Una lucha con 47 años de historia. Evo Morales ha retomado un proyecto que en 2003 contempló Gonzalo Sánchez de Lozada. La primera norma nacional de protección para esta reserva natural data de 1965.
La consulta se impone a las muertes y a las caminatas
TIPNIS. Los indígenas realizaron dos marchas, en menos de seis meses, en contra del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Ocho personas fallecieron en las caminatas.
El Deber, Santa Cruz
Las ocho muertes, los 130 días de caminata y 1.200 kilómetros recorridos, en dos marchas indígenas, entre Trinidad y La Paz, resultaron insuficientes para que el Gobierno desistiera del proyecto de construir el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
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Por eso de todos modos se iniciará hoy, en Oromomo, la consulta previa en 69 comunidades que habitan dentro de la reserva natural para que definan si se ejecuta la obra caminera por medio de su territorio.
De acuerdo con el protocolo para la consulta a los pueblos indígenas, elaborado por los ministerios de Obras Públicas y el de Medio Ambiente y Agua, la finalidad es “establecer un diálogo intercultural y horizontal que permita consensuar un acuerdo o lograr el consentimiento relacionado para definir si el Tipnis debe ser zona intangible o no para hacer viable el desarrollo de los pueblos moxeños-trinitarios, tsimanes y yuracarés; así como la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”.
La aplicación de la consulta se sustenta en la ley 222, que es cuestionada por la dirigencia de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), que promovió la octava marcha indígena, entre el 15 de agosto y 19 de octubre de 2011, y la novena movilización, entre el 27 de abril y el 28 de junio de este año, en contra de la construcción del tramo vial.
La ley 222 fue aprobada por el partido gobernante después de la realización de una contramarcha de los progobiernistas Consejo Nacional del Sur (Conisur) para dejar sin efecto la intangibilidad del Tipnis.
Para el dirigente de la Cibod, Adolfo Chávez, la consulta que pretende aplicar el Gobierno es posterior y supone un antecedente negativo en la conquista de los derechos de los pueblos indígenas, porque no hubo consulta previa para que los originarios de tierras bajas definieran sobre la construcción de la carretera.
“El derecho a la consulta no es político, sino un derecho a la subsistencia y sobrevivencia de estos pueblos, defiende el derecho a la vida. Ese antecedente es un duro golpe al núcleo de los derechos indígenas”, señaló Carlos Revilla, de la ONG Unitas.
Sin embargo, para el expresidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce, del MAS, la consulta es un derecho consolidado de los pueblos indígenas que habitan el Tipnis, que debe desarrollarse con toda normalidad, con verdadero carácter democrático a partir del domingo”.
Los indígenas intentaron detener el proceso con la presentación de un amparo constitucional, pero fue rechazado por un Tribunal del Distrito Judicial de Chuquisaca, que se declaró incompetente para analizar el caso y lo remitió a la jurisdicción de La Paz.
Para la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, del MAS, una acción judicial no detendrá la consulta indígena.
Movilización por la reserva natural
– Reclamo. Los indígenas de tierras bajas organizaron la octava marcha, en esta oportunidad en contra de la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que atraviesa el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). La movilización partió de Trinidad el 15 de agosto de 2011.
– Víctimas. El 21 de agosto murió Pedro Moye Nosa, de 12 años, a consecuencia de un accidente ocurrido tres días antes. En esos días el Gobierno acusaba a los indígenas de recibir financiamiento de EEUU. El 5 de septiembre falleció Juan Uche Noé, un bebé de ocho meses que acompañaba a sus padres en la marcha. Una mujer abortó el 17 de octubre.
– Chaparina. La Policía intervino violentamente la marcha y arrestó a cientos de marchistas. Fueron llevador a Rurrenabaque y San Borja para regresarlos a La Paz, pero los pobladores lo impidieron. Renunciaron los ministros de Defensa y de Gobierno. La octava marcha indígena llegó a La Paz el 19 de octubre y fue recibida de forma multitudinaria.
