Representantes de la prensa señalan que Ley de Imprenta se aplica, conforme manda las normas de autorregulación en los casos de denuncias que realicen determinadas personas y autoridades en contra de los medios por publicaciones que no estén de acuerdo a la ética y veracidad.
La aseveración se da tras los comentarios de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila y el director de Medios Estatales, Claudio Rossel, que califican como poco aplicable la Ley de Imprenta.
La anterior semana en Cadena A, Rossel secundó las palabras de la Ministra de Comunicación asegurando que tanto la Ley de Imprenta como los mecanismos de autorregulación no se estarían aplicando como se debe, puesto que no se observa las soluciones u avances en las denuncias que se realizan contra algunos medios televisivos, radiofónicos e impresos.
Señaló que la Ley de Imprenta no se aplica; “cuantas veces hemos conocido casos que hayan sido juzgados, en toda la historia de la Ley de Imprenta, la que tiene más de 80 años, (existió) un solo caso en Cochabamba contra un periodista que coincidentemente luego fue asambleísta del MAS (…)”, cuestionó.
Destacó tres principios que se deben respetar en la Ley de Imprenta como la garantía a la libertad de expresión, el secreto de la fuente informativa y la inviolabilidad de imprentas, pero advirtió que son necesarios cambios y adecuaciones que deberán ser debatidos con los trabajadores de la información.
APLICACIÓN DE NORMAS
Ante estas declaraciones el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB), Ronald Grebbe, expresó que durante los pasados años sí se procedió como corresponde con la aplicación de la Ley de Imprenta.
Explicó que “existen varios casos y actualmente hay un caso pendiente con el presidente de Bolivia, (Evo Morales) con el diario La Prensa”, por tanto se demuestra que existe la aplicación de la Ley.
Esto “en las medida en las que alguna institución o personas son afectados y acuden a un juez de partido” se procede conforme a lo normado.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ha conformado el Tribunal de Ética para resolver casos que sean referidos a medios de comunicación escritos y según su informe de mayo de 2011 existen resoluciones que han sancionado a los medios informativos tras reclamos de autoridades gubernamentales o de la sociedad civil en concordancia con los reglamentos de autorregulación.
Periódicos como La Prensa fue observada por una publicación realizada el 14 junio de 2010, el periódico Gente por una nota que aludía a la ministra Anticorrupción, Nardy Suxo, así también al periódico El Día tuvo que emitir una réplica el 14 de junio de ese año. La Razón tuvo un caso con la comunidad LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), pero se determinó que el medio impreso no incurrió en faltas y sólo hizo el seguimiento informativo.
JURADOS DE IMPRENTA
Por su parte, el periodista Mario Espinoza, expresó que el problema no pasa por si se aplica o no la Ley de Imprenta sino por verificar si los encargados de aplicar la ley cumplen con sus funciones para trabajar sobre las acusaciones que se presentan contra distintos medios de prensa.
“Si existe alguien que comete un delito en cualquier campo y no se aplica la Ley no es problema de la persona, es un problema del que tiene que aplicar la Ley. Si por una u otro razón no se reúne el Jurado de Imprenta, es un problema del Jurado de Imprenta”, señaló.
Ante la consulta de quiénes conformarían el Jurado de Imprenta, Espinoza explicó que el grupo estaría conformado por personas designadas por las alcaldías. “El Tribunal de Imprenta está conformado por 40 personas designadas por las alcaldías, pero no deben ir las 40 personas a quórum”. Por tanto se sugeriría impulsar a las alcaldías a que realicen la conformación de los tribunales.
El Diario