Duda Teixeira
Un informe policial revela el encuentro de un narcotraficante brasilero con el número dos del gobierno boliviano.
Copia del artículo original en la revista Veja: Pág.1, P2, P3
El presidente de Bolivia, Evo Morales se enorgullece de incentivar las plantaciones de coca, materia prima de más de la mitad de la cocaína y crack consumidos en el Brasil, bajo el argumento de que sus hojas sirven para producir té y medicinas tradicionales. Sin embargo, y según lo estima la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tan sólo un tercio de la coca plantada en su país satisface dicha demanda. El resto abastece el narcotráfico, y como consecuencia, contribuye a corromper la vida de casi un millón de brasileros y de sus familiares. Recientemente han surgido evidencias de que la complicidad del gobierno boliviano con el narcotráfico va más allá de una simple defensa de los intereses de los cocaleros o plantadores de coca.
Veja tuvo acceso a los informes producidos por una unidad de inteligencia de la policía boliviana, que revela entre otros hechos, una conexión directa entre el hombre de confianza de Evo Morales, ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, y un narcotraficante brasilero que actualmente cumple su pena en la penitenciaria de máxima seguridad de Catanduvas, en Paraná.
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Uno de los documentos, titulado Aprensión de fugitivo internacional y firmado con el nombre encubierto “Carlos”, describe como los agentes bolivianos identificaron la casa del brasilero Maximiliano Dorado Munhoz Filho en el 2010. Max, como también se le conoce, y su banda poseían haciendas en Guajará-Mirim y en otras ocho ciudades de Rondonia, donde recogían la droga lanzada desde aviones bolivianos. Mensualmente, la banda de Max reciba unos 500 kilos de cocaína que luego eran transportados a San Paulo y Río de Janeiro. El narcotraficante huyó de la cadena Urso Branco, en Rondonia en el 2001, y para entonces se sospechaba que estaba escondido en Bolivia. De hecho, tenía un inmueble en la calle Chiribital, esquina con Pachiuba, en un barrio noble de Santa Cruz de la Sierra. El día 18 de noviembre de 2010 a las 2 de la tarde, los policías que vigilaban el inmueble presenciaron una cena extravagante. Quintana, hoy el segundo hombre más poderoso de la república, aparecía en compañía de Jéssica Jordan de 28 años, famosa en su país por haber sido electa Miss Bolivia tan sólo 4 años antes. Ambos tenían por aquel entonces, puesto de confianza en organismos estatales.
Quintana era el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y Zonas Fronterizas. Dos meses antes, Jéssica fue nombrada por el vicepresidente Álvaro García Linera como directora Regional de Desarrollo del Estado del Beni, departamento que comparte fronteras con Rondonia y por donde ingresa al Brasil buena parte de la droga boliviana. Quintana y Jéssica entraron en la casa de Max con las manos vacías y salieron 20 minutos después con dos maletines. El contenido de los mismos es desconocido.
Dos meses después del encuentro con los integrantes del gobierno de Morales, Max fue detenido en una operación conjunta de la policía federal brasilera y un grupo de miembros escogidos a dedo del servicio de inteligencia boliviana llevado al Brasil. Por otro lado, Quintana fue nombrado por Evo Morales al año siguiente como ministro de la presidencia, el equivalente a la casa civil brasilera, puesto que él ya había ocupado del 2006 al 2009. El relato del agente Carlos acerca del encuentro entre los miembros del gobierno y el narcotraficante brasilero forman parte de una serie de documentos filtrados a la prensa boliviana y norteamericana por un político del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales. Para el autor de dicha entrega de información, el gobierno no ha cumplido con su promesa de mejorar la vida ni de los pobres, ni de los indígenas de Bolivia. Evo Morales triunfó en dos elecciones presidenciales promocionándose como un candidato defensor de los indígenas. Sin embargo, la mayoría de ellos están insatisfechos.