– Movilización. Los indígenas se agruparon en Trinidad, el 27 de abril de este año, para iniciar la novena marcha indígena en defensa del Tipnis. La caminata comenzó debilitada porque el Gobierno promovió una campaña en las comunidades del Tipnis, donde entregó regalos a los originarios. Cinco personas murieron durante el recorrido a La Paz.
– Cierre. La movilización llegó a La Paz el 28 de junio después de enfrentar una serie de contratiempos durante el trayecto de Trinidad a La Paz. El Gobierno los acusó de recibir apoyo de los partidos de oposición. El presidente Evo Morales no los recibió y regresaron a sus comunidades después de permanecer 15 días en la sede de Gobierno.
Una lucha con 47 años de historia
Tipnis. Evo Morales ha retomado un proyecto que en 2003 contempló Gonzalo Sánchez de Lozada. La primera norma nacional de protección para esta reserva natural data de 1965.
El Deber
La construcción de la carretera que vinculará a Cochabamba con Beni es un viejo proyecto que en 2003 fue retomado por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que a través del decreto 26996 incorpora en la red un camino por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Actualmente, el proyecto es abanderado por el Gobierno de Evo Morales, que se ha mantenido firme en la ejecución de la carretera, incluso ha movilizado todo el aparato gubernamental para buscar respaldo de las comunidades y seguir con la construcción.
La protección de este territorio data de 1965, cuando los entonces presidentes de la Honorable Junta Militar de Gobierno, general René Barrientos Ortuño y general Alfredo Ovando Candia, promulgaron el Decreto Ley 7401 para resguardar lo que ahora se conoce como Tipnis, ante la posibilidad de que se construyera un camino y continúen avanzando “los planes de colonización”.
Luego de registrarse la primera marcha indígena en 1990 en reclamo, precisamente, de la preservación de este territorio, el Gobierno de Jaime Paz Zamora se vio obligado a promulgar el Decreto Supremo 22610, el 24 de septiembre de 1990, “para dar solución definitiva al problema de los asentamientos de colonización en los parques nacionales, particularmente en los de Amboró, Carrasco, Ichilo e Isiboro Sécure. Se instruyó la conformación de Comisiones mixtas con la finalidad de establecer líneas rojas para evitar nuevos asentamientos”. Es a partir de ese momento que la zona tiene doble titulación, como parque nacional y como territorio indígena, así se bautiza como Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.
Cronología
22 de nov. de 1965
Creación del Parque Nacional Isiboro Sécure (PNIS) por Decreto Ley 07401
1979
El Servicio Nacional de Caminos (SNC) rehabilita el tramo entre Puerto Patiño y San Antonio de Moleto (actual zona colonizada), anteriormente abierto por la empresa petrolera Gulf Oil Company.
1990
Indígenas del Tipnis participan en la Marcha por el Territorio y la Dignidad, y reclaman el respeto de su territorio.
El 24 de septiembre de ese año, el Gobierno emite el Decreto Supremo 22610 en el que se establece:
– El reconocimiento del PNIS como territorio indígena. Cambia su denominación a Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
– El decreto fija una “zona de amortiguamiento” que amplía la superficie del territorio indígena fuera del parque para proteger a las comunidades ubicadas en las riberas de los ríos limítrofes (Isiboro y Sécure).
– Instruye la delimitación de la “línea roja”, que separa las propiedades de los colonos (principalmente cocaleros) en el sector sur de la TCO, así, estos quedaron dentro del parque, pero fuera de la propiedad colectiva.
1997
La Resolución administrativa del INRA TCO-NAL-000002 reconoce:
– El espacio como propiedad colectiva a favor de los pueblos indígenas moxeño, yuracaré y tsimane bajo la figura de Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
– En dicha resolución también se establecen las bases para la cogestión entre la Subcentral Tipnis y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
– Por primera vez es delimitada la “línea roja”.
