Persecución: El ultimo caso: Senador opositor Róger Pinto se refugió ayer en la embajada de Brasil en La Paz. Son decenas entre exgobernadores, cívicos y políticos que están exiliados del país.
Hay entre 300 a 600 refugiados bolivianos
Según analistas y opositores. Persecución. Destacan a exgobernadores, cívicos y políticos que están exiliados del país.
Ref. Fotografia: Ilustración por David Diez Canseco.
Con el fin de amedrentar y neutralizar, es que el Gobierno de Evo Morales se dedicó a la persecución sistemática de los opositores. Es la visión que coinciden analistas y opositores políticos.
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Además que ya se registraron entre 300 a 600 bolivianos exiliados en los 6 años de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Como en las dictaduras. El politólogo Emilio Martínez en su columna de EjuTv "El exilio boliviano", cita datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) respecto a que actualmente hay más de 600 bolivianos exiliados.
"Cifra a todas luces preocupante y que parece remontarnos a épocas de los regímenes castrenses", escribe Martínez.
Sostiene que para confirmar la situación, la persecución político-judicial acaba de forzar al senador opositor Roger Pinto a engrosar las amplias filas del exilio boliviano.
Fines electoralistas. El analista Carlos Cordero puntualiza que el hecho de perseguir, encarcelar y amedrentar a los que piensan diferente, es porque el mandatario "quiere hegemonía de poder con miras a las elecciones nacionales del 2014".
Indicó que las cifras de refugiados bolivianos en otros países "son entre 300 a 600 personas, que se encuentran por diversos motivos".
Dijo que lo que sucedió con el senador Pinto "puede enturbiar la reunión de la OEA en Cochabamba, desviando la atención sobre el tema de la persecución".
Opositores lo denunciaron en Uruguay. El pasado 22 de mayo los parlamentarios de Convergencia Nacional (CN) Adrián Oliva y Jeanine Áñez fueron recibidos por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Uruguay.
En la ocasión presentaron información sobre casos que, en su criterio, demuestran violaciones a los derechos humanos en Bolivia.
ACNUR, se encuentra en 120 países ayudando a 34 millones de personas
Ayuda. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), En más de seis décadas, colaboró a decenas de millones de personas a reiniciar sus vidas. Hoy en día, con un equipo de unas 7.200 personas en más de 120 países, sigue ayudando a alrededor de 34 millones de personas.
Bolivianos en tierra ajena
Gonzalo Sánchez de Lozada. El expresidente se refugió en Miami (EE UU) después de la revuelta de octubre de 2003. Por la que el exmandatario envió a militares a acabar con las protestas, lo cual derivó en 67 muertes y más de 400 heridos.
Carlos Sánchez Berzaín. Exministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, también pidió asilo político al país del norte desde octubre de 2003. Acusado de instigar a las tropas militares, lo que desencadenó en un espiral de violencia.
Manfred Reyes Villa. Pasados 10 días de las elecciones nacionales de diciembre del 2009, el excandidato de Convergencia Nacional decide refugiarse en los Estados Unidos, para evitar una orden de aprehensión que tenía en su contra.
José Luis Paredes. El exgobernador de La Paz, salió de Bolivia rumbo a Argentina el 4 de enero del 2010. Denunciado por la Contraloría General del Estado por presunta malversación de más de Bs 8 millones provenientes del IDH.
Mirtha Quevedo. La exministra de Participación Popular del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, pidió asilo político en Lima Perú el 28 de abril de 2009. Acusada al igual que el exmandatario y el exministro de Defensa de genocidio en el 2003.
Mario Cossío. El gobernador suspendido de Tarija, quien fuera acusado de supuesto contratos lesivos al Estado, uso de instrumento falsificado y conducta antieconómica, logró “refugio provisorio” en Paraguay el 26 de diciembre del 2010.
Ana Melena. La exlíder cívica pandina se encuentra en calidad de refugiada en Brasilia, después de los conflictos en Pando que terminaron con el apresamiento del gobernador Leopoldo Fernández, quien está hace más de 3 años detenido sin sentencia.
