El ministro de Gobierno dijo que ya inició un proceso penal por el delito de sedición contra la diputada del MSM, Marcela Revollo, ex aliada de Evo, por el presunto financiamiento a la IX marcha indígena.
Romero anuncia juicio a diputada de MSM por “sedición”
JURISTAS DICEN QUE ESA AMENAZA ES UNA “ABERRACIÓN” PORQUE IMPLICA CONSIDERAR “ILEGAL” LA MARCHA
La diputada del MSM, Marcela Revollo y el ministro de Gobierno Carlos Romero, enfrentados. (Fotos APG y ABI)
Los Tiempos – 14/05/2012
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que iniciará un proceso judicial contra la diputada Marcela Revollo por el delito de instigación pública a delinquir, bajo el argumento de que la legisladora del Movimiento Sin Miedo (MSM) estaría financiando la IX marcha indígena.
Como “absurdo jurídico monumental” y “totalmente fuera de la ley” fue calificado este anuncio por el constitucionalista Carlos Alarcón y el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín.
“Hay un equipo de abogados que no va a descansar ni un minuto hasta que este proceso salga adelante. Yo la estoy enjuiciando (a Revollo) por instigación pública a delinquir vinculada al delito de sedición”, dijo Romero a medios estatales.
Los juristas Albarracín y Alarcón coincidieron en que al ser la IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) un acto constitucional, reconocido además por el propio Gobierno, la amenaza de Romero está fuera de lugar por anticonstitucional.
Según Albarracín, un proceso por lo motivos que cita Romero viola la Constitución. “¿Cómo pueden hablar de delitos cuando se trata del ejercicio de derechos?”, se preguntó.
El Gobierno hizo pública la anterior semana una conversación privada de Revollo, donde presuntamente la diputada comprometía su colaboración con la marcha indígena.
Por este hecho, Revollo y su partido, el MSM, anunciaron un proceso contra el ministro Romero por violar derechos constitucionales. Varios juristas consultado por Los Tiempos coincidieron también en que el Gobierno vulnera las leyes y la Constitución.
Albarracín añadió que al apoyo de una persona o partido a la marcha es un ejercicio totalmente democrático que no corresponde a delito penal alguno.
“El Gobierno se contradice porque ha dado las garantías a la marcha, es un derechos democrático. La actitud de Romero sólo puede explicarse como un abuso de poder”, precisó el abogado.
Albarracín aclaró que, en caso de existir un proceso, éste tendría que ser contra el propio Ministro de Gobierno, por intervenir conversaciones privadas anticonstitucionalmente, “porque está violando derechos individuales de los ciudadanos”, dijo.
Absurdo jurídico
Entretanto, el constitucionalista Carlos Alarcón consideró el juicio anunciado por Romero como un “absurdo jurídico monumental”. Dijo que no puede existir delito cuando se está ejerciendo un derecho constitucional.
“Mucho menos cuando se califica de instigación a delinquir, cuando lo que está haciendo la IX marcha es ejercer un derecho constitucional como es el de transitar de un lugar a otro, a reunirse, a peticionar a las autoridades y otros”, sostuvo Alarcón.
Detalló que la propia Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a la IX marcha y le ha pedido al Gobierno que genere espacios de diálogo y concertación.
“Está totalmente fuera de la ley. Es una actitud típica de un gobierno dictatorial. Cuando el ejercicio de estos derechos no es del agrado del gobierno es simplemente sedición o conspiración. No acepta el disenso, la tolerancia ni el pluralismo. No acepta divergencia de ideas ni de opiniones”, dijo.
Alarcón invitó al ministro Romero a leer la Constitución. “Parece que se ha olvidado cuáles son las bases y los preceptos de esa Constitución a la que desautoriza y abusa jurídicamente”, finalizó.
Albarracín acotó que la Fiscalía debería intervenir de oficio ante un hecho claro de violación de garantías constitucionales.
“La marcha es totalmente legal. El Gobierno está tratando de revertir el problema convirtiéndose ahora en víctima”, dijo.
MINISTRO DESAFÍA AL MSM
La semana pasada, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó públicamente una grabación en la que la diputada Marcela Revollo del Movimiento Sin Miedo (MSM) conversa con miembros de la movilización indígena. El hecho provocó el repudio de ese partido que negó hechos ilícitos en ese contacto telefónico y anunció una denuncia contra la autoridad de Gobierno por espionaje.