Abril 2003
El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada promulga el Decreto Supremo 26996, que incluye a la futura carretera en la red vial fundamental.
2006, 2007 y 2008
La Prefectura de Cochabamba incluye a la carretera en su planificación anual.
8 de abril de 2008
La por entonces presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, suscribe con la empresa OAS el documento de adjudicación de construcción de la ruta.
4 de septiembre de 2008
Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firman un convenio de financiamiento del camino.
Septiembre y octubre de 2008
José María Bakovic, expresidente del SNC, denuncia desde la cárcel de San Pedro que la carretera se construirá con un sobreprecio de $us 200 millones. El Ministerio de Justicia analiza la denuncia. En noviembre, la filial cochabambina de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) pide la revisión de los costos de la obra.
Enero de 2009
El Gobierno boliviano reitera que concretará con Brasil el financiamiento para la construcción de la vía.
Marzo de 2009
ABC asegura que el proyecto no tiene sobreprecio y que el contrato con OAS está vigente.
13 de febrero de 2009
El Decreto Supremo 06 instruye el inicio del proceso de contratación para la construcción de la carretera.
13 de junio de 2009
El Gobierno entrega el título de propiedad a la Subcentral Tipnis. La propiedad comunitaria se consolida en una superficie de 1.091.656 hectáreas, según datos del INRA-Beni.
El área protegida tiene 1.215.585 hectáreas y la zona colona en el área protegida es de 124.000 hectáreas. Según datos del INRA-Beni falta delimitar 137.783 hectáreas a favor de terceros (25 estancias ganaderas) que están dentro de la TCO-Tipnis, en el norte.
Abril-agosto de 2009
Evo Morales declara en varias oportunidades que Brasil garantiza el financiamiento de la obra. Indígenas e instituciones ambientalistas protestan.
11 de marzo de 2010
La Cámara de Diputados aprueba un protocolo de financiamiento suscrito entre Bolivia y Brasil por 332 millones de dólares.
14 de octubre de 2009
La empresa constructora OAS realiza una reunión informativa pública en San Ignacio de Moxos dirigida a autoridades municipales, ganaderos, indígenas, ciudadanos, comerciantes, entre otros. Los asistentes piden que continúe el proceso de información. No participó la Subcentral Tipnis.
7 de abril de 2010
Evo Morales promulga la Ley 005, que aprueba el protocolo de financiamiento suscrito entre Brasil y Bolivia.
2 de mayo de 2010
En la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, 60 instituciones se manifiestan en contra del proyecto vial.
18 de mayo de 2010
El XXIX Encuentro Extraordinario de Corregidores del Tipnis, en la comunidad de San Miguelito, rechaza el proyecto. Los indígenas proponen un tramo alternativo que bordee el sector este de la TCO y no agreda a la Zona Núcleo.
Mayo de 2010
OAS organiza otra reunión informativa en la zona colonizada del Tipnis. Acuden cocaleros, comerciantes, autoridades municipales, Conisur, entre otros. Los participantes solicitan la extensión del Tramo I del proyecto hasta el río Ichoa para aprovechar la licencia ambiental que le había sido concedida. Sin embargo, esa autorización solo abarcaba el segmento Villa Tunari-Isinuta. No estuvo presente la Subcentral Tipnis.
3 de junio de 2010
La revista brasileña Veja denuncia que la carretera financiada por su Gobierno será una de las rutas por las que llegará la cocaína a ese país.
21 de junio de 2010
Convocada por la Cidob, comienza la VII Marcha Indígena en Trinidad (Beni). Entre otros puntos, los marchistas del Tipnis reclaman por la suspensión del proyecto vial.
5 de julio de 2010
ABC paraliza la obra por el rechazo de los indígenas. La institución reconoce que el proyecto no tiene diseño final en los tramos I y III. En el tramo II (que atravesaría el parque) ni siquiera existe un estudio técnico, social y económico.
Julio de 2010
El viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, y el director de Medio Ambiente, Luis Beltrán, renuncian a sus cargos alegando que autoridades de Gobierno trataron de obligarlos a firmar las licencias ambientales.
