Transición. La Corte Suprema de Justicia cerrará este martes un ciclo tras 184 años de vigencia, para dar paso al Órgano Judicial con autoridades electas por voto popular.
Justicia. El edificio de la Corte Suprema, en Sucre, que desde este martes será el Órgano Judicial. Foto: Yuvert Donoso
La Razón / Yuvert Donoso / Sucre
La Corte Suprema de Justicia cerrará este martes un ciclo tras 184 años de vigencia, para dar paso al Órgano Judicial que será dirigido por autoridades electas. En ese periodo la máxima instancia de la justicia tuvo 56 presidentes, entre titulares e interinos.
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La Suprema nació el 16 de julio de 1827. El mariscal Antonio José de Sucre creó este poder del Estado e indicó en su discurso: “la instalación del alto Tribunal sella hoy a las instituciones que forman de Bolivia un pueblo soberano e independiente. Este acto nacional da a los bolivianos el júbilo de presentarse entre la familia de las naciones Americanas, completando la organización constitucional del poder supremo de la República”.
Según la investigación histórica de Guadalupe Amusquivar Peñaranda, actual responsable de la Biblioteca de la Corte Suprema, Manuel María Urcullo fue el primer presidente de la Suprema.
Administración. Urcullo en respuesta a Sucre dijo: “Si el derecho a una pronta e imparcial administración de justicia se ha mirado como tan sagrado y tan absolutamente necesario entre los hombres reunidos en sociedad; los magistrados que se han impuesto la obligación de hacerlo respetar y de que no sea un vano nombre, serán, ahora, no cumpliéndolo, sobremanera criminales, nunca debe estar el santuario de la justicia más libre de los ataques del poder, de la intriga y del soborno…”.
Entre los 56 presidentes se destacaron José María Serrano, Casimiro Olañeta, José María Dalence, Manuel Sánchez de Velasco, Pantaleón Dalence, Belisario Boeto, Luis Paz, Ángel Sandóval, Mario C. Araoz, José Torrico Sierra, Manuel Durán Padilla, Raúl Romero Linares, Remberto Prado Montaño, Édgar Oblitas Fernández, Óscar Hassenteufel Salazar, Eduardo Rodríguez Veltzé y Héctor Sandóval Parada, entre otros. Cada uno de ellos, en su momento, supo implementar cambios, atravesar obstáculos y guiar la Suprema.
En 1972, la Corte Suprema recién abrió sus puertas a una mujer. En el gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez por primera vez se designó a una abogada como ministra del máximo tribunal de justicia, se trataba de María Josefa Saavedra, civilista de prestigio.
Posteriormente, en 1999, el Congreso eligió a la primera ministra constitucionalmente designada, Emilse Ardaya Gutiérrez, para luego contar con otras profesionales en las altas funciones jurisdiccionales, como Nelly de la Cruz de Palomeque, Virginia Kolle Caso, Rosario Canedo Justiniano, Beatriz Alcira Sandóval Bascopé y Ana María Forest Cors.
Funcionó en 4 inmuebles
Desde la fecha de la instalación de la Corte Suprema, el 16 de julio de 1827, la máxima jerarquía jurisdiccional de Bolivia tuvo distintas sedes. Los primeros ambientes que ocupó fueron los del edificio de la actual Casa de la Libertad, ubicado en la plaza 25 de Mayo.
Luego se trasladó al inmueble anexo a la Catedral Metropolitana de Sucre, actual Gobernación de Chuquisaca. Posteriormente, la Corte Suprema debió reubicarse en el convento de los Dominicos, hoy el Colegio Nacional Junín, espacio en el que también funcionó la Asamblea Constituyente, en 2007.
Ese edificio fue compartido con la Corte Superior de Chuquisaca hasta la gestión 1945, año en el que se inauguró su propio edificio ubicado en inmediaciones del parque Simón Bolívar y donde se desarrollarán los principales actos de posesión de las autoridades elegidas por voto popular el 16 de octubre.
La Suprema, por mandato de la anterior Constitución, era el máximo tribunal de justicia ordinaria, contenciosa y contencioso-administrativa, y se componía de 12 ministros quienes se organizaban en salas especializadas.
‘Tenemos un número inadecuado e insuficiente de operadores de justicia’
Armando Villafuerte.
Experiencia. Villafuerte espera que se den las condiciones para mejorar la administración de justicia. Foto: Archivo Miguel Melendres
La Razón / Miguel Melendres / La Paz
– ¿Qué opinión tiene del futuro del cambio en la administración de la justicia boliviana?
– Es una experiencia nueva de la que aún no sabemos cuál puede ser el resultado.