“Yo la estoy procesando por instigación pública a delinquir vinculada al delito de sedición, por eso la estoy procesando”, advirtió ayer el ministro Romero en declaraciones a medios estatales.
La autoridad de Gobierno demandó a la asambleísta paceña explicarle al país los pormenores de sus conversaciones con los miembros de la IX marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y el presunto financiamiento que propone.
El Ministro de Gobierno negó que se trate de un caso de espionaje y manifestó que tiene la confianza que los informes periciales darán luces de cómo se ha obtenido la grabación que vincula a la diputada Revollo y la responsabilidad que tiene la asambleísta opositora. "Si ella tiene que procesarme, que presente 1.000 querellas y ahí nos vamos a encontrar en los estrados judiciales. Ahí se sabrá si hay espionaje o si he violado sus derechos constitucionales", desafió el ministro Romero.
El Ministro de Gobierno ratificó que la grabación de la conversación de Revollo con un dirigente de la Cidob fue enviada a su despacho por alguien del entorno de la asambleísta, como mucha otra información confidencial que llega a esa oficina, que por la naturaleza de esa cartera de Estado, está encargada del resguardo de la seguridad nacional.
Romero revela haber iniciado juicio a Revollo por sedición
Cargos. La diputada del MSM dice no conocer una demanda oficial. Informe. Romero negó que se trate de un caso de espionaje.
La Razón / Luis Mealla – La Paz
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que ya inició un proceso penal por el delito de sedición contra la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, por el presunto financiamiento a la IX marcha indígena. La opositora aseguró que desconoce una demanda oficial.
“Ella está procesada, yo no he ido a decir a los medios. La estoy procesando por instigación pública a delinquir por el delito de sedición, por eso la estoy procesando y hay un equipo de abogados que no va a descansar ni un minuto hasta que este proceso salga adelante. Tendrá que explicarle la diputada (Revollo) al país qué hace financiando una movilización”, dijo la autoridad en el programa El Pueblo es Noticia, que difunde el canal estatal.
La pasada semana, Romero entregó a los medios una grabación en la que se revela que tres personas, entre ellas Revollo, conversan en un ambiente cerrado mientras reciben llamadas de supuestos dirigentes indígenas. Con ese argumento se acusó a la opositora de financiar la marcha.
En la grabación, la asambleísta conversa con un dirigente llamado Emilio, a quien le pide datos de otra persona para depositar dinero. Después, pide a su personal que la comunique con el diputado indígena (disidente) por el MAS, Pedro Nuni.
Tras este hecho, Revollo presentó una querella contra Romero ante el Ministerio Público, por espionaje, ya que argumentó que se violó su derecho a la privacidad y la Constitución.
Asimismo, admitió que recauda dinero a través de la venta de tarjetas que rinden homenaje a la marcha del 2011; argumentó que el monto es para comprar pañales, leche, agua y otros insumos para la movilización.
“Él (Romero) confiesa haber grabado la conversación sin autorización y haber violado la Constitución y las leyes, pero no conozco de ninguna denuncia formal en mi contra, porque aún no se me notificó oficialmente. Vamos a averiguar esto en estrados judiciales”, dijo a La Razón la diputada.Hecho. Romero cuestionó que la actividad benéfica para la compra de vituallas y alimentos haya iniciado el 6 de abril, 21 días antes de que se inicie la nueva marcha por el TIPNIS:
“Qué hacía la diputada Revollo recolectando pañales, alimentos y víveres el 6 de abril, cuando no había marcha, entonces es una contradicción. Qué hace ella conversando con Emilio Nossa e Ysidro Yuco, dirigentes del TIPNIS, qué hace recaudando dinero para que la gente marche”, indicó el ministro y reveló que se exhibió la grabación por las críticas que hizo el líder del MSM, Juan del Granado, contra el gobierno de Evo Morales.
Revollo no pudo precisar la fecha en que se hizo la grabación y aclaró que el 6 de abril era feriado y ella no visitó su oficina; asimismo, no descartó que gente afín al Ministerio de Gobierno haya realizado esa acción. Negó que haya “infiltrados” en su partido que la quieran perjudicar.
