Los decesos producidos en Yapacaní son parte de un conflicto por el control de un narco-territorio, parte de la “frontera cocalera” en expansión y también de florecientes negocios en torno al tráfico de cocaína.
Pero no se trata, ni mucho menos, de los primeros muertos durante este gobierno en haber caído en confrontaciones cuyo trasfondo es la geopolítica de la coca.
Pensemos, por ejemplo, en Christian Urresti, asesinado durante una invasión de milicias cocaleras a Cochabamba. O de Oshiro y Céspedes, ultimados por tropas de choque sindicales en Porvenir, al comienzo de una toma regional que tiempo después culminó en un intento de colonización cocalera del departamento de Pando.
En Sucre, mientras se aprobaba en grande una Constitución que entre otras cosas abre las TCO´s del oriente al avasallamiento cocalero (vía su transformación en Tierras Indígena-Originarias-Campesinas), se dieron otros tres homicidios a mano de la fuerza pública, dirigida in situ por el entonces ministro de gobierno, Alfredo Rada.
La violencia estatal ligada a la ampliación de los territorios para los cocaleros del Chapare también se cebó con los indígenas del TIPNIS, con la brutal represión de Yucumo, aunque sin llegar a extremos mortales.
Todo esto, sin contar los asesinatos de efectivos policiales encargados de la erradicación de cocales ilegales, o las muertes producidas por ajustes de cuentas entre clanes del narcotráfico.
Lo cierto es que el instrumento político de los cocaleros (el MAS) se ha convertido en una maquinaria generadora de violencia política, mientras que el gobierno emanado de esa estructura proyecta esa potencia destructiva hacia todos los ámbitos de la vida institucional del país…