David Cejas. Expresidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), quien se encuentra refugiado en Brasil. Es implicado en el caso Rosza y que inclusa pesa una orden de captura internacional emanada por el polémico fiscal Marcelo Sosa.
Senador se refugia en la embajada de Brasil
El asambleísta opositor Róger Pinto se instaló desde el lunes en el edificio diplomático para pedir amnistía porque se siente acosado jurídicamente. Brasil analiza su petición de asilo político.
RECINTO. Esta es la embajada de Brasil en La Paz, donde Pinto se refugió. No hay fecha para emitir una posición oficial
Marco Chuquimia. La Paz, El Deber
Agobiado por más de 20 juicios, por las presiones y amenazas de muerte que, afirma, se lanzaron en contra suyo y de su familia, el senador opositor Róger Pinto (PPB-CN) se refugió el lunes en la embajada de Brasil en La Paz para solicitar amnistía para los que considera son perseguidos políticos, un caso inédito en los últimos 30 años en el país.
Pinto, de 52 años y parlamentario desde 1997 por Pando, hizo pública una carta leída por legisladores de su partido, en la que señala: "Hoy me veo en la difícil y dolorosa circunstancia de solicitar refugio en la embajada de la República del Brasil, porque no me queda otra alternativa frente al acoso y la persecución inclemente a la que fui sometido todo este tiempo por parte del Gobierno de Evo Morales”.
Desde Brasilia, el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, confirmó que su despacho recibió y ‘analiza’ la petición de asilo de Pinto, que dice ser perseguido político del Gobierno boliviano.
El portavoz de la Cancillería brasileña, Tovar Nunes, explicó que la solicitud de Pinto será analizada dentro del marco legal, lo cual supone "reunir elementos de juicio para establecer si cabe" la concesión del asilo político.
Hasta la noche de ayer, los representantes del Gobierno boliviano no se habían pronunciado sobre la situación del legislador opositor, aunque el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) deploró la iniciativa del senador pandino, el primer caso de este tipo que se produce en el país desde que recuperó la democracia en 1982.
El diputado masista Galo Bonifaz calificó de "exageradas esas acciones de intento de pedir un asilo político, porque están confundiendo a la opinión pública", mientras que su correligionario Fidel Surco aseguró que "no hay razones para argumentar persecución política".
Sin embargo, en su carta, Mi verdad al pueblo de Bolivia, Pinto denuncia que el Gobierno le inició juicios en los distritos judiciales de Cobija, La Paz, Santa Cruz y Sucre, a los que está obligado a asistir y al mismo tiempo a asistir al Senado para cumplir con sus deberes. “Por cada denuncia de corrupción o por narcotráfico que presento, el Ejecutivo responde abriendo un proceso nuevo uno más descabellado que el otro”, aseguró Pinto en su carta.
Entre los procesos más curiosos, según Pinto, figura uno por talar dos árboles que estaban dentro de su propiedad y por ese caso fue arraigado y debe presentar garantes; otro juicio se remonta a 2007 cuando se aprobó la nueva Constitución Política del Estado en el desaparecido Congreso y Pinto abandonó la sesión, esta acción ahora se tradujo en un juicio por ‘abandono de funciones’.
El diputado Adrián Oliva, de CN, indicó que Pinto solicita asilo porque no tiene otra opción ante el ‘acoso’ y ‘persecución inclemente’, de los que acusan a Morales. El opositor recordó que desde 2006, cuando Evo asumió el poder, hay políticos refugiados en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos y Paraguay.
El MAS bloquea dos propuestas
La bancada mayoritaria del MAS bloqueo ayer en el Senado dos iniciativas legislativas presentadas por el opositor Róger Pinto, de CN, que se encuentra refugiado en la embajada de Brasil en La Paz, donde solicita asilo político.
La bancada opositora solicitó la dispensación del trámite para la consideración de una resolución cameral que pide la investigación de la persecución política desatada por el Gobierno y la aprobación de una ley de amnistía política. La bancada mayoritaria decidió que la propuesta debe correr el trámite burocrático y la envió a la comisión de Justicia Plural.
