Esteban Farfán Romero
El lunes (02/04/12). El diputado (MAS) Galo Bonifaz, ha presentado un proyecto de Ley para la investigación de fortunas de jueces, fiscales y policías que hayan adquirido bienes mediante el soborno de delincuente o narcotraficantes, serán decomisados hasta que se compruebe su inocencia o culpabilidad mediante proceso penal. La ley seria retroactiva y obligaría a presentar declaraciones juradas cada año.
Se crearía una Dirección Nacional de Investigación de Fortunas de los Operadores de Justicia (DNIFOJ), dependiente del Ministerio de Transparencia. Las investigaciones se ampliarían a familiares hasta cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, y de otras personas sobre las que existan indicios de encubrimiento.
Las reacciones surgieron. Los opositores sugirieron que se incluya a los dirigentes de los movimientos sociales, sindicatos, ministros, diputados, alcaldes, concejales, asambleístas y otros.
Para el senador por Convergencia Nacional (CN), Roger Pinto, ésta es una medida distractiva para encubrir los índices de corrupción, por lo que no existe confianza en el Gobierno para que haya avances en este tema.
Rafael Quispe, asesor del Conamaq apunta a los dirigentes sociales porque según él, muchos se hicieron ricos en este Gobierno. La diputada (MAS) Betty Tejada, ha dicho que el proyecto no es oficial, sino de iniciativa personal.
¿En qué quedó la publicitada Ley draconiana Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley 004)? ¿Acaso dicha Ley no contempla/aplica a todos los funcionarios públicos de todos los órganos del Estado, incluso particulares? ¿Los jueces, ex jueces y policías están fuera del alcance de la ley 004? ¿Qué les pasa a nuestros legisladores?
Dice la ley de manera rimbombante que tiene por finalidad “acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil”. (Art. 3)
Enriquecimiento ilícito es que un funcionario público “hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado” (Art. 27).
En el Gran Chaco hay muchísimos políticos que se hicieron rico en un abrir y cerrar de ojos detentando una función pública. Hay un caso simplemente espectacular. Un político muy conocido proveniente de un viejo partido tradicional, antes de ocupar un cargo ejecutivo, todos sus emprendimientos económicos estaban quebrados, tenía una deuda vencida de 300.000 dólares a un Banco y éste lo estaba persiguiendo.
En una ocasión tuvo que pasar una noche durmiendo en curules en el edificio de una institución deliberante para no ser aprehendido por la Policía. Pero después que asumió el cargo ejecutivo pagó la deuda total de 300.000 dólares a los 20 días en un solo pago. Actualmente es una de las personas más ricas/poderosas del Chaco con un formidable patrimonio distribuido entre familiares cercanos y amigos de mucha confianza. A este tipo de personas inescrupulosas, el Estado les premia con la absolución de acusaciones de corrupción con abundantes pruebas. Las acusaciones de corrupción duermen el sueño de los justos. Mientras tanto siguen los caminos fantasmas, obras mal hechas, coimas, etc.
¿Por qué Marcelo no se da un paseo por aquí? ¿Porque son aliados? ¿Porque fueron incorporados al proceso de cambio? ¿Por qué la justicia no investiga estos hechos irregulares/anormales a ojos vistas? Aquí todos nos conocemos muy bien porque el pueblo es chico. Nos damos cuenta cuando alguien estrena una camisa. Marcelo solo tendría que hacer un soplido y encontrará muchísima plata sucia robada al Estado.
Hay diputados, asambleístas, alcaldes, concejales de todos los partidos y colores que de la forma más desvergonzada y grosera se enriquecieron en nombre del 45%, de la autonomía regional, de un discurso virulento contra Tarija, por la ingenuidad y simplicidad del pueblo. Hay un diputado que dice que con sólo su sueldo de 10.000 Bs. ha construido una mansión, se compró un costoso rancho ganadero y posee vehículos últimos modelos.
Es muy fácil, hay que tomar una calculadora y multiplicar sus ingresos por el tiempo de permanencia en el cargo y se saca los resultados. No podrían justificar ni el bolígrafo que poseen en el bolsillo.
Basta de hacer show, sería bueno que nuestros parlamentarios sean más serios y responsables. El Gobierno tiene la obligación inexcusable de aplicar la ley vigente a todos sin distinción. Da la impresión que la ley es sólo usada contra los opositores o adversarios. A los suyos o a los aliados se les garantiza impunidad/protección/seguridad.