Susana Seleme AnteloY toda forma de discriminación, como reza su título, fue una tramposa ley desde que fuera promulgada por el presidente Evo Morales, en septiembre de 2010. Contra los argumentos oficialistas y los de la oficina local de Naciones Unidas -proclive a Morales y a su ‘Vice’ García Linera- la sociedad democrática boliviana supo, desde el primer momento, que era una ley para suprimir la circulación de ideas ajenas al pensamiento del poder político centralista. Vale decir, censurar la libertad de expresión, de prensa y la crítica política, más que para luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Bajo sus impulsos totalitarios, el Gobierno de Morales le pone otro disfraz a la nunca desechada idea de amordazar a la población boliviana, bajo el imperativo actual de “normar el uso de las redes sociales” -facebook y twitter-. Por ahí circulan críticas a Morales, sazonadas de calificativos poco amables. La portavoz del intento de censura actual es, nada menos, que la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, secundada por un diputado de su mismo partido.Pretender “normar” las redes sociales es reprimir la “sociedad red” y “la conexión ciudadana”, como señaló hace años el catalán Manuel Castells, más allá de que su surgimiento respondiera a la revolución de la tecnología de la información y la comunicación, como expresión de las elites globalizadas. Pero al mismo tiempo, apunta Castells, han surgido trincheras y movimientos proactivos contra los cercos y controles del poder político-económico sobre la vida de los ciudadanos/as.No es extraño que ponerle normas el uso de las redes sociales tenga un fin: callar la crítica política. No obstante, en un sistema democrático, la crítica es legítima, legal y necesaria, para ‘bajarle los humos’ a los que detentan el poder y se creen eternos e intocables. Como los mandamases de turno y sus cómplices, masculinos y femeninos, devotos del culto a la obsoleta figura del desacato, que penaliza la crítica política a funcionarios de un gobierno, como grave falla de desobediencia a la autoridad. En la práctica, el desacato es un recurso de regímenes dictatoriales. En ellos, el derecho a la libre expresión es una amenaza a sus desmedidas ambiciones de poder. La crítica como herramienta de la democracia expresa el respeto a la pluralidad de ideas políticas, valor intrínseco en las sociedades contemporáneas. Restringir, reprimir, amordazar o normar el derecho a opinar libremente sobre autoridades, condena a mujeres y hombres a renunciar al derecho de la palabra y al pensamiento. ¡Vaya! Nada menos que las dos exclusivas cualidades que nos diferencian del resto de los miembros del reino animal. Las redes sociales se convirtieron en protagonistas en procesos de cambio, como los vividos en la elección del presidente de Estados Unidos, Barak Obama y la democrática primavera árabe. En Estados Unidos se pedía el voto para el primer presidente afroamericanos, en un país en el que hace 50 años los derechos civiles le eran negados a hombres y mujeres por el color de la piel. En los países árabes se reclamaba cambios políticos, fin de las casi eternas dictaduras corruptas, democracia, inclusión social y económica, transparencia.El derecho a la información prevalece sobre el derecho al honorAl leer el enunciado precedente, los poderosos debieran temblar, no sin razón. En esta lucha por la libertad de expresión, de ideas y el derecho a la crítica, hay ejemplos que sientan jurisprudencia, y que apuntan a que el derecho a la información prevalece sobre el derecho al honor. Es el caso de un municipio de Balaguer, en Cataluña-España, donde una ciudadana fue condenada por criticar a su alcalde. El Tribunal Supremo, eliminó la condena bajo el argumento contundente de que “no es posible anteponer el derecho al honor como obstáculo para el ejercicio del derecho a la crítica, pues la carga de asumir la crítica severa, dura e incluso inconveniente, se impone en una sociedad democrática…”. Es decir, en un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión e información y el derecho al honor de una autoridad electa, el primero debe prevalecer sobre el segundo, por el carácter prevalente de la libertad de expresión. Los abusos de autoridades abundan, como un municipio de Chile -El Tabo- donde un alcalde autoritario censuró la franquicia del derecho a la fiscalización de sus concejales, y más bien los procesó.En febrero de 2011, la censura empresarial disfrazada de ética -en los hechos imposición del poder gubernamental- se cebó en la periodista mexicana Carmen Aristegui, por no retractarse con una disculpa, luego de haber hablado del supuesto alcoholismo del presidente. Aristegui les ganó al poder político y al económico-empresarial, pues fue restituida en su cargo como conductora de un programa radial. No pasó aquí lo mismo con el escritor y periodista boliviano, Claudio Ferrufino-Coqueugniot, alejado de su columna en matutino de La Paz, por supuestos términos racistas, vertidos en un artículo de su autoría. ¿Quién censura a Evo Morales y compañía que pecan de racismo directo –contra los pueblos indígenas del Oriente que defienden el TIPNIS- o racismo a la inversa, contra mestizos y blancos? ¿O por sus reiterados insultos a políticos, dirigentes y ciudadanos, sujetos una justicia subordinada al poder político sin recursos de defensa? Lo censurará el voto popular que ya manifiesta tendencias: en La Paz, el departamento más aymara del país.Vamos mal, muy mal, si el gobierno insiste en proyectos que ponen en riesgo la libertad de expresión y que, además, no da respuesta a vacíos legislativos sobre posibles abusos a la intimidad de las personas, aunque para esos casos existen los Tribunales de Imprenta que deben resolverlos. En Bolivia estamos hartos del centralismo andino en nombre del socialismo del Siglo XXI o el “proceso de cambio” que en mucha gente creó la ilusión de un socialismo inclusivo y democrático, ajeno a la izquierda estalinista o la derecha fascistoide, que no son los mismos pero son iguales, como cantó alguna vez el cubano Silvio Rodríguez sobre otro asunto. Las abominables formas y las consecuencias de ambos fenómenos en el siglo pasado, ya fueron emparentadas por Hanna Arendt en su magnífico estudio sobre “Los orígenes del totalitarismo”, acerca de las dictaduras nazi y soviética. Por ese camino caminan Morales, el ‘Vice’, sus adeptos nacionales y réplicas locales, Así, se abona la crisis de la democracia y de la autonomía, el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa y del pensamiento crítico proactivos, favorables de procesos ciudadanos y políticos abiertos e inclusivos y unitarios por el buen común de la diversa sociedad boliviana.