Desde que Morales tomó posesión de la presidencia hubo un aumento del 22% de la superficie dedicada al cultivo de coca en el país. A diferencia de Colombia, que en los años 80s cultivaba y refinaba el 90% de la cocaína consumida en el mundo y ahora combate a los carteles y reduce su producción; Bolivia y Perú han aumentado su participación en ese mercado y hoy proveen la mitad de las drogas derivadas de las hojas de coca. Fabricas de cocaína que hasta el momento no existían en Bolivia, comenzaron a aparecer por centenares, y hoy operan en el país carteles colombianos, mexicanos y el PCC brasilero. Al ver el crecimiento del crimen organizado y las puertas de la política cerradas para sus representantes, los indígenas y los sindicalistas han pasado a criticar abiertamente a Morales. El mes pasado, la policía se declaró en huelga exigiendo mejores salarios. Hace dos semanas, una nueva marcha indígena llegó a La Paz para impedir la construcción de una carretera en el parque ecológico indígena Isiboro Sécure (TIPNIS). El proyecto que según los bolivianos, une a “dos poblaciones sin habitantes”, tiene como objetivo abrir nuevas fronteras para la plantación de coca, dado que la productividad de la región vecina del Chapare, principal reducto de Morales donde el 90% de las hojas se destinan a la producción de drogas ilegales, está en franco declive. Quintana no se cansa de atacar a los indígenas que se oponen a la construcción de la carretera, al mismo tiempo que sale a defender a los cocaleros. Quintana fue militar, araponga entrenado por los norteamericanos y asesor del ministro de defensa del presidente Hugo Banzer (1997 – 2001). Además, es autor de las declaraciones más antiamericanas del gobierno de Morales. A él se le atribuye la sugerencia, acatada por Morales, de expulsar del país a los agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), órgano americano que financiaba la gasolina y parte del salario de los policías bolivianos dedicados a la lucha contra el narcotráfico. No es de extrañar que dicha medida haya salido de la cabeza del hombre que comparte con el vicepresidente Álvaro García Linera la responsabilidad de administrar las relaciones del gobierno boliviano con el presidente venezolano Hugo Chávez.
Los informes que revelan los lazos comprometedores del gobierno boliviano con narcotraficantes fueron realizados por agentes que simpatizan con la administración Morales, sorprendidos ante la incapacidad del presidente de percibir la podredumbre de su entorno. “Los esfuerzos que hace nuestro amigo y hermano Evo para erradicar la corrupción caen en saco roto y eso puede ser utilizado por la oposición para manchar su honra” explica un policía encubierto, apodado Confucio. Uno de los referidos documentos revela que Raúl García, padre del vicepresidente Linera y adicto a la cocaína, habría influido en el nombramiento del Director de Aduanas del aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra, por donde sale buena parte de las drogas con destino a Brasil. “Algunos narcotraficantes colombianos que aseguran haberle dado un apartamento en Santa Cruz al padre del vicepresidente a cambio de protección para que despeguen determinados aviones, dicen tener pruebas de esto” relata uno de los informes confidenciales. Cabe destacar que Raúl García murió de un infarto el año pasado.
“La creciente actuación de los narcotraficantes brasileros en Bolivia resulta facilitada por un sinnúmero de factores, entre los cuales se encuentra la posibilidad de negociar con miembros del gobierno” afirma Douglas Farah, especialista norteamericano en el estudio del flujo ilegal de armas y drogas, que ha analizado todos los documentos confidenciales entregados por el político del MAS. Hasta el momento no hay datos que ayuden a esclarecer si el entorno de Evo Morales se ha corrompido aisladamente o si él tendría participación directa en los negocios de su gobierno con el narcotráfico. Hasta el momento el presidente no ha reconocido que nada esté funcionando de manera inapropiada o ilegal. Desde que la oposición hizo entrega de dichos documentos comprometedores hasta el momento, ninguna investigación ha sido abierta por las autoridades. En lugar de eso, se intentó castigar a los mensajeros. El senador Roger Pinto, por ejemplo, que en marzo del 2011 tuvo la osadía de llevar al Palacio Quemado una copia del informe acerca de la reunión entre Quintana y Max, entre otros papeles con denuncias, fue acusado de corrupción por Morales y acabo recibiendo asilo político en la embajada de Brasil en La Paz. Hasta el viernes pasado, aún no había recibido el salvoconducto del gobierno boliviano para poder embarcarse en un avión con destino a Brasil.
Veja – Brasil
(Traducción: www.hacer.org)