31 de julio
En la celebración del aniversario de San Ignacio de Moxos, Evo Morales pide diálogo y vuelve a anunciar que ejecutará el proyecto vial.
6 de diciembre de 2010
Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) pasan a denominarse Territorio Indígena Originario Campesinos (TIOC), de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo 727.
10 de agosto de 2010
La Cidob informa de que presentará una contrapropuesta para la construcción de la carretera.
12 de agosto de 2010
La nueva viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, entrega al presidente de la ABC, Luis Sánchez, las licencias ambientales para los tramos I y III.
19 de enero de 2011
ABC informa de que la construcción no arranca porque los indígenas no aceptan el proyecto. Reconoce que Bolivia aún no firmó el contrato de financiamiento con el Gobierno del Brasil.
22 de enero de 2011
En un discurso público, Evo Morales asegura que las obras en la carretera comenzarían en febrero. El Gobierno ya “firmó el último contrato con Brasil”, dijo.
Junio hasta el presente
– El 3 de junio el Gobierno inicia las obras de construcción de los tramos I y II en la localidad de Villa Tunari.
– Los indígenas rechazan la construcción y amenazan con la realización de una nueva marcha indígena, cuyo inicio está previsto para el 15 de agosto.
– El presidente Evo Morales responde que la carretera se construirá “quieran o no quieran” los indígenas.
15 de agosto de 2011
– Unos 500 indígenas inician en Trinidad la VIII Marcha Indígena de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia. La manifestación tiene una plataforma de 13 demandas; la más importante es la que se refiere a la defensa del Tipnis. Los marchistas prevén llegar a La Paz en 35 días.
Pasos a seguir en las comunidades
Tipnis. Tendrán que deliberar de forma colectiva para tomar una decisión. Se reunirán a convocatoria del corregidor o líder, pero se registrará a los asistentes y se firmará un acta.
Se ha marcado el camino a seguir para la realización de la consulta previa que es fuertemente resistida por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob). El Gobierno, a través de dos ministerios, es el responsable aplicarla y se ha establecido que los actos, documentos e información serán de libre acceso a las comunidades y entidades de la sociedad civil.
Las comunidades definirán de manera colectiva, en ampliados comunales, sobre los temas que plantea la consulta en esa reserva.
Las brigadas se encuentran desplegadas por todo el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Antes que nada deben acordar con la autoridad máxima de la comunidad, para convocar y realizar la asamblea comunal en la que concertarán la aprobación o no de la construcción de la carretera. Una vez se consensúe, deberán concertar la firma de un acta que acredite los resultados. El tiempo de duración del proceso en cada comunidad será variable y dependerá de la cantidad de habitantes en cada región y de las intervenciones que realicen los pobladores. El protocolo enumera 69 comunidades en las que se aplicará la consulta, que comienza este domingo en Oromomo y en San Miguelito.
Desarollo de la consulta
Se realizará a través de asamblea comunal. Se han conformado 15 brigadas que estarán compuestas por al menos cinco personas, un representante del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, uno del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, dos facilitadores indígenas que apoyarán en el proceso de consulta y de traducción y un encargado de logística.
Llamado. En cada una de las comunidades del Tipnis, de acuerdo con normas y procedimientos propios, se verificará la asistencia de los miembros de la comunidad a la convocatoria de asamblea comunal del corregidor, cacique, autoridad comunal o en su ausencia de una autoridad reconocida por la comunidad en la fecha establecida en la comunicación oficial.
Registro: Se procederá al registro de los participantes en una planilla de asistencia. La comunidad designará a las personas encargadas de dirigir la asamblea, redactar las actas y moderar las discusiones, es decir, los responsables de llevar adelante la asamblea o reunión junto con los representantes de las entidades estatales.
