Periodistas están en la lista para declarar. Consideran un amedrentamiento a labor de los medios en Bolivia. La citación fiscal conmina a que los medios entreguen imágenes móviles o fijas del momento de la represión a la marcha.
Dos entidades refutan petición fiscal a medios
Fiscalía. Requirió listas de periodistas que cubrieron la represión en Yucumo.
La Razón – Miguel A. Melendres – La Paz.
Dos gremios de periodistas rechazan el requerimiento fiscal que exige a medios de comunicación la lista de los reporteros que cubrieron la represión a los indígenas en Yucumo (Beni). Lo consideran un amedrentamiento a la labor periodística.
Represión. El 25 de septiembre se intervino la marcha indígena.
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La Fiscalía General del Estado pidió, en las últimas horas, conocer los nombres de los periodistas y otros funcionarios que realizaron la cobertura de la marcha indígena del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), particularmente durante el momento en que se produjo la intervención.
El requerimiento, que llegó a La Razón y a otros medios de Santa Cruz y Cochabamba, pide también todo el material fotográfico, en un plazo de 72 horas.
“Nos molesta y nos llama la atención que el Ministerio Público esté una vez más queriendo penalizar nuestra labor. No sé cuál será la intención de pretender que nuestros colegas sean testigos de cargo o descargo. Rechazamos de forma contundente esa petición”, declaró el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Ramiro Echazú.
En una declaración a los medios informativos en la ciudad de Sucre, el fiscal de Recursos, Orlando Rivero, afirmó que la solicitud a los periodistas que pudieron haber estado en el lugar de los hechos, tiene el propósito de obtener información que apoye la labor investigativa.
“De ningún modo se podría pensar en involucrar a los periodistas. Simplemente se trata de identificar responsabilidades y para eso es la investigación”, mencionó. Más adelante, añadió que “si el Fiscal General considera importante el aporte de los periodistas, se los convocaría en calidad de testigos”.
Echazú dijo que el hecho causa preocupación y lo calificó de un amedrentamiento al trabajo de los medios. La misma opinión expresó el fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas.
“Este desliz jurídico habla de un mal trabajo de la Fiscalía. Es una mala interpretación de la cobertura periodística que viene a empeorar una relación que, de por sí, es conflictiva entre el Gobierno y el gremio periodístico”, dijo a radio Panamericana.
Entretanto, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Boris Quisbert, consideró que, de acuerdo con lo que establecen las normas vigentes, toda persona que conociere de la comisión de un delito está en la obligación de ayudar a su esclarecimiento.
“En ese sentido, creemos que todos los trabajadores de la prensa pueden participar de esa investigación de un tema que fue de repudio general y es importante que toda persona acuda a ayudar al esclarecimiento de esta situación”, señaló.
Tres periodistas están en la lista para declarar
Investigación. Fueron incluidos como testigos por el MSM. Los gremios periodísticos protestan.
Medios. La Fiscalía General pidió imágenes y nombre de los periodistas que cubrieron la marcha
El Deber
El Movimiento Sin Miedo (MSM) incluyó a tres periodistas en la lista de diez testigos de cargo en la investigación por la represión ocurrida el 25 de septiembre en Yucumo, a la marcha indígena. La petición fue rechazada por los gremios periodísticos, por considerar que es un acto de amedrentamiento a los comunicadores.
Dentro de la nómina que presentó el líder del MSM, Juan del Granado, figuran el periodista Freddy Morales, de Telesur; Karen Gil Patiño, encargada de prensa de la Fundación de Tierra, y Bernabé López, de la red PAT.
Ayer se intentó conocer la opinión del comunicador de PAT Bernabé López, pero se negó a emitir criterio, aduciendo que requería autorización de la dirección del medio; mientras que Freddy Morales no fue ubicado.
El que sí fijó una posición fue el líder de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Ramiro Echazú, que rechazó la citación a los periodistas en calidad de testigos, por considerar que viola la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta, que resguardan el secreto de la fuente.
Echazú también cuestionó la conminatoria enviada por la Fiscalía General a los medios de comunicación para que entreguen imágenes e identifiquen a los periodistas que cubrieron la marcha por el Tipnis.
Para el fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, llama la atención la intención del Ministerio Público de convocar a declarar a los comunicadores y opinó que es una medida distractiva para ocultar a los verdaderos responsables de la represión indígena.
