El empresario argentino Agustín Tomás Melano fue condenado en Bolivia en ausencia a seis años de cárcel en un sonado caso de corrupción que llevó a la cárcel a un estrecho colaborador del mandatario Evo Morales.
Melano fue sentenciado por "daños lesivos al Estado, cohecho pasivo y asociación delictuosa", según el veredicto dictado el jueves en la noche por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, integrado por ciudadanos y abogados.
El principal condenado en ese juicio que demoró tres años es el ex presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, preso en un penal de La Paz desde febrero de 2009. Otras ocho personas recibieron condenas entre tres y nueve años, incluyendo a Geovanna Navia Doria Medina, ex esposa de Ramírez.
Melano era director de la compañía Catler Hidrocarburos, una consultora de operaciones petroleras que suscribió contrato para la construcción de una planta procesadora de gas licuado en el sudeste del país.
Catler se asoció con la compañía boliviana Uniservice para la construcción de la planta por un valor de 86 millones de dólares. Según las investigaciones judiciales, Ramírez recibió jugosos sobornos para adjudicar el contrato y aprobó expeditamente desembolsos a favor del consorcio Catler-Uniservice.
El caso salió a luz en enero de 2009 cuando delincuentes asesinaron al empresario boliviano Jorge O’conor Darlach, gerente de Uniservice y principal socio de Melano, en una calle de La Paz para robarle 435.000 dólares que formaban parte del supuesto soborno. Familiares políticos de Ramírez eran supuestos nexos de la operación.
La fiscalía dijo que pidió la detención y extradición del empresario argentino pero el trámite no prosperó.
Ramírez, maestro y abogado de origen quechua, era un hombre muy cercano a Morales desde antes de que el mandatario llegara al poder. Juntos fueron legisladores y Ramírez fue presidente del Senado por el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales lo nombró presidente de la estatal petrolera después de que nacionalizó la industria.
Como presidente del Senado, Ramírez impulsó una nueva ley de hidrocarburos que cambió las reglas para incrementar ingresos para el Estado boliviano y esa norma fue la base de la nacionalización de la industria petrolera que decretó el mandatario en mayo 2006.
Entre los prófugos también figura un alto funcionario de la estatal petrolera que trabajó junto a Ramírez.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, dijo el viernes que sólo se recuperó 9,4 millones de dólares en maquinaria y equipo de los 16,5 millones que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desembolsó al consorcio Catler-Uniservice.
AP