La segunda petición era una licencia para que el senador Pinto no pierda el curul, y la carta señala que su ausencia durará el lapso de tiempo que dure su proceso; nuevamente, el oficialismo decidió que la misiva debe ser considerada por la secretaría.
Vanos fueron los esfuerzos de los colegas de Pinto, que pidieron consideración de la investidura del senador opositor y que, además, se agrava cuando él representa a la bancada opositora. Según los oficialistas, Pinto debe responder a la justicia y no escudarse en estrategias que solo buscan un impacto mediático a escala nacional e internacional.
Para el senador Germán Antelo, Pinto enfrenta siete juicios por desacato, pese a que esa figura debió ser abolida del Código Penal.
Mi verdad al pueblo
Denuncia. Asambleístas de Convergencia leen la carta de Pinto.
Decisión. Después de varios años de lucha por la defensa de los derechos humanos, la vigencia del sistema democrático y el respeto a pensar diferente, me veo en la dolorosa circunstancia de solicitar refugio en la embajada de Brasil. No me queda otra alternativa ante el acoso y la persecución inclemente del Gobierno de Evo Morales.
Juicios. Enfrento más de 20 procesos penales, uno más descabellado que el otro. Casi todas las semanas debo declarar en La Paz, Santa Cruz, Sucre y Cobija.
Revancha. A cada denuncia hecha por actos de corrupción o narcotráfico, me abren un proceso penal por desacato, sedición o difamación. Se ha institucionalizado la impunidad.
Caso. Recientemente, desde EEUU se hizo pública la denuncia por protección al narcotráfico en contra del exministro Sacha Llorenti y del exviceministro Marco Farfán. Anteriormente pedí al presidente que las investigara, pero solo recibí en represalia nuevos juicios y amenazas.
Rózsa. Junto a otros colegas presenté información que evidencia la ejecución extrajudicial, torturas y tratos inhumanos en la intervención policial del 16 de abril de 2009 en el hotel Las América.
Posición. Las presiones en mi contra se multiplicaron y se agravó la persecución. Una jueza de Cobija no tuvo reparos en conseguir pruebas ilegales y falsas para enjuiciarme. Las autoridades de Brasil se pronunciaron en contra de la maniobra.
Acoso. Ya no se trata de mi libertad, sino de mi vida y la de mi familia. El odio político quiere cobrar nuevas víctimas.
Para el MAS no es perseguido político, sino penal
Página Siete, La Paz
EL jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), el senador Eugenio Rojas, señaló que su colega de la opositora Convergencia Nacional CN) Róger Pinto, que pidió asilo en la embajada de Brasil, no es perseguido político sino penal por delitos cometidos en su gestión como prefecto de Pando,
El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), el senador Eugenio Rojas, señaló que su colega de la opositora Convergencia Nacional (CN) Róger Pinto, que pidió asilo en la embajada de Brasil, no es perseguido político sino penal por delitos cometidos en su gestión como prefecto de Pando, en el año 2000.“Pinto no está siendo perseguido políticamente, sino penalmente porque está siendo acusado por varios delitos cometidos desde su gestión como prefecto de Pando”, indicó.
Explicó que entre la veintena de procesos que tiene en su contra el senador opositor, está la denuncia de venta de terrenos de la zona franca de la Aduana de Pando y la asignación irregular de 12 millones de bolivianos a la Universidad Amazónica de Pando. Dijo que estos casos son considerados delitos, tipificados en el Código Penal, los cuales deben ser sancionados.
El también senador del gobernante MAS Fidel Surco dijo que “creemos que esto no viene al caso, porque los procesos que tiene en su contra vienen desde hace tiempo, por lo que consideramos que es una falta de responsabilidad por parte de esa autoridad”.
Piden licencia
La bancada de Convergencia Nacional en la Cámara de Senadores pidió ayer a la directiva de esta instancia camaral aprobar una declaración de apoyo al senador Pinto. De acuerdo con la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Centa Rek, el no condenar este tipo de actos contra los legisladores sería un “antecedente nefasto” que podría “quebrar la institucionalidad” de la Cámara Alta, pues Pinto, en su calidad de fiscalizador, denunció actos de corrupción y narcotráfico en el Gobierno que luego fue en su contra.