Señaló también que la venta de las tarjetas no es una transacción, sino una “expresión de solidaridad” y que no amerita un control fiscal o impositivo. “Es un acto de solidaridad, cuánto se puede recaudar con 5 bolivianos; no se pueden manipular los conceptos. Es un colectivo solidario que hace esa actividad de la cual yo no soy el centro, sino sólo un miembro más”.
Al respecto, el analista económico Armando Méndez explicó que una actividad formal productiva debe pagar impuestos, pero esta venta de tarjetas, al tratarse de una actividad no rutinaria con fines benéficos, “no está inscrito en los registros tributarios, no tiene NIT, no debe pagar impuestos. Si lo hiciera un empresario, sí está en la obligación de pagar tributos”.
Actividad no comercial
Dato. Según el analista Julio Alvarado, al tratarse de una actividad solidaria y esporádica, la Ley de Impuestos no contempla un control fiscal.Argumento“No se está haciendo una actividad comercial, sino un aporte. La ley vigente sólo se refiere a las transacciones comerciales y los temas solidarios no tributan”.
El Gobierno se querella contra la diputada Marcela Revollo
La acusa de instigación pública a delinquir vinculada a sedición. Respuesta. El partido de Juan del Granado califica de exageradas las denuncias del MAS y niega los afanes conspirativos que le atribuye el Gobierno.
Página Siete/ La Paz (Foto ABI)
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que un equipo de abogados de su despacho presentó una querella contra la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, por el delito de instigación pública a delinquir vinculada a sedición.
La denuncia fiscal se inició luego de que Romero revelara una grabación de la asambleísta en la cual, supuestamente, mediante una conversación telefónica, coordinaba el envío de dinero para financiar la IX marcha indígena que partió el 27 de abril rumbo a La Paz, en demanda de la abrogación de la Ley 222 y del respeto al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Revollo presentó ya el pasado jueves una denuncia formal contra el ministro Romero, en la cual lo acusa de espionaje y persecución política, al haber violado los artículos 21, 25 y 151 de la Constitución Política del Estado, además del 300 y 301 del Código Penal, incluidos en el título de violación de correspondencia y de secretos en correspondencia no destinados a la publicidad.
“Antes que ella me demande, yo ya la he procesado por instigación pública a delinquir vinculada al delito de sedición. Hay un equipo de abogados que está trabajando en eso y no va a descansar ni un minuto. La diputada tendrá que explicarle al país qué hace financiando una movilización”, dijo ayer Romero en una entrevista en un canal estatal.
Dijo que Revollo ha confesado públicamente que financia la IX marcha y calificó de “parafernalias” sus acusaciones que culpan al Gobierno de violar su privacidad y sus derechos constitucionales.
“Si ella tiene que procesarme, que presente mil querellas, ya nos vamos a encontrar en los estrados judiciales. Ahí se sabrá si hay espionaje o si he violado sus derechos constitucionales”, señaló Romero.
Ratificó que la grabación del diálogo de Revollo con dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano fue enviada a su despacho por alguien del entorno de la asambleísta, al igual que otras informaciones confidenciales que llegan a su oficina por temas de seguridad nacional.
El MSM, mediante su secretario político, Edwin Herrera, rechazó la acusación del ministro Romero y la calificó de exagerada porque Revollo, al realizar una campaña para obtener recursos destinados a los marchistas, sólo actuó por razones humanitarias.
“La sedición es una tipificación delicada. El MSM nunca ha tenido afanes conspirativos o una intención de derrocar al Gobierno de Evo Morales. Creo que el Gobierno quiere llevar el tema a otros niveles”, dijo.
Aclaró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no es el único partido que se puede reunir con las organizaciones sociales y que si se culpa por sedición a la asambleísta, el MAS debería también ser procesado por lo mismo, ya que organiza contramarchas con entidades sociales afines.
Herrera también lamentó las “declaraciones desatinadas” de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, quien el jueves 10 dijo que los personajes públicos no tienen derecho a la privacidad.
Recordó lo sucedido con el ex ministro de Obras Públicas Wálter Delgadillo, quien inició una querella cuando fue fotografiado enviando mensajes de texto que instruían fortalecer el bloqueo contra la VIII marcha indígena en Yucumo (Beni).
La Constitución
Artículo 21. Las y los bolivianos tienen derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial.
Inviolable. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte.
Artículo 151. Las y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, interpelaciones, denuncias, propuestas o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen.
