fueron ejecutadas por una orden superior impartida directamente desde La Paz".
La represión policiaca contra los marchistas que se movilizaban en defensa del TIPNIS ocurrió el 25 de septiembre en la localidad beniana de San Miguel de Chaparina (cerca de Yucumo). Varios originarios fueron golpeados, amordazados, maniatados con cinta adhesiva y detenidos.
Según el informe, el operativo comenzó al promediar las 17.20. La policía disparó gases lacrimógenos cuando los marchistas estaban desprevenidos.
Varios relatos obtenidos por la Defensoría revelan que el ataque se inició "con la orden de alguno de los oficiales que estaban en el cerco y con una ráfaga inicial de gases, esto dejó en estado de confusión y temor generalizado a los marchistas, pues los gases llegaban ‘como una lluvia’, tal como refieren varios testimonios". Debido a la represión, la gente empezó a huir al monte.
"Las acciones policiales realizadas el 25 de septiembre del año en curso, violaron el derecho a la integridad personal, en su dimensión física al golpear brutalmente a hombres, mujeres, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, así como madres de lactantes, de donde resultan desgarradoras declaraciones, que evidencian como las de aquel niño asfixiado por los gases botaba espuma por la boca, mientras que una niña de once años fue golpeada, amordazada, detenida arbitrariamente y trasladada mientras se encontraba inconsciente", señala el punto 15 de las conclusiones.
El Ejecutivo justificó la intervención policiaca, pero no la represión, indicando que se buscaba evitar el enfrentamiento entre marchistas y colonos de Yucumo.
El informe del Defensor recuerda que Llorenti señaló que "en todo momento se intentó evitar un enfrentamiento entre civiles para lo cual se adoptarían medidas a cualquier costo". Se informa además que el exministro indicó que se contaba con una orden fiscal para intervenir "con carácter preventivo" la marcha indígena.
"Indicando que ésta fue una medida atinada para cuidar la integridad de las personas, a pesar del alto costo político que implicaba. Además señaló esa autoridad que el Gobierno no tenía la culpa de errores cometidos por terceros, debiendo a los malos policías instaurarles proceso".
El documento defensorial, sin embargo, establece que según los informes de la Policía, los efectivos que participaron en el operativo "actuaron en el cumplimiento de sus deberes protegiendo a todas las personas en el área de operaciones, en especial a la población vulnerable, de tal manera que no existió cerco policial, ni se impidió el acceso al agua".
La Razón Digital – Juan Eduardo Araos