Narco-Estado

Luis Felipe Dorado Middagh*

52 El gobierno descarta, cual si fuera un exceso verbal desaprensivo de la oposición o parte de la conspiración del capitalismo para desprestigiarlo, la existencia de un Narco-Estado en Bolivia.

Hablar de narco-estado es, de manera oficial, procurar la descalificación de un gobierno “revolucionario” que está dispuesto a enjuiciar a gobernadores, parlamentarios e incluso publicaciones y medios televisivos del exterior para negar esta realidad.



Tras iniciar una pesquisa parlamentaria y viajar a los Estados Unidos a conocer el estado del juicio que terminaría con la condena y encierro del ex jefe de Inteligencia del Ministerio de Gobierno, el General René Sanabria, varios juicios fueron abiertos en contra de quien hoy es jefe de bancada de la primera fuerza de oposición en la Cámara de Diputados.

Esa es también la razón de fondo del enjuiciamiento por “corrupción” al senador Roger Pinto, jefe de senadores de la oposición, con asilo concedido por la Republica Federativa del Brasil hace más de tres semanas, pero “rehén” del Estado plurinacional que se niega a otorgarle el salvoconducto de rigor para salir del país y que los tratados internacionales imponen emitir en estos casos.

Habiendo sido uno de los primeros en emplear el término públicamente, y siendo hombre de leyes, me siento en la obligación moral y la responsabilidad de sustentar la correspondencia y la pertinencia de esa definición, a nombre de quienes no pueden hacerlo.

El concepto de “Narco-Estado” tiene origen en una vasta bibliografía de la criminología internacional. El jurista mexicano Marcos Pablo Moloeznik lo define como “aquel territorio donde el narcotráfico es un actor político que le disputa el poder al Estado”, mientras que el canadiense Peter Dale Scott, profesor de la Universidad de Berkeley, lo define como la “simbiosis entre los gobiernos (y en particular sus agencias de inteligencia) y las asociaciones criminales”.

No hay aproximación más precisa a la realidad de un Estado en el que el ex jefe de Inteligencia del Ministerio de Gobierno purga condena en una cárcel de Miami por el delito de importar cocaína a los EEUU; o para un gobierno cuyo Ministro de la Presidencia, y hasta hace poco Director Nacional de Fronteras, acaba de ser denunciado por una prestigiosa revista por “fraternizar” y “recibir maletines” de dinero de un conocido capo del narcotráfico en Brasil.

Para ser honestos y justos con quienes de seguro merecerán represalias del gobierno por estos conceptos, debemos decir que ni Moloeznik ni Dale Scott desarrollaron el concepto de Narco-Estado pensando en “descalificar” o “estigmatizar” al actual gobierno boliviano y su gloriosa gesta por la despenalización de la hoja de coca.

Mucho antes de Bolivia, la penetración de mafias narcotraficantes en los gobiernos de Colombia, Kosovo, Guinea Bisseau y México obligó a desarrollar este concepto. Nada hay de político en el uso de una categoría cuya correspondencia con la realidad boliviana no es cosa de la oposición o la prensa, sino culpa de un gobierno de quien seguimos esperando una explicación coherente a las denuncias de la cadena norteamericana Univisión y ahora de la revista brasilera Veja sobre los vínculos de altos jerarcas del MAS, en ejercicio de cargos estratégicos de Estado, con el tráfico de cocaína.

Evo no puede seguir negando haber convertido la republica de Bolivia en un “Narco-Estado”, frente a la dramática evidencia de que su Ministro Secretario y su candidata a Gobernadora del estado fronterizo con Brasil sostienen reuniones subrepticias con capos del narcotráfico, a solo meses de que su jefe de Inteligencia fuera detenido in fraganti en Panamá internando cocaína a los Estados Unidos.

La comunidad internacional y la oposición legislativa aguardamos respuestas concretas y decisiones de Estado que permitan evidenciar si la corrupción alcanzó la misma oficina presidencial, algo cada vez más urgente, después de que el jefe de Estado fuera ratificado como máximo dirigente del más grande sindicato de cultivadores de coca, con la promesa de “legalizar” la producción de coca en una zona de cultivo excedentario. La negación de la realidad ya no es una explicación aceptable.

*Jefe de bancada de Convergencia Nacional en la Cámara de Diputados