Por segunda vez consecutiva, la firma del pacto trilateral antidroga entre Bolivia, Brasil y Estados Unidos ha sido postergada por el gobierno de Evo Morales.
La razón esgrimida por la administración cocalera es la existencia de “imprecisiones de redacción” en el texto del documento, argumento por demás inverosímil que evidentemente oculta otros motivos de fondo.
“Debe mejorar la redacción del acuerdo, para que de ninguna manera se pueda entender que eso afecta las políticas públicas de lucha contra las drogas a la cabeza del Estado boliviano, bajo control del Estado boliviano, un control total y absoluto”, dijo el ministro de gobierno, Wilfredo Chávez.
“Aquello no debe tener ninguna palabra, ningún concepto que pueda de alguna manera malentenderse, ya sea en términos jurídicos o incluso en términos mediáticos”, agregó.
Las declaraciones de Chávez tal vez dejen entrever un primer punto real: se trata, por una parte, de resguardar la imagen del gobierno ante su propio electorado duro, las bases cocaleras del Chapare, de manera que no se produzcan cuestionamientos sobre una “claudicación ante el imperio”.
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Por otro lado, se sabe que el acuerdo trilateral permitirá contar con “información en tiempo real sobre las hectáreas de coca”, según indicó el viceministro de defensa social, Felipe Cáceres.
Aspecto que también podría poner en aprietos al régimen, evidenciando la extensión real de los cultivos ilegales de coca-para-cocaína.
Sin duda, la cuestión es espinosa para la administración evista, que bien sabe que detrás de las fuerzas brasileñas de erradicación, con asesoramiento norteamericano, está implícito un retorno “sin cartel” de la DEA…