Se modifica el proyecto de ley de extinción de dominio patrimonial. La norma se aplicará en Bolivia a quienes tengan denuncias por contrabando, enriquecimiento ilícito, narcotráfico o corrupción.
AUTORIDAD. El ministro de Gobierno, Carlos Romero. La Prensa
El Ministro de Gobierno dijo que ley no será aplicada de manera indiscriminada.
Ley de Extinción de Dominio a Favor del Estado será aplicada a las personas sobre las que pesen acusaciones en su contra y se les siga procesos por narcotráfico o corrupción, afirmó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
LA APLICACIÓN. La autoridad dijo que “la Ley de Extinción de Dominio a Favor del Estado se aplicará a quienes tengan denuncias por contrabando, enriquecimiento ilícito, narcotráfico o corrupción; o sea no será aplicada indiscriminadamente a cualquier persona de quien se sospecha que pueda haber acumulado los bienes de manera ilegal o por que exista algún indicio. Se aplicará en contra de las personas que ya estén encausadas por estos delitos y no afectará a los bienes aliados, sino a aquellos que no puedan demostrar su adquisición”.
La autoridad presentó el proyecto de ley el 29 de agosto y se remitió el miércoles pasado a la Asamblea para que sea analizada por la comisión de Justicia Plural y posteriormente debatida por el pleno.
LOS PLAZOS. La norma establece plazos para que una persona, acusada de corrupción, enriquecimiento ilícito o narcotráfico, demuestre la procedencia de su dinero o la legalidad de sus productos.
Con relación a la norma, el diputado oficialista Roberto Rojas mencionó que “en caso de incautación de bienes, la persona tendrá cinco días para demostrar con qué dinero copró sus casas bajo la presunción de inocencia. Si no llegara a demostrar la procedencia del dinero o la legalidad de los productos internados, se procederá a la monetización de esos bienes que pasarán al Tesoro General del Estado”, para beneficio de todos los bolivianos.
La revisión de los documentos de los sindicados por corrupción y enriquecimiento ilícito será realizada por la Procuraduría del Estado, establece el proyecto.
La Prensa – 7/09/2012