Abogados de Bolivia advierten que hay la intención de controlarlos

Con disposiciones del Ministerio de Justicia. Cambios. Hasta el 2013 no valdrán las credenciales entregadas por los colegios y crearán un registro de antecedentes penales.

image Ref. Fotografia: Ilustración: David Díez Canseco

Abogados dicen que hay la intención de controlarlos

Como nuevos instrumentos para el control. Así ven dirigentes de los Colegios de Abogados y del ejercicio libre al anuncio realizado por el Viceministro de Justicia, Nelson Cox, de elaborar un registro de abogados con antecedentes judiciales que se suma al hecho de que después de abril del 2013 los credenciales de juristas que no sean emitidos por el Gobierno no tendrán ninguna validez.



"Tenemos más de 300 denuncias sobre el mal desempeño”, justifica Cox. Sin embargo, el director del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Ángel Paz, culpa al Gobierno de esa situación por haber sido ellos los que por medio del Decreto 100 ya no obligan a los nuevos juristas a registrarse en los colegios donde existe un Tribunal de Honor, que tiene, entre otras sanciones, hasta la suspensión del ejercicio por mala praxis.

Registro de antecedentes. El Gobierno dice que es por el contrario. "Esto tiene una tendencia absolutamente a dignificar el rol del abogado, este registro público de abogados tiene que fortalecerse para que los ciudadanos tengan una garantía con los abogados y no un riesgo", señala Cox.

Asimismo, instó al registro en el Ministerio de Justicia porque hasta el 21 de abril del 2013 ésta será un requisito esencial para el ejercicio de la profesión.

Sobre el tema, la presidente del Colegio Nacional de Abogados, Silvia Salame, informó que esa instructiva no prosperará mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie.

“Es un recurso de control de constitucionalidad que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional. No hay temor, hasta 2013 pueden pasar muchas cosas, no hay que preocuparnos”, dijo.

Instrumentalizar el poder. Las nuevas disposiciones son comentadas en el foro de abogados y tienen diferentes interpretaciones.  "Lo que buscan es callar la voz de los abogados contestatarios al Gobierno porque estos podrán darle o quitarle la licencia según su gusto", afirma Ángel Paz al señalar que en los colegios existe imparcialidad. “Es una venganza porque los abogados han sido críticos del Gobierno y de las nuevas leyes", complementó.

En los mismos términos coincide el abogado constitucionalista Jorge Asbún al señalar que con esas nuevas medidas lo que el Gobierno busca es tener una nueva herramienta de control de los profesionales de ese gremio.

Sin embargo, el abogado y docente de la Universidad Gabriel René Moreno, Ismael Pereira, no ve por qué puede despertar susceptibilidad tanto el registro como el archivo de antecedentes.

"El registro no me interesa, mejor si el Gobierno me pone en su lista", señala el abogado Carlos Subirana. Sin embargo, cree que las normativas deben ser para mejorar un servicio y no para destruir un gremio.

Municipio

Normas que colisionan

Ley de la abogacía. Es el Decreto Ley 16693 emitido durante el gobierno de David Padilla Arancibia en1941.

Establece el registro obligatorio de los abogados y el sometimiento a un Tribunal de faltas y sanciones en el ejercicio profesional.

Decreto 100. Fue emitido el 21 de abril del 2009 por el Gobierno de Evo Morales. Establece la libre afiliación a los Colegios de Abogados y la obligatoriedad de registrarse al Ministerio de Justicia hasta el 21 de abril del 2013.

"Lo que el Gobierno no dice es que él mismo ha provocado que los nuevos abogados ya no respondan a ningún tribunal como ocurría antes".

Ángel Paz

Colegio Dptal. de Abogados

"Lo que busca el Gobierno es instrumentalizar mecanismos para controlar a los abogados. Un tribunal que juzgue a los abogados debe ser imparcial".

Jorge Asbún

Abogado Constitucionalista

"El registro de antecedentes de los abogados 

no busca mejorar el servicio de la práctica profesional. El objetivo es atacar a los colegios".

Carlos Subirana

Abogado en ejercicio libre

"El Gobierno, por medio del Ministerio de Justicia, está en la potestad de registrar a los abogados.  

No veo por qué tiene que haber susceptibilidad".

Ismael Pereira

Abogado y docente UAGRM

El Día, Santa Cruz