Actos protocolares. Los responsables de llevar adelante la asamblea o reunión establecerán con los asistentes el orden del día, las reglas para el desarrollo de la asamblea o reunión; permitirán a los integrantes de la brigada, representantes del Órgano Electoral, veedores nacionales e internacionales presentarse y aclarar los alcances de su participación. Se explicarán las herramientas e instrumentos metodológicos que se implementarán para lograr los objetivos de la consulta. Se hará énfasis en el contenido y el derecho a la consulta como parte del derecho de los pueblos indígenas entre otros que consideren necesario, a solicitud de un miembro de la comunidad.
Instalación de la asamblea o reunión. Los responsables de llevar adelante la asamblea o reunión, previo cumplimiento de los dos anteriores actos, darán por inaugurada la asamblea o reunión. En ese momento se iniciará el registro en el acta correspondiente de los actos, intervenciones, participación y aportes de los asistentes.
Explicación. Los miembros de la brigada procederán a explicar de manera amplia y didáctica toda la información relacionada a las medidas a ser adoptadas en el proceso de consulta. Los miembros de la brigada responderán a todas las preguntas en el momento mostrando, si fuere necesario, informes técnicos u otra documentación de respaldo que consideren necesario.
Identificación de los componentes de visión de desarrollo. En el marco de la información otorgada y en relación con la finalidad del proceso de consulta, los miembros de la brigada, de manera conjunta a los asistentes a la asamblea o reunión, procederán a identificar componentes de visión de desarrollo de los pueblos indígenas interesados en: educación, salud y deportes; seguridad y soberanía alimentaria y nutrición; aprovechamiento sostenible de recursos naturales; integración, transporte y comunicación; gestión territorial; y otros.
Identificación de impactos de las actividades de desarrollo integral y de la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. En el marco de la información otorgada y con relación a la finalidad del proceso de consulta, los miembros de la brigada, de manera conjunta a los asistentes de la asamblea o reunión, procederán a identificar con los pueblos indígenas interesados los impactos de las actividades de desarrollo integral y de la construcción de la carretera Villa Tunari -San Ignacio de Moxos.
Analizarán los impactos negativos y positivos
Deliberación. En el marco de la finalidad del proceso de consulta y la identificación de los elementos y componentes de los anteriores puntos, los pueblos indígenas interesados deliberarán sobre los siguientes aspectos: intangibilidad del área protegida, idea de proyecto de carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, medidas de salvaguarda, así como las medidas destinadas a la prohibición y desalojo de asentamientos ilegales y otros aspectos en el marco del alcance de la ley N. 222 que los pueblos indígenas interesados consideren necesarios.
Construcción de acuerdos. En el marco de la buena fe y confianza mutua, los sujetos de la consulta, pueblos indígenas interesados y los representantes del Estado establecerán acuerdos concertados en la comunidad, que serán remitidos al comité de acompañamiento para su consideración.
Firma de actas de acuerdos. Después de haber identificado los puntos de acuerdos concertados, los sujetos de la consulta, pueblos indígenas interesados y los representantes del Estado, firmarán las actas correspondientes, que deberán recoger las reservas respecto a los acuerdos concertados con la comunidad. Al acuerdo se adjuntarán los documentos de respaldo que se consideren necesarios.
Informe final del proceso de consulta previa. Las entidades estatales responsables de la consulta elaborarán el Informe final de la realización del proceso de consulta y de los acuerdos.
Cumplimiento de acuerdos. Los acuerdos concertados establecidos en el acta serán de cumplimiento obligatorio para los pueblos indígenas interesados y el Estado Plurinacional
Para saber
– ¿Quiénes la realizan?
El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, es responsable de llevar adelante el proceso de consulta
– ¿Cuáles son las entidades de observación y acompañamiento?
El Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), es el que se encarga de observar y acompañar el proceso de consulta.
- ¿Quiénes pueden ser veedores de esta consulta?
Los organismos relacionados con la temática de la consulta y derechos humanos que sean invitados por el Estado Plurinacional de Bolivia en coordinación con los sujetos de la consulta.