La Comisión de Ética de Diputados suspendió por 3 meses y sin goce de haberes a la parlamentaria cruceña Adriana Gil, del opositor CN; también hay demanda contra la líder feminista María Galindo. Ministro Quintana y senador Isaac Ávalos insultan pero no hay proceso
Piden suspender a diputada por llamar mentiroso a Evo
Decisión. El plenario debe aceptar o rechazar el informe de la Comisión de Ética. Hay demanda contra María Galindo. Quintana e Isaac Ávalos insultan pero no hay proceso.
Parlamentaria. La cruceña Adriana Gil señala que buscan sacarla de la carrera política y afirma que la acusación es falsa
El Deber, Santa Cruz
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La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados decidió suspender por tres meses y sin goce de haberes a la parlamentaria cruceña Adriana Gil, del opositor CN, por calificar de mentiroso y desleal al presidente Evo Morales en un programa televisivo de la Red Uno, cuando respondía a una entrevista sobre la movilización en defensa del Tipnis. El caso será remitido al plenario, para su aprobación o rechazo.
El proceso en contra de Gil se conoció el mismo día en que el asesor jurídico de la Vicepresidencia del Estado, Israel Campero, presentó una demanda penal contra María Galindo, activista de la agrupación Mujeres Creando, que lideró una protesta el martes en la que pintarrajearon las paredes del edificio estatal con mensajes por el primer año de la represión contra los indígenas en la localidad de Chaparina.
El abogado de la Vicepresidencia manifestó que la señora Galindo, incurrió en el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional, establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Penal vigente, por tanto debe haber sanción a los autores, cómplices o instigadores del delito.
Por su lado, el proceso por discriminación contra la diputada Gil en la Comisión de Ética, dominada por el MAS, lo inició el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas. El hecho sucedió el 7 de febrero y el fallo se conoció ayer.
“Se me está acusando de una forma alevosa y tramposa de algo que no he cometido. Me están suspendiendo por una mentira, una calumnia, de una manera muy abusiva. Ellos (el MAS) están buscando mi alejamiento definitivo porque no quieren que haga oposición”, cuestionó Gil.
Al respecto, el diputado masista Galo Silvestre Bonifaz dijo que participó en la misma entrevista y que Gil se refirió de forma maleducada y grosera contra la investidura del presidente por eso acudió como testigo a la Comisión de Ética.
Consultado sobre el tema, el también diputado opositor Tomás Monasterio, de CN, se solidarizó con Gil y dijo que cualquiera que haga notar los errores del Gobierno es perseguido, pero recriminó que no sucede lo mismo cuando un funcionario del Ejecutivo agrede a un adversario político o a un ciudadano común.
Mencionó como ejemplo al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que el martes calificó públicamente al titular de la subcentral Tipnis, Rafael Vargas, como peón del gobernador Rubén Costas. También citó el caso del senador masista Isaac Ávalos, que describió al expresidente cívico Luis Núñez como viejo y pelón, pero no hay procesos.
La decisión de la Comisión de Ética en contra de la diputada Gil se conoció justo cuando el expresidente Jorge Quiroga visitó al representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Denis Racicot, para solicitar que agilice las investigaciones por persecución política del Gobierno contra líderes de oposición y contra los medios de comunicación.
“Hay un amedrentamiento a los líderes nacionales, regionales y locales que no comulgamos con el Gobierno y, a su vez, un amedrentamiento sistemático a los medios de comunicación independientes, para lograr los fines, que son no recibir críticas, no ser fiscalizados, no ser informados como población boliviana de todos los hechos malos que pueden ocurrir y creo que es central en democracia que el equilibrio opositor puede expresar sin ser perseguido”, dijo Quiroga.
Denuncia por cuestionar la sucesión
Las ministras y viceministras del Ejecutivo denunciaron actitudes sexistas y discriminatorias de algunos líderes y legisladores opositores, además de algunos analistas políticos que cuestionaron la sucesión constitucional de la presidenta en ejercicio, Gabriela Montaño, del MAS.
En conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, leyó la denuncia firmada por las ministras y viceministras que demandan una "sanción ejemplarizadora" contra quienes manifestaron su afán de desestabilizar al Gobierno y crear una sensación de inseguridad e incertidumbre.
La ministra de Transparencia informó de que la denuncia será remitida a las comisiones de ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa para que asuman las acciones que correspondan contra las personas que emitieron ‘criterios sediciosos’.
Por otro lado, la organización de mujeres Juana Azurduy de Padilla repudió la agresión del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, contra la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, el sábado durante la celebración de del 202.º aniversario de la gesta libertaria cruceña. /ABI.
Es para silenciar a la oposición
Ricardo Paz Ballivián | Politólogo
Se trata de un abuso más a los que nos tiene acostumbrado el esquema de poder del Ejecutivo y del Legislativo del Estado. Es un desvarío político que no tiene que ver con asuntos legales. Dicho de otra manera, se trata de una ‘vendetta’ para escarmentar a una diputada y atemorizar al resto de su bancada. Sirve para sentar precedente. Mantener a la oposición en un ambiente tenso y con temor.
Es para silenciar a la oposición. Ese es el sentido. No nos extraña porque es parte del esquema de amedrentamiento que utiliza el Gobierno. También es para atemorizar a la gente. La suspensión de la diputada y la orden de detención contra María Galindo, de Mujeres Creando, tienen un punto en común: los atropellos a la libertad de expresión. Existen normas que prevén límites a manifestaciones o protestas. Pero para confiar en estos mecanismos legales deben existir en esencia jueces imparciales y que se cumplan los debidos procesos.
Lo que se viene a partir de estos hechos es más de lo mismo. El amedrentamiento y el abuso estatal van a continuar. La única forma que tienen los ciudadanos es denunciar, no cansarse y ratificar su voluntad de no ser silenciados. Cuando no gobierna la ley sino la arbitrariedad, los ciudadanos están inermes a las formas de poder.