La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, afirmó que no hay razón para que las víctimas de las dictaduras asuman medidas de presión, como las implementadas en La Paz, por un grupo que demanda un resarcimiento económico establecido en una Ley promulgada en el gobierno de Carlos Mesa. “Decir a la población boliviana que no hay razón alguna para que estas personas tomen medidas de presión, más aún tener que reclamar algo que no está conducente con lo que ellos mismos piden el cumplimiento de la Ley 2640”, puntualizó.
Explicó que ese grupo pide se acate la norma y la revisión de las carpetas, pero dijo que existe una contradicción porque el artículo 20 de esa Ley establece que “la procedencia o no de la reconsideración será resuelta dentro de los siguientes 10 días de su recepción, resolución que tendrá carácter irrevisable”. En esa dirección, afirmó que si exigen el cumplimiento de la ley no se puede revisar absolutamente ningún tipo de trámite, razón por la que consideró que las personas en vigilia no tienen un planteamiento concreto y lógico, como lo hicieron otros grupos que levantaron la huelga de hambre el pasado 16 de marzo.
Denunció que entre los diferentes grupos de víctimas de violencia política en los gobiernos de facto hay posiciones encontradas, en un problema complejo que, a su juicio, pasa por los recursos económicos para financiar el pago del resarcimiento. Recordó que luego de prolongadas reuniones firmó un acuerdo con Gilberto Mamani y Carlos Soria, dirigentes del grupo que hacia otra huelga de hambre y con quienes dijo se volverá a reunir después de la revisión de todo el proceso, que está a cargo de un equipo técnicos del Ministerio de Justicia.
Fuente: Cadena A.
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