La elección del fiscal general no está dentro de las prioridades del MAS en el Legislativo; CN acusa al MAS de no hacer viable esta elección porque ganó la afinidad de la Fiscalía.
Postergan elección del fiscal general
La Asamblea tiene un paquete de leyes que priorizará en el primer trimestre. Posición. Convergencia acusa al MAS de no hacer viable esta elección porque ganó la afinidad de la Fiscalía.
Página Siete / La Paz
Éstas son las ventanillas de atención en la Fiscalía de La Paz.
La elección del fiscal general del Estado no está dentro de las prioridades del MAS en el primer trimestre de actividades de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), mientras la oposición critica.
El proyecto de Ley del Ministerio Público está estancado en la Cámara de Senadores, que -según el oficialismo- sigue en proceso de socialización y que será aprobado después de marzo, una vez que se apruebe el paquete de leyes emanado del llamado Encuentro Plurinacional o Cumbre Social, como demandó el presidente Evo Morales.
“En el primer trimestre están (en agenda el tratamiento de) las seis leyes de prioridad y después de marzo ya está también el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público”, declaró el jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Roberto Rojas.
El titular del Ministerio Público será elegido por la Asamblea una vez que se apruebe la Ley del Ministerio Público; actualmente el fiscal interino es Mario Uribe.
El año pasado, el ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce (MAS) había anunciado que el Legislativo priorizará la aprobación de la Ley del Ministerio Público y la elección del fiscal para acompañar al nuevo Órgano Judicial; sin embargo, ahora el MAS pretende aprobar las seis leyes encomendadas por el presidente Morales.
El senador Adolfo Mendoza (MAS) no quiso cerrar la posibilidad de que el proyecto ingrese en el paquete de leyes en los primeros tres meses, aunque dijo que depende de una definición coordinada entre las directivas de las cámaras legislativas.
“Es algo que se está discutiendo (en el Legislativo) y en los próximos días, como parte de un acuerdo, se puede decidir incorporar en este trimestre y otra es que forme parte de una agenda legislativa”, señaló Mendoza.
Centa Rek, senadora opositora de Convergencia Nacional, criticó que una designación de esta importancia para el país no ingrese en la agenda de prioridades del oficialismo, porque en su criterio esta institución responde a los intereses del Gobierno.
“Al presidente (Evo Morales) no le molesta esta situación (de interinato) porque está con personas afines y puede manejar el Ministerio Público. Es una barbaridad, este interinato debió terminarse hace mucho tiempo”, declaró la asambleísta.
Parlamentarios de fuerzas políticas de oposición denunciaron en varias oportunidades que hay fiscales que se subordinaron al poder político y agilizan los procesos judiciales en denuncias del Gobierno a opositores y no así cuando son quejas presentadas por la oposición.
Mario Uribe fue designado como fiscal interino en octubre de 2006 y ratificado por el Gobierno del presidente Evo Morales el 26 de enero de 2010.
Uribe pide lucha frontal contra la corrupción
El fiscal general interino, Mario Uribe Melendres, llamó a los fiscales a luchar de manera enérgica y frontal contra los delitos de corrupción en el país.
El llamado lo hizo ayer en un acto interno del Ministerio Público, cuando se celebraba el decimonoveno aniversario de independencia funcional.
“Porque a través de los actos de corrupción se está afectando a la población, al ciudadano, a sus hijos, a sus familias en general, quitándoles los beneficios del Estado boliviano. Tanta cantidad de dinero del que se apropia la corrupción, debería invertirse en hospitales, en escuelas, en mejorar nuestro diario vivir. Ese dinero fruto de este delito sale al exterior y el pueblo boliviano sigue siendo pobre”, sostuvo Uribe.
Asimismo, la autoridad reivindicó la independencia funcional de la institución. Sostuvo que la actual Constitución reconoce este principio, por lo que las actuaciones fiscales estarían fuera del control de cualquier otro órgano del Estado, lo que no significa que no exista coordinación institucional.
En los últimos años, este organismo fue criticado por sectores de oposición, que consideran que esta institución está sometida al Órgano Ejecutivo y al partido de gobierno; se la acusó de ser un instrumento de persecución.