Crisis. La justicia debe enviar una notificación para restituir a Bravo.
La sentencia absolutoria de Desirée Bravo fue leída ayer, a las 18:05, por el juez Carlos René Roca, del Tribunal Tercero de Sentencia de la capital. Con este trámite, la concejala está próxima a retomar sus funciones en el organismo deliberante.
Confuso. El abogado Capobianco pidió al tribunal una aclaración para saber si Desirée regresa al Concejo como presidenta.
Paralelamente a esta audiencia, el fiscal anticorrupción Carlos Candia presentó la imputación formal contra los seis ediles disidentes de Santa Cruz Para Todos (SPT) y la masista Arminda Velásquez por incumplimiento de deberes, por no aprobar en febrero los estados financieros de la comuna.
En el caso de Bravo, los cinco jueces, dos técnicos y tres ciudadanos, fallaron a favor de la concejala con el argumento de que la Fiscalía no mostró pruebas contundentes que respalden la supuesta falsificación de las notas de secundaria.
El fiscal de la causa, José Luis Bravo, no acudió a la audiencia, por lo que debe esperar la notificación para presentar la apelación, pues tiene 15 días hábiles para hacerlo.
Lo que no quedó claro fue si Bravo retorna al organismo deliberante investida con el cargo de presidenta que ocupaba cuando fue suspendida por sus colegas, el 19 de marzo, o como simple munícipe.
Por más que insistió el abogado Roberto Capobianco, el presidente del tribunal, Carlos René Roca, no aclaró, y se limitó a responder que haga el requerimiento el primer día hábil de la notificación de la sentencia. La concejala indicó que hoy asistirá al Concejo y retomará su oficina, pero tampoco dijo si se considera presidenta o apoya la directiva comandada por Óscar Vargas.
Su colega Vargas anotó que el juzgado debe enviar una notificación al pleno del Concejo para que sea leída como parte de la correspondencia y así devolverle sus derechos.
Pero al cerrarse un capítulo de la crisis del Concejo se abre otro, pues el fiscal Carlos Candia ayer en el Juzgado Noveno de Instrucción en lo Penal dejó la imputación formal por incumplimiento de deberes contra Óscar Vargas, Enrique Landívar, Manuel Saavedra, Leonardo Roca, Sibele Ortiz, Yanine Parada, de SPT, y Arminda Velásquez porque no aprobaron los estados financieros en la sesión del 27 de febrero.
“Los concejales imputados se rehusaron a aprobar el informe económico y hay suficientes indicios de que esta acción perjudicó la ejecución de obras, causando daños a toda la ciudadanía”, manifestó Candia.
“No conocemos nada de esta denuncia, que no es para suspender a los concejales. Ya tenemos una querella donde la jueza Valeria Salas fue recusada, por lo que nunca se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares”, dijo Vargas.
Percy es excluido de otro juicio
La jueza Ximena Flores, del Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar, excluyó al alcalde Percy Fernández del proceso por trabajos que no se ejecutaron en el canal Isuto.
El concejal suplente de la alianza MAS-ASIP Hugo Siles dijo que le llama la atención que en el último mes la Alcaldía coordine proyectos con las autoridades judiciales y los juicios contra el burgomaestre no prosperan, como sucedió la semana pasada cuando la jueza Iris Justiniano determinó el archivo de los obrados en el proceso por fallas en la maternidad.
Siles y la fiscal asignada al caso del canal Isuto, Rose Mary Barrientos, señalaron que apelarán la decisión. Según la fiscal, el recurso para la exclusión lo presentaron también dos funcionarios, pero solo procedió para Fernández, bajo el argumento de que cuando se ejecutó la obra de limpieza no estaba como alcalde, porque había renunciado para lanzarse a la relección en 2010. /CD
El Deber