Retornó de Estados Unidos la misión de organizaciones de la prensa boliviana, encabezada por el fiscal general de la APLP, Antonio Vargas.
Antonio Vargas ante la CIHD de la OEA. Foto: Arch.
La Paz, 13 Feb. (ANF).- El fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas informó que las diversas instituciones de la prensa volverán a denunciar al gobierno boliviano, en octubre próximo, ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por las vulneraciones a los derechos humanos particularmente los referidos a la libertad de expresión.
Vargas informó que la principal reunión, de la misión que retornó de Estados Unidos, fue con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero también se logró importantes encuentros con el Frente Internacional para Periodistas, el Comité Mundial para la Libertad de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas.
“El éxito de esta misión radica en que hemos comenzado a allanar el camino para ser recibidos en el periodo de audiencias de octubre próximo y así para poder denunciar al gobierno del presidente Evo Morales como permanente infractor de las normas de derechos humanos”, afirmó Vargas en declaraciones a ANF.
El representante del gremio periodístico explicó que el trámite para participar en el periodo de audiencias suele ser burocrático, pero dijo que ya se dado el primer paso para que los periodistas bolivianos estén nuevamente como peticionarios y el estado boliviano en calidad de acusado.
Vargas reveló que las organizaciones de defensa de la libertad de prensa en Estados Unidos le expresaron su preocupación respecto a la frecuencia de las agresiones físicas y verbales en contra de los periodistas, el carácter restrictivo de la libertad de expresión. Además rechazan las afectaciones a los periodistas de leyes como; la de lucha contra el racismo, la ley de telecomunicaciones o las intenciones de levantar el secreto de prensa.
Por otro dijo que también llama la atención en Washington el carácter retroactivo de la ley anticorrupción Macelo Quiroga Santa Cruz y que el desacato continué vigente en el ordenamiento jurídico nacional.