– ¿Cree que con toda la experiencia histórica de este sistema que termina, fue necesario un cambio de esta magnitud?
– El problema es más humano que legal. Los defectos, más que las leyes mismas, son de quienes tienen que aplicarlas. No voy a generalizar, pero han habido operadores de justicia que se apartaron de la ley que dictaron no fallos injustos, sino ilícitos, que merecen sanción. Eso lo reconocemos.
– Según su percepción, fueron fallas humanas antes que fallas en el sistema. ¿Pero dónde estaría el problema, quizás en la educación?
– La educación es un pilar fundamental de cualquier sociedad políticamente organizada. No tendremos buenos profesionales si la educación está mal encaminada. Hay una crisis ética, moral muy perceptible que acompaña la crisis económica de un país en vías de desarrollo como el nuestro. La crisis económica puede superarse, corregirse, pero la moral y la ética no se superan fácilmente.
– ¿Y las leyes son sujetas a ser modificadas para adecuarlas a la administración?
– Las leyes pueden tener defectos, pero son el resultado de evolución de siglos. Existen leyes muy parecidas en todos los países del mundo. Lo que no existe son los estudios de los fundamentos de esas leyes. Es decir, la profundización del conocimiento profesional entre quienes deben administrar justicia.
– ¿Qué otros defectos ve en la administración de justicia que cierra su ciclo?
– Es posible que la carga laboral de los jueces y magistrados haya sido muy exagerada. Los jueces ya no disponen del tiempo necesario para estudiar los casos y lo que más los presiona es la necesidad de resolver las causas cuanto antes, porque sino, les caen sanciones por retardación de justicia. Por otra parte, tenemos un número inadecua-do e insuficiente de operadores de justicia. Además, no podemos hasta ahora informatizar el sistema operativo judicial, cosa que en otros países ya se ha implementado totalmente.
– ¿Con las reformas, se están dando las mejores herramientas para evitar demoras y los problemas existentes en el sistema judicial?
– Pueden dictarse muchas leyes, dictarse términos brevísimos, pero no sólo es eso. Hay que revisar la legislación procesal con mucho cuidado.
– ¿Y cómo se resolvería el tema económico, toda vez que la norma señala que la justicia debe ser gratuita?
– Jamás el Estado cumplió con el Poder Judicial proporcionándole el porcentaje del Presupuesto General de la Nación que establece un 3%. En muchos casos, en los fines de año ya no se tenían recursos económicos para pagar al personal. El dinero no alcanzaba para pagar a los jueces y mucho menos para dotarles de una infraestructura y de los medios necesarios para hacer más factible la aplicación de una ley.
– ¿Qué podemos esperar?
– Supongo que el Estado ha fijado un presupuesto adecuado que soporte todas las necesidades económicas del Órgano Judicial como pago de haberes, pago a jueces y funcionarios administrativos oportunamente. Muchas veces el Consejo de la Judicatura se vio obligado a emitir algunos valores (timbres, papel especial, papeletas), que le proporcionaban alguna ayuda económica para el sostenimiento de la actividad judicial.
– ¿Cree que los jueces deben ganar mucho más de lo que ganan ahora?
– El juez está casi destinado a vivir modestamente con sus ingresos. Los haberes de los jueces deben ser razonables, de manera que no se los coloque en situaciones económicas difíciles de subsistencia.
– ¿Cómo resumiría este paso a una nueva administración?
– No todo lo anterior ha sido negativo. Todos los ciudadanos debemos proponernos cooperar en la jerarquización del Órgano Judicial. Los periodistas deben controlar con ética. Ojalá se pueda hablar de la independencia del Órgano Judicial. Estar libres de la presión política o de cualquier forma de presión. La única presión que el juez debe sentir es la de su conciencia.
Perfil
Nombre: Armando Villafuerte C.
Nació: En Quime, provincia Inquisivi (Dpto. La Paz)
Profesión: Abogado
Profesor de Derecho Civil y de Familia en la UMSA y la UCB; profesor en posgrado en la UMSA; director de la maestría de Derecho Civil en la Universidad Andina Simón Bolívar; profesor invitado en la Universidad Central de Caracas (posgrado); profesor de Derecho Civil (posgrado) en las universidades UTO (Oruro), Franz Tamayo (La Paz) y Andina Simón Bolívar (Sucre); profesor honorario y miembro del Consejo Académico de la carrera de Derecho de la UPB. Ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia; expresidente de la Academia de Ciencias Jurídicas; miembro de la comisión revisora del Código Civil (1971, 1984), Código de Familia (1972); expresidente del Colegio de Abogados de La Paz y miembro del Tribunal de Ética de la ANP.