El cambio de la carga horaria de los trabajadores y profesionales sería el velo para encubrir las reformas en el seguro de salud, pues el gobierno pretende controlar las Cajas de Salud, señala el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
“El gobierno aprovecha este conflicto para ocultar la orientación de su reforma de la seguridad social, que pretende controlar, desde el Ministerio de Salud, a las cajas de salud, en especial a la Caja Nacional de Salud (CNS)”, señala el Centro.
Con el decreto supremo 1126, que amplía la carga horaria de 6 a 8 horas para trabajadores y profesionales en salud “se conculca un derecho conquistado” y con el control de la CNS pretenden “excluir a los trabajadores de su administración”.
“Cae en la ilegalidad”, cualquier “medida que contravenga” los derechos laborales, incluyendo el conquistado por los trabajadores del área de salud pública de las 6 horas, asegura el Centro
Recuerda que tanto la Constitución Política del Estado como la legislación laboral vigente y los convenios internacionales, ratificados por el país, “determinan que los derechos laborales, incluido el conquistado por los trabajadores de salud pública de la jornada de 6 horas, son inviolables, irrenunciables, imprescriptibles y de cumplimiento obligatorio”.
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En cuanto al pedido de este sector para ser incorporados a la Ley General del Trabajo, el CEDLA asegura que esta solicitud no es ilegal, porque el decreto supremo 2869, del 1 de mayo del 2006, “reconoce que todo trabajador que cumpla con una relación de dependencia y subordinación respecto a un empleador, que la prestación de trabajo sea por cuenta ajena y que perciba una remuneración o salario”.
El empleo con dependencia “está reconocido en el ámbito de dicha ley, “sea cual fuere el rubro o actividad que se realice” y está sujeto a los derechos y obligaciones emergentes del trabajo asalariado”, señala la institución.
“El gobierno del MAS se ha dedicado a conculcar los derechos conquistados por los trabajadores. Los profesionales en salud y los trabajadores de la salud pública son quizás el mejor ejemplo de esta orientación”, señala la entidad.
Otras violaciones
El CEDLA menciona a la “penalización de la huelga y de las manifestaciones de protesta de los trabajadores” como “una de las mayores violaciones promovidas por el gobierno”.
Además, esta violación va “con el agravante de la imposición de descuentos y sanciones por los día de paro y el despliegue de mecanismos de presión y amedrentamiento de los dirigentes y trabajadores, como el uso de las instancias judiciales y la movilización de grupos políticos y sociales afines al MAS en condición de bloques de choque.
Recuerda que la administración Morales está “soportando una ola intensa de conflictos sociales que se caracterizan por su naturaleza colectiva y nacional y, esencialmente, por ser manifestaciones que reivindican la defensa y conquista de derechos”, señala el pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) que demanda un salario de 8.309 bolivianos.
“Particularmente en la actual gestión gubernamental, los trabajadores del magisterio urbano son objeto de acciones e intentos de conculcación de sus derechos y con-quistas laborales”, remarca.
Y señala a las nuevas empresas públicas, creadas por el gobierno, como uno de los sectores que vulnera las leyes, pues, contrata en el marco “del Estatuto del Funcionario Público y no en el de la Ley General del Trabajo”.
ANF