Tras esa citación, la dirección de EL DEBER decidió entregar las imágenes, pero sin revelar el nombre de los periodistas que cubrieron la protesta. Similar acción asumió Cadena A.
Asimismo, el Gobierno inició un proceso contra la red Erbol por el presunto delito de “violación de la correspondencia y papel privado y violación de secretos”. Por esa demanda, un periodista de ese medio prestará su declaración mañana, a las 9:00. El director de Erbol, Andrés Gómez, dijo que el Gobierno tiene todo el derecho de demandar y el medio de asumir su defensa.
Fiscalía hará inspección en la zona de Yucumo
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, junto a un grupo de funcionarios del Ministerio Público, se realizará el 16 de noviembre una inspección ocular al lugar donde fueron reprimidos los indígenas. Ese acto será público.
El fiscal de Recurso, Orlando Rivero, dijo que se dispuso para esta tarea la presencia de especialistas e investigadores en torno a este nuevo caso que investiga el Ministerio Público.
“Se ha dispuesto la presencia de la Fiscalía de Distrito del Beni, que fue la primera en intervenir en esta denuncia, también de investigadores y del personal del Instituto de Investigaciones Forenses, para efectos de que realicen la planimetría, la fotografía forense, filmaciones, fijaciones del lugar del hecho y todo cuanto pueda ser conveniente para tener un mejor grado de conocimiento y convicción, particularmente del fiscal general”, dijo la autoridad.
Gobierno inició proceso a Erbol en Ministerio Público
Fiscalía pide datos de periodistas presentes en Yucumo.
REQUERIMIENTO. La citación conmina además a que los medios entreguen imágenes móviles o fijas del momento de la represión a la marcha.
Página Siete/ La Paz – 10/11/2011
El Gobierno inició el pasado 31 de octubre un proceso en el Ministerio Público de la ciudad de La Paz contra Educación Radiofónicas de Bolivia (ERBOL) por el presunto delito de “violación de la correspondencia y papel privado y violación de secretos”, según reportó la red ERBOL.
La denuncia, presentada por Juan Carlos Marín Choquemesa, es en referencia a la publicación de una fotografía del celular del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Wálter Delgadillo, donde aparece un mensaje de texto referido al pliego de la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que afectaba a los pobladores de Yucumo, en el Beni.
La acción legal iniciada a este medio responde a la amenaza vertida por el ministro Delgadillo el pasado 18 de septiembre en rueda de prensa.
“Vamos a cumplir con la norma y con la norma nos vamos a defender (porque tenemos) todas las pruebas para iniciar el proceso el mismo lunes”, añadió Delgadillo en aquella oportunidad.
Paralelamente, la Fiscalía General del Estado envió una conminatoria a diferentes medios de comunicación pidiendo datos de los periodistas que cubrieron la violenta intervención policial a la marcha de indígenas procedentes del TIPNIS.
El documento aclara que tal requerimiento tiene el fin de la acumulación de antecedentes para profundizar la investigación en el proceso en que se acusa al presidente Evo Morales por la represión policial.
La Fiscalía hace otro requerimiento: “Así mismo si su medio ha recogido imágenes del operativo policial del día domingo 25 de septiembre a la marcha indígena por el TlPNIS, remitir copia de todo el material fotográfico. Sea lo impetrado con las formalidades de ley, y en el plazo de 72 horas desde su recepción”.
Al respecto, el jefe de redacción del periódico cruceño El Deber, Tuffí Aré, cuestionó el hecho de que los periodistas tengan que estar inmersos en ese proceso de investigación.
La más importante observación que Aré realiza a esa conminatoria es que la versión de los trabajadores de la prensa podrían terminar favoreciendo a una de las partes en controversia legal. A ello se suma que si el gremio responde a esta primera circunstancia, sería utilizado para otros procesos futuros, debido a que se sentaría precedente.
Algunos detalles
Datos. El documento de la Fiscalía textualmente conmina al medio: “Requiere a su autoridad INFORMAR 1. El nombre, y demás generales de ley, del o los periodistas, y/o funcionarios de su medio que realizaban la cobertura en el lugar de la marcha indígena por el TlPNIS en las inmediaciones de la localidad de San Miguel de Chaparina y Yucumo del Departamento de Beni, entre el 20 al 28 de septiembre de 2011”.
Declaración. Se prevé que los periodistas que cubrieron la marcha serán llamados a declarar a la Fiscalía.