Los policías de bajo rango protagonizaron en los últimos 15 años tres motines, el primero suscitado el 8 de abril de 2000, durante el Gobierno de Hugo Banzer Suárez en demanda de un aumento salarial del 50%, el segundo, ocurrido el 12 y 13 de febrero de 2003, a causa del impuesto al salario que derivó en un enfrentamiento armado en inmediaciones de la plaza Murillo, que dejó 30 víctimas fatales entre militares, policías y civiles. Y el tercero, registrado el 21 junio pasado, que ahora cobra niveles extremos.
Desde el jueves pasado y hasta hoy domingo los policías no pararon de marchar por la plaza Murillo y las principales calles de La Paz/ Foto ANF. Gastón Brito
La Paz, 24 Jun. (ANF).- Los policías celebraron marchando por las calles los 186 años de creación de la institución verde olivo, como la segunda entidad de la patria, pero esta vez no lo hizo en medio de un desfile, lleno de colorido y con las autoridades nacionales en el palco, sino en medio de un motín policial y sendas protesta en las principales ciudades del país.
Los policías que durante los últimos nueve años vestían sus uniformes de gala para conmemorar un aniversario más, esta vez cambiaron esos atuendos por ropa civil y pasamontañas, en algunos casos, para protestar con palos contra el Gobierno que no cede a sus tres demandas principales: Nivelación salarial al igual que los sueldos que ganan los militares, abrogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario y jubilación al 100 por ciento. Como respuesta al rechazo del acuerdo de ocho puntos que llegaron a las 05.20 de este domingo, el Órgano Ejecutivo los acusó, no a todos a algunos, de gestar un Golpe de Estado contra la administración de Evo Morales y planificar supuestamente el asesinato del ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El malestar de los policías de bajo rango contra el Gobierno fue creciendo por tres factores:
Primero, la intervención gubernamental a las cuentas de más 20 millones de dólares de la Mutual de Seguros del Policía (Musepol), entidad que se encarga del pago a los uniformados jubilados, que antes de esa medida su directorio era elegido por voto de los miembros de la institución, pero ahora esas designaciones se las realiza a dedo por el comandante General de turno.
Segundo, los privilegios en cuanto a la asignación presupuestaria de las Fuerzas Armadas (FFAA), infraestructura, equipamiento logístico, técnico y operativo, incrementos salariales a favor de sus miembros, diferencia en cuanto a la seguridad social que el Gobierno se encargó de consolidar desde que el presidente Evo Morales llegó al poder, 22 enero de 2006. Los militares, a diferencia de los policías, se jubilan con el 100 por ciento del salario que reciben por los 35 años de servicio.
Tercero, la discriminación social y de clase que aún impera en las filas policiales, entre efectivos de baja graduación con los oficiales, coroneles y generales, toda vez que los segundos gozan de mayores comodidades técnicas, logísticas, operativas y salariales para realizar sus labores, mientras que los uniformados de base deben cumplir sus funciones en situaciones paupérrimas, sin una adecuada alimentación, pero además de ello soportar los malos tratos que reciben de sus superiores bajo la amenaza de ser dados de baja.
En la Policía, un efectivo de baja graduación no puede reclamar sus derechos o contradecir la orden de un superior, ni responder de mala manera un saludo, pues corre el riesgo de ser separado definitivamente de la institución, gracias a la Ley 101, aprobada el año pasado, que vulnera lo establecido por la Constitución Política del Estado.
La Policía es parte de una de las dos instituciones fundamentales de la patria, y la que se levantó contra las injusticias, tal como sucedió en la revolución de 1952 de Víctor Paz Estenssoro cuando se enfrentaron con el Ejército.
Los policías de bajo rango protagonizaron en los últimos 15 años tres motines, el primero suscitado el 8 de abril de 2000, durante el Gobierno de Hugo Banzer Suárez, en demanda de un incremento salarial del 50 por ciento (conflicto que no dejó ninguna víctima, el segundo, ocurrido el 12 y 13 de febrero de 2003, gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, a causa del impuesto al salario que derivó en un enfrentamiento armado en inmediaciones de la plaza Murillo, que dejó 30 víctimas fatales entre militares, policías y civiles.
El tercero, registrado el 21 junio pasado, que ahora cobra niveles extremos, tras cuatro días de protestas y acuartelamientos, que no logran ser persuadidos y desactivados por las autoridades de Gobierno, que a pesar de horas de intentas negociaciones que derivó en la firma de un acuerdo de ocho puntos, fue rechazado de manera unánime por la tropa policial en todo el territorio nacional.
El presidente Evo Morales considera que se gesta un golpe de estado desde el interior del motín policial, mientras que los dirigentes de los uniformados en los nueve departamentos descartan esta medida y lamentan que el Gobierno busque una justificación alarmante para encubrir su fracaso a la hora de dar soluciones a sus demandas.
En tanto, los presentadores y periodistas de radio Patria Nueva y del canal estatal de televisión se encargaron, de manera maratónica desde las 12.00 de este domingo hasta el cierre de esta edición, de informarle al país del riesgo de un Golpe de Estado y la necesidad de que las organizaciones sociales se manifiesten en defensa del proceso de cambio.
PERDIDAS Y AMENAZAS: Asimismo, la policía fue despojada por el gobierno de Evo Morales, durante la gestión de 2011, de su responsabilidad de administrar y dirigir el Servicio Nacional de Identificación Personal y Licencias de Conducir, tras el escándalo de la vagoneta con placas clonada que supuestamente pertenecía al ex comandante General de la Policía, Oscar Farfán, quien fue destituido del cargo.
Con el tratamiento de la Ley del Ministerio Público en la Asamblea Legislativa, la Policía es susceptible de perder atribuciones en las instancias investigativas, Pues este proyecto de Ley quitaría casi toda la actividad investigativa de la Policía y el Ministerio Público tendría el monopolio de ello. En 10 años, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizan las pericias técnicas de laboratorio, no mostró resultados eficientes a la hora de los resultados.
El Fiscal General del Estado, Mario Uribe, afirmó que por medio de la nueva Ley del Ministerio Público, no se quiere relegar a la Policía, sino simplemente en casos de investigaciones nacionales, de interés de la población, o, cuando la seguridad del Estado esté en peligro, “ya que se exige que la policía actué con mayor responsabilidad, competencia, capacidad y eficiencia en la persecución penal; y a la vez se le otorgue al Ministerio Público la posibilidad contratar investigadores de alta calidad para trabajo eficiente en casos necesarios de persecución penal que interese al Estado y sociedad”.
La determinación del municipio de La Paz de implementar el plan de reordenamiento vial y la Ley de Transporte Municipal originó una serie de enfrentamientos entre la alcaldía y el Organismo Operativo de Tránsito. Ambos se atribuyen la facultad legal de regular el tráfico vehicular y